Corte de Apelaciones de Santiago acoge recurso de protección de la Universidad del Bío-Bío y ordena al Consejo Nacional de Educación tramitar apelación por años de acreditación
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción constitucional de protección presentada por la Universidad del Bío-Bío en contra del Consejo Nacional de Educación (CNED), dejando sin efecto el Oficio N°027/2026 que declaró inadmisible un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de acreditación institucional de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). El fallo ordena al CNED proveer la apelación «como en derecho corresponda».
El conflicto se originó cuando la CNA, mediante Resolución Exenta N°789 de junio de 2025, acreditó a la universidad por un período de cinco años. La casa de estudios presentó un recurso de reposición, que fue rechazado por la Resolución N°805 de diciembre de 2025. En contra de esta última decisión, la universidad interpuso un recurso de apelación ante el CNED, invocando el artículo 23 de la Ley N°20.129. Sin embargo, el CNED declaró inadmisible el recurso argumentando que carecía de competencia para impugnar el número de años de acreditación otorgados.
LOS ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL
La Corte realizó una interpretación sistemática del artículo 23 de la Ley N°20.129. Dicha norma establece que «la institución de educación superior afectada por las decisiones que la Comisión adopte en conformidad con lo establecido en los dos artículos precedentes, podrá apelar ante el Consejo Nacional de Educación». El punto central de la controversia era determinar a qué artículos se refería la expresión «los dos artículos precedentes».
El tribunal constató que, tras las modificaciones introducidas por la Ley N°21.091, el artículo 21 de la Ley N°20.129 fue sustituido por el artículo 19 bis y posteriormente eliminado, quedando su redacción actual como «Artículo 21.- Eliminado». En consecuencia, la remisión a «los dos artículos anteriores» no puede entenderse referida al artículo 21, sino a los artículos 20 y 22, ambos vigentes y reguladores de la acreditación institucional.
La sentencia destacó que esta interpretación es consistente con la técnica legislativa empleada, que remite a preceptos por su ubicación en el cuerpo normativo y no por su numeración original o histórica. «Verificada una modificación legal que suprime o desplaza alguno de los preceptos aludidos, la remisión debe entenderse hecha a aquellos que se encuentran actualmente vigentes conforme a la ordenación en vigor de la ley», señaló el fallo.
LA ARBITRARIEDAD DEL ACTO
Además de la ilegalidad, la Corte consideró que el acto impugnado era arbitrario. El tribunal advirtió que, en casos anteriores, el CNED había debido admitir a tramitación recursos de apelación en cumplimiento de lo resuelto por tribunales superiores, citando como ejemplo las sentencias de la Corte Suprema en los roles 14.978-2024, 217.575-2023, 21.447-2019 y 33.728-2019.
La sentencia también valoró que la decisión sobre acreditación institucional, y en particular el número de años por el que se otorga, compromete directamente el acceso de la institución a fondos y financiamiento público, becas y créditos estudiantiles, con una «entidad patrimonial, reputacional e institucional» que justifica una revisión técnica y especializada.
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES AFECTADAS
El fallo invocó las garantías del debido proceso reconocidas en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante un órgano competente consagrado en su artículo 25. La Corte estimó que privar a la recurrente de la instancia recursiva especial que la ley le reconoce resulta incompatible con estas garantías.
La acción fue interpuesta por el abogado Alberto Arévalo Romero en representación de la Universidad del Bío-Bío. El CNED fue representado por su secretaria ejecutiva, Anely Ramírez Sánchez, quien defendió la inadmisibilidad argumentando que las atribuciones del consejo son extraordinarias y acotadas, y que la Contraloría General de la República ha sostenido en dictámenes de 2010 y 2023 que el CNED no tiene competencia para conocer de este tipo de reclamaciones.
La Octava Sala estuvo integrada por el ministro Rodrigo Ignacio Schnettler Carvajal, el ministro suplente Freddy Antonio Cubillos Jofré y el abogado integrante Sebastián Adolfo Llantén Morales.
Rol N° Protección-7237-2026, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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