Corte de Antofagasta acoge recurso de protección y ordena a Isapre igualar cobertura de salud mental con prestaciones físicas
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso de protección presentado por un afiliado de una Isapre, ordenando a la institución de salud previsional recurrida ajustar la cobertura de las prestaciones de salud mental a las mismas condiciones que otorga para las prestaciones de salud física. La decisión se funda en la aplicación de la Ley N° 21.331, que consagra el principio de igualdad de trato entre ambos tipos de atención sanitaria.
El caso fue ingresado el 17 de abril de 2026 y resuelto el 22 de junio del mismo año. El recurrente, beneficiario del plan de salud PLE 841, denunció que la Isapre recurrida mantenía topes y bonificaciones reducidas para consultas psiquiátricas, psicológicas y hospitalizaciones psiquiátricas, en contraste con la cobertura ilimitada y superior que ofrecía para patologías físicas.
Según el escrito del recurrente, la bonificación para consulta psiquiátrica y psicológica tenía un tope anual de 4,70 UF, mientras que la consulta médica física tenía un tope de 1,14 UF pero sin tope anual. Asimismo, las prestaciones hospitalarias en salud mental tenían un tope de 34,50 UF anuales, frente a las de salud física que no presentaban tope anual. Esta diferencia, a juicio del actor, constituía un acto arbitrario e ilegal que vulneraba las garantías constitucionales del derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la protección a la salud y la propiedad.
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA
El fallo de la Corte se basa en la Ley N° 21.331, sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención a la salud mental, que en su artículo 3 letra g) establece el principio de «mismo trato» entre prestaciones de salud mental y física. La norma señala que la aplicación de la ley se regirá por la equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física.
Además, el artículo 9 N° 16 de la misma ley asegura a las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual el derecho a no sufrir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud. El artículo 20 N° 6 refuerza esta obligación al establecer que la atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades en relación a cobertura de prestaciones.
La Corte también consideró la Circular IF/N° 396 de la Superintendencia de Salud, dictada el 8 de noviembre de 2021, que prohíbe a las Isapres comercializar planes de salud que restrinjan la cobertura para prestaciones de salud mental, exigiendo que los topes de bonificación y los topes máximos anuales no sean menores que los establecidos para las prestaciones de salud física. Aunque la circular fijó como fecha de entrada en vigencia el 1 de marzo de 2022 para planes nuevos, el tribunal estimó que la Ley N° 21.331, por su naturaleza de orden público, rige in actum para todos los contratos de salud, incluidos los celebrados antes de esa fecha.
CONTEXTO DE SALUD PÚBLICA
El recurrente acompañó antecedentes que dan cuenta de la crisis de salud mental en Chile, citando estudios que indican que un 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte tienen origen en condiciones neuro-psiquiátricas, y que los trastornos psiquiátricos constituyen la primera causa de incapacidad transitoria entre los beneficiarios del sistema público y representan el 20,4% de los subsidios por incapacidad laboral de los cotizantes de Isapre.
Asimismo, se mencionó que la Subsecretaría de Salud Pública aumentó el presupuesto de salud mental en un 310% para 2021, destinando 18.300 millones de pesos, y que un estudio de la Superintendencia de Salud reveló que el 96,4% de los planes individuales de las Isapres abiertas consignan restricciones de cobertura para prestaciones de psiquiatría y psicología.
JURISPRUDENCIA Y NATURALEZA DEL CONTRATO DE SALUD
El fallo se alinea con criterios jurisprudenciales previos de la Corte Suprema, como la sentencia Rol N° 22.221-2021, que establece que el contrato de salud es un contrato dirigido, de orden público, y que las modificaciones al estatuto normativo que lo rige producen efecto in actum, tanto para contratos antiguos como futuros. También se invocó la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 14.043-2021, que señala que la interpretación administrativa debe ajustarse a los principios de igualdad y no discriminación.
Además, el tribunal recordó compromisos internacionales de Chile, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Poblete Vilches y otros contra Chile, que consagra el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental.
DECISIÓN
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección, declarando que la Isapre recurrida debe otorgar a las prestaciones de salud mental el mismo trato que a las prestaciones de salud física, tanto en porcentajes de bonificación como en topes de prestación y topes anuales, desde la fecha de la sentencia. La resolución ordena además notificar por correo electrónico a las partes y a la Superintendencia de Salud.
Rol N° 937-2026, Corte de Apelaciones de Antofagasta
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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