La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar los proyectos de diseño geométrico y pavimentación de la concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en sus subtramos B2, B3 y B4. El fallo, dictado el 17 de agosto de 2026, confirmó que el organismo público no acreditó de forma fehaciente que la divulgación de dichos antecedentes técnicos afectara la seguridad de la Nación, configurando así la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. Con esta decisión, la DGC deberá entregar la documentación requerida, previo tarjado de datos personales.
El conflicto se originó el 22 de marzo de 2025, cuando un particular solicitó a la DGC el envío de los proyectos de diseño geométrico, pavimentación y seguridad vial de la concesión, junto con el capítulo de Modelación de Redes de Tránsito y Evaluación Social. Mediante la Resolución Exenta DGC N° 1582, de 13 de mayo de 2025, el servicio denegó la entrega invocando la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, por estimar que la publicidad de tales antecedentes afectaría la seguridad de la Nación. Ante esta negativa, el requirente dedujo un amparo ante el Consejo para la Transparencia, el cual fue acogido parcialmente a través de la Decisión de Amparo Rol C4859-25, de 16 de octubre de 2025.
En su reclamo ante la Corte, la DGC argumentó que la concesión es la principal vía de conexión terrestre con el principal terminal aéreo del país y que constituye infraestructura crítica en los términos del artículo 32 N° 21 de la Constitución Política. Sostuvo que los planos y especificaciones técnicas contienen información sensible que, de hacerse pública, podría exponer la integridad estructural de la obra y la seguridad de sus usuarios. También alegó una contradicción en la decisión del Consejo, al ordenar la entrega de unos proyectos y rechazar el acceso a otros antecedentes como las capas georreferenciadas y la Modelación de Redes de Tránsito.
EL ESTÁNDAR DE LA CAUSAL DE RESERVA
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por el ministro suplente Pedro Maldonado Escudero y la abogada integrante Paola Herrera, estableció que las causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia deben interpretarse y aplicarse de forma restrictiva. El tribunal recordó que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha precisado que no basta la sola naturaleza de la información o la calificación que haga el órgano administrativo, sino que se exige acreditar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad del bien jurídico protegido. En este sentido, el fallo cita la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 31136-2025, de 14 de mayo de 2026, que impone un test de daño ante el Consejo para la Transparencia para justificar el perjuicio real de la divulgación.
ANÁLISIS EN CONCRETO DE LA INFORMACIÓN
El tribunal valoró que el Consejo para la Transparencia no se limitó a un examen formal de las alegaciones del órgano, sino que, haciendo uso de la facultad del artículo 26 de la Ley de Transparencia, tuvo a la vista la información controvertida. Tras su revisión en concreto, concluyó que la divulgación del Proyecto de Diseño Geométrico y del Proyecto de Pavimentación no supone un riesgo de afectación a la causal de reserva. En cambio, el mismo examen lo llevó a reservar el Proyecto de Seguridad Vial y a rechazar el amparo respecto de las capas georreferenciadas y la Modelación de Redes por inexistencia de esa información. Para la Corte, este proceder diferenciado y proporcionado evidencia una ponderación fundada y no una aplicación mecánica del principio de publicidad.
CALIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
Uno de los puntos centrales del fallo es que la calificación de la obra como infraestructura crítica, en los términos del artículo 32 N° 21 de la Constitución, no constituye por sí sola una causal de reserva. El tribunal explicó que dicho precepto, incorporado por la Ley N° 21.542, regula una atribución especial del Presidente de la República para disponer que las Fuerzas Armadas protejan la infraestructura crítica, pero no es una ley de quórum calificado que declare secreta la información relativa a tales obras. En esta línea, la Corte diferenció el caso de aquel resuelto por la Corte Suprema en el Rol N° 17133-2024, donde la reserva se sustentó en una regla objetiva de secreto contenida en el artículo 27 del Decreto Ley N° 2.859, Ley Orgánica de Gendarmería.
La Corte desestimó también la alegación de contradicción interna de la decisión reclamada. Precisó que el amparo fue rechazado respecto de las capas georreferenciadas y la Modelación de Redes por inexistencia de la información y no por razones de seguridad. En tanto, la reserva del Proyecto de Seguridad Vial confirmó que el Consejo efectuó un análisis singularizado de cada categoría. Asimismo, consideró inatingente la invocación de la decisión de amparo Rol C8491-24, pues en aquel caso lo requerido eran los planos de las instalaciones aeroportuarias mismas, situación diferente a la entrega de los proyectos de geometría y pavimentación de una vía pública cuyo trazado es perceptible por cualquier persona.
La sentencia concluyó que el Consejo para la Transparencia actuó dentro de sus atribuciones y que la DGC no demostró que la entrega de los proyectos produzca una afectación concreta a la seguridad de la Nación. Por ello, se rechazó el reclamo sin costas, por estimar que el organismo tuvo motivo plausible para litigar. El fallo fue redactado por el ministro suplente Pedro Maldonado Escudero y no firma el ministro Alejandro Rivera, por encontrarse con feriado legal.
Rol N° 921-2025 Contencioso Administrativo, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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