Un dictamen de la Contraloría General de la República abrió la posibilidad de que diputados opositores inicien una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. El órgano contralor determinó que Steinert se excedió en sus atribuciones al solicitar a la Policía de Investigaciones antecedentes sobre traslados de detectives, en su calidad de secretaria de Estado, sobre una causa que ella llevó como fiscal regional de Tarapacá, hecho que probablemente fue uno de los factores que llevaron al Presidente José Antonio Kast a pedirle la renuncia el pasado 19 de mayo.
La decisión de Contraloría, emitida tras un requerimiento del diputado Raúl Leiva (PS), reactivó el debate político en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Los legisladores opositores evaluaron posibles vías de fiscalización y sanción, que van desde una comisión investigadora hasta un libelo acusatorio contra la exsecretaria de Estado.
REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN
En un chat grupal, los diputados opositores de la comisión analizaron los pasos a seguir. Leiva planteó que una acusación constitucional es una facultad de última ratio y sugirió priorizar una comisión investigadora, pero varios diputados se inclinaron por evaluar la opción más severa. El diputado Boris Barrera (PC) cuestionó la actitud de la derecha: «La derecha ha presentado acusaciones constitucionales una y otra vez diciendo que hay que defender la Constitución y las leyes. Hoy la Contraloría concluyó que la exministra Steinert actuó fuera de sus atribuciones, ¿Habrá acusación constitucional o esa opción solo aparece cuando conviene políticamente?»
Su par Luis Cuello (PC) agregó que «apoyamos la formación de una comisión investigadora y, si uno es objetivo, acá perfectamente se configura una causal de acusación constitucional». Desde el Frente Amplio, Jorge Brito señaló que los antecedentes ameritan para que Steinert «no pueda volver a ejercer en el Ministerio Público y, además, la revisión de procesos sancionatorios en su contra». El diputado Patricio Pinilla (DC) también se mostró favorable a la acusación: «Por mucho menos se acusó al exministro Grau… Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora o quizás de una nueva acusación constitucional».
La definición final quedó en manos de los cinco integrantes opositores de la comisión: Tatiana Urrutia (Frente Amplio), Patricio Pinilla (DC), Jaime Araya (Ind.-PPD), Bernardo Salinas (PC) y Raúl Leiva (PS). Al menos dos se inclinan por impulsar la acusación constitucional y un tercero está abierto a estudiarla. La exministra podría ser objeto de una acción constitucional hasta el 18 de agosto, tres meses después de abandonar el cargo.
POSTURA DEL GOBIERNO
Desde La Moneda, el ministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reconoció la labor de Steinert en el Ejecutivo y reiteró el respeto a la postura de Contraloría, pero bajó el perfil al incidente al señalar que «todos los ministros, de pronto, podemos cometer algún tipo de error». Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, evitó emitir un juicio de valor sobre el informe y valoró la gestión de su antecesora.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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