Corte de Apelaciones de Santiago acoge recurso de protección y deja sin efecto destitución de funcionaria municipal que viajó al extranjero durante licencia médica
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una acción de protección interpuesta por una funcionaria de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, dejando sin efecto las resoluciones que la destituyeron por haber viajado a Argentina mientras hacía uso de una licencia médica. El tribunal consideró que el acto administrativo fue arbitrario e ilegal al carecer de una motivación suficiente que justificara la aplicación de la sanción más severa del régimen disciplinario.
La funcionaria, que trabajaba hace cuatro años para la corporación y que fue catalogada en Lista 1 entre 2022 y 2024, fue notificada el 22 de septiembre de 2025 de la formulación de un cargo por infracción grave al principio de probidad administrativa. El cargo se sustentó en que, mientras se encontraba con licencia médica por un día, emitida el 6 de septiembre de 2024, viajó a Argentina ese mismo día y regresó el 9 de septiembre.
La recurrente explicó que el viernes 6 de septiembre amaneció con una fuerte cefalea y dolor abdominal, por lo que solicitó atención médica y se le otorgó reposo solo por ese día. Señaló que mantuvo reposo en su domicilio, saliendo únicamente para realizarse un examen a las 10:30 horas, y que con el transcurso de las horas decidió concretar el viaje que ya estaba pagado, pues el vuelo salía después de su jornada laboral.
Durante el sumario, la funcionaria presentó sus descargos, pero estos fueron omitidos por la autoridad, dictándose la Resolución N°168 que dispuso su destitución. El recurso de reposición presentado el 15 de octubre de 2025 fue rechazado mediante la Resolución N°242/2025, de 25 de noviembre de 2025, objeto de la acción constitucional.
LA CORPORACIÓN DEFENDIÓ LA SANCIÓN
La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina informó que el proceso duró más de cinco meses y que la sanción se ajustaba a la gravedad de la infracción. Sostuvo que la conducta acreditada constituía una infracción grave al principio de probidad administrativa, citando el Dictamen N°16.567 de 2017 de la Contraloría, que establece que cuando la infracción es grave, la sanción que corresponde es la destitución, sin que la autoridad pueda modificarla.
La recurrida negó cualquier vulneración a garantías constitucionales, señalando que obró con estricto apego a la legislación vigente y siguiendo las órdenes de la Contraloría. Advirtió además que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados.
VICIO DE FORMA EN LA RESOLUCIÓN
La Corte determinó que las resoluciones impugnadas adolecían de un vicio de forma, desde que lo mínimo que espera de un órgano que aplica una sanción es que se haga cargo de las defensas realizadas en el caso. El tribunal señaló que la autoridad asumió, sin un fundamento claro y objetivo, que la licencia fue obtenida para dar cobertura a un viaje privado, pese a que existían pruebas tendientes a demostrar que no era necesaria una licencia para ejecutar el viaje.
La sentencia citó al profesor Luis Cordero, quien sostiene que los actos administrativos están sujetos a un control de razonabilidad de la decisión, y que no basta una motivación formal, sino que se requiere una fundamentación suficiente.
FALTA DE ANÁLISIS DE PROPORCIONALIDAD
El tribunal señaló que no es correcto jurídicamente afirmar que la autoridad estaba obligada a imponer la destitución sin evaluar circunstancias atenuantes. El artículo 125 del Estatuto Administrativo dispone que la destitución procederá solo cuando los hechos vulneren gravemente el principio de probidad, lo que implica una evaluación integral de los antecedentes.
En este caso, la resolución no analizó la falta de incidencia del viaje en relación con la jornada laboral, ni ponderó la fecha de compra de los pasajes, ni consideró la documentación relativa a la atención médica real de la funcionaria ni sus excelentes calificaciones durante todo el periodo laborado.
VOTO EN CONTRA
La resolución fue acordada con el voto en contra de la abogada integrante señora Paola Herrera, quien estuvo por rechazar el recurso. Sostuvo que la conducta de hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares constituye una afectación grave a la probidad, y que la autoridad municipal actuó dentro de la esfera de sus atribuciones.
La sentencia ordenó que el funcionario competente y no inhabilitado emita una nueva resolución de término del sumario, debidamente fundada, dentro del plazo de 30 días hábiles desde la notificación del fallo.
Rol N° 26965-2025, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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