La Contraloría General de la República declaró ilegal la resolución exenta N° 2.563 de 2025 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que abrió el Registro Pesquero Artesanal y permitió el ingreso de unos 12 mil nuevos pescadores a pesquerías declaradas en estado de explotación y con régimen de cierre. El dictamen, emitido tras una solicitud de gremios como Sonapesca y representantes del sector artesanal, establece que la medida no cumplió con los requisitos legales exigidos por la Ley de Fraccionamiento Pesquero N° 21.752, aprobada por el Congreso durante el gobierno de Gabriel Boric a mediados de 2025.
CONTEXTO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
La resolución en cuestión fue firmada el 14 de noviembre de 2025 por el entonces subsecretario Julio Salas. Su objetivo era abrir el catastro formal de pescadores artesanales, que hasta ese momento estaba cerrado y en análisis de miles de solicitudes pendientes. Con la apertura, se inscribieron nuevos titulares en pesquerías como jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola.
Según el oficio de la Contraloría, el aumento de la fracción artesanal de la cuota global de captura, vinculado a la Ley de Fraccionamiento, debía contar con una consulta previa al consejo zonal y al comité de manejo correspondiente. La Subpesca no se pronunció sobre ese requisito ni acreditó su cumplimiento. Por ello, el organismo contralor determinó que “no se ajustó a derecho” la dictación de la resolución y ordenó a la entidad regularizar la situación observada.
CRÍTICA DESDE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN
El actual subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, calificó la medida adoptada por la administración anterior como una “decisión profundamente irresponsable”. Señaló que el informe de la Contraloría confirma que se abrió el registro sin el respaldo normativo correspondiente, generando expectativas en miles de pescadores artesanales. “Se pasó por encima de muchos otros pescadores que realizaron sus trámites y procesos cumpliendo las reglas vigentes y dentro del marco legal establecido”, agregó.
Urrutia concluyó que la subsecretaría cumplirá y adoptará todas las medidas instruidas por la Contraloría, asumiendo que se trata de una ilegalidad cometida por la administración anterior. La Subpesca deberá informar, en los próximos 15 días hábiles, las decisiones y medidas que se tomen al respecto.
POSICIÓN DE LOS GREMIOS
Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca, valoró la decisión del ente fiscalizador y recordó que el gremio había advertido oportunamente a la autoridad sobre la falta de facultades para abrir el registro. “No estaba facultado para hacerlo y además para abrir el registro tiene que haber un informe que demuestre que el esfuerzo es menor a la cantidad de peces que hay. Es decir, que con el número de naves que hay, cuando ellas hacen su máximo esfuerzo, queda pescado sobrante para poder capturar. En este caso tampoco existe ese informe”, afirmó.
Sandoval subrayó la gravedad de haber generado expectativas entre los nuevos inscritos, ya que ahora la decisión no corresponde. “Hay gente que está afectada directamente. O sea, está afectado el recurso, y con esta resolución, ahora afecta a la gente que le dijeron que sí y ahora no puede”. Agregó que se debe examinar la afectación concreta: cuáles operaron, cuáles no operaron y cuántas accedieron a los permisos.
El oficio de la Contraloría determinó que la dictación de la resolución no se ajustó a derecho y ordenó a la Subpesca regularizar la situación observada.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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