La Corte Suprema encendió las alertas sobre el proyecto de ley que tipifica como delito el reclutamiento de personas por parte de organizaciones criminales, al advertir que los menores de edad reclutados podrían quedar atrapados en una doble condición jurídica: ser tratados como víctimas y, al mismo tiempo, como imputados por los delitos que cometan tras su captación. En su informe al Senado, el máximo tribunal sostiene que esta situación configura un problema estructural, pues los organismos de protección quedarían obligados a hacerse cargo de quienes, en los hechos, operan como integrantes de bandas delictuales.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional y fue remitido por el Senado a la Corte Suprema para que emitiera su informe. La iniciativa fue presentada por los senadores Paulina Núñez, de RN; Paulina Vodanovic, del PS; Karim Bianchi; Iván Moreira, de la UDI, y Gastón Saavedra, del PS. La propuesta busca modificar el Código Penal para incorporar una nueva figura penal contra el reclutamiento criminal, con penas que van desde los tres años y un día hasta los diez años de presidio para quienes capturen o incorporen personas a organizaciones criminales.
LA SANCIÓN SEGÚN LA EDAD DE LA VÍCTIMA
El texto legal establece un aumento de la pena hasta quince años de presidio cuando la persona reclutada sea menor de catorce años. Además, contempla agravantes específicas para los casos en que el reclutamiento se realice mediante violencia, amenazas, engaño, entrega de dinero, suministro de drogas o provisión de armas. De esta forma, la iniciativa busca castigar con mayor severidad las conductas de captación que utilizan mecanismos de coacción o aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas.
Sin embargo, uno de los puntos más discutidos del proyecto es la cláusula que permite mantener la calidad de víctima aun cuando la persona reclutada haya cometido delitos con posterioridad a su incorporación a la organización criminal. El boletín señala, en términos textuales, que la circunstancia de que la persona reclutada hubiera intervenido posteriormente en hechos punibles no impedirá que pueda ser considerada víctima. Esa disposición es la que generó el reparo de fondo en la Corte Suprema.
LA CRÍTICA ESTRUCTURAL DEL MÁXIMO TRIBUNAL
Para la Corte Suprema, esta doble condición produce una tensión difícil de resolver en la práctica. Si un menor es reclutado y luego comete delitos como parte de la banda, debería ser tratado como víctima para efectos de protección, pero también como imputado en un proceso penal. El informe del máximo tribunal avizora un problema estructural: los órganos encargados de la protección de menores tendrían que hacerse cargo de sujetos que, en la práctica, forman parte de organizaciones criminales y que pueden representar un riesgo para los propios dispositivos de resguardo.
La observación de la Corte Suprema pone sobre la mesa una discusión que trasciende la mera técnica penal. No se trata solo de determinar si el reclutamiento debe ser sancionado, sino de definir qué ocurre con los menores que, después de ser captados, se convierten en agentes activos de la actividad delictiva. La norma, tal como está redactada, obligaría a los sistemas de protección a intervenir en un escenario para el que no fueron diseñados, según advierte el máximo tribunal.
El informe se suma así al debate legislativo de una iniciativa que busca cerrar un vacío en el ordenamiento jurídico chileno, donde el reclutamiento criminal no está tipificado de manera autónoma. La propuesta apunta a perseguir a quienes utilizan a personas, especialmente menores, como engranaje de bandas organizadas. Pero la observación de la Suprema introduce un matiz relevante: la calidad de víctima no puede ser automática ni absoluta cuando el reclutado ha pasado a integrar activamente la organización y a cometer delitos.
La decisión final dependerá del avance del proyecto en el Senado y de las modificaciones que se introduzcan para resolver la objeción planteada. Por ahora, el máximo tribunal dejó constancia de que el diseño normativo vigente presenta fisuras que podrían generar contradicciones en la aplicación de la ley. El desafío del legislador será precisar los límites entre la condición de víctima y la responsabilidad penal de quienes, aun siendo reclutados, terminan ejerciendo conductas delictivas dentro de la estructura criminal.
El proyecto sigue en tramitación y la discusión queda abierta a partir del informe de la Corte Suprema, que deberá ser considerado por la comisión respectiva del Senado al momento de revisar la iniciativa.
Fuente: Emol
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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