La Corte Suprema acogió los reclamos de ilegalidad presentados por las sociedades reclamantes contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dejando sin efecto la Resolución Exenta N°12.118, de 20 de diciembre de 2024, que había revocado la autorización de existencia de la administradora de fondos y designado un liquidador. El máximo tribunal determinó que la medida adoptada por la CMF constituía una sanción administrativa, la que fue impuesta sin tramitar el procedimiento sancionatorio formal que exige la ley.
En su fallo, la Tercera Sala concluyó que la revocación de la autorización de existencia, fundada en la verificación de infracciones graves y en la imputación de una administración manifiestamente negligente, implica un juicio de responsabilidad que solo puede materializarse como resultado de un proceso con formulación de cargos y pleno derecho a defensa. La decisión revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había rechazado los reclamos en noviembre de 2025.
LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA MEDIDA
El fallo de la Corte Suprema realiza una distinción conceptual clave entre las facultades de fiscalización de la CMF y el ejercicio de su potestad sancionadora. Mientras la fiscalización se orienta a verificar el cumplimiento normativo, prevenir riesgos y corregir desviaciones, la potestad sancionadora tiene naturaleza punitiva e implica la imposición de una consecuencia jurídica desfavorable frente a una infracción determinada.
Según el máximo tribunal, la revocación de la autorización de existencia de la administradora no se condice con una medida provisional o preventiva como las contempladas en los numerales 12 y 13 del artículo 20 de la Ley N°21.000. Por el contrario, la medida se identifica con un castigo que solo puede imponerse como resultado de un procedimiento sancionatorio formal, con formulación de cargos, bilateralidad de la audiencia y ejercicio pleno del derecho de defensa.
LOS HECHOS DEL CASO
La controversia se originó tras un proceso de fiscalización desarrollado por la CMF durante 2024 sobre la administradora de fondos. El 6 de septiembre de 2024 culminó la reunión de cierre de la auditoría, que incluyó la revisión del Fondo de Inversión Sartor Táctico y otros fondos con foco en deuda privada. Se detectaron observaciones sobre conflictos de interés, descalces de liquidez, políticas de valorización e inversiones en instrumentos emitidos por personas relacionadas.
Estas observaciones fueron formalizadas mediante oficio reservado en noviembre de 2024. Tras las respuestas de la compañía, la CMF dictó resoluciones que suspendieron los aportes y luego los rescates de los fondos administrados. Finalmente, el 19 de diciembre de 2024, el Consejo de la CMF acordó revocar la autorización de existencia de la administradora, decisión formalizada al día siguiente a través de la Resolución Exenta N°12.118.
UN HECHO POSTERIOR RELEVANTE
La Corte Suprema consideró un dato relevante para reforzar su conclusión: con posterioridad a la revocación aquí impugnada, la propia CMF decidió abrir un procedimiento administrativo sancionatorio formal contra la reclamante, que culminó con la misma medida de revocación mediante la Resolución Exenta N°11.869, de 13 de noviembre de 2025.
Para los ministros, la apertura de este procedimiento sancionatorio posterior confirma que la decisión inicialmente adoptada en diciembre de 2024 no correspondía a una medida de policía administrativa, sino a una sanción administrativa impuesta sin las garantías exigidas por el ordenamiento jurídico.
LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA FISCAL
El Consejo de Defensa del Estado había defendido la actuación de la CMF, argumentando que el Consejo actuó conforme a las atribuciones de los numerales 12 y 13 del artículo 20 de la Ley N°21.000, sumado al artículo 19 de la Ley N°20.712. Sostuvo que la medida fue decretada en ejercicio de las facultades de supervisión y resguardo del interés público financiero, y que la resolución recurrida explícitaba de manera íntegra y adecuada la normativa aplicable.
Además, la defensa fiscal señaló que existía un grave riesgo para los aportes de los fondos administrados, al detectarse que los recursos estaban invertidos en instrumentos de deuda emitidos por personas vinculadas a los directores y accionistas mayoritarios de la administradora. Se mencionó el caso del FIP Deuda Privada, que mantenía cerca de veinte mil millones de pesos invertidos en sociedades relacionadas, correspondiente al 42% de la cartera de ese fondo.
LA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA
La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió los reclamos de ilegalidad, dejando sin efecto la Resolución Exenta N°12.118. El fallo precisa que la constatación del vicio referido es suficiente para acoger la impugnación, resultando innecesario pronunciarse sobre las restantes ilegalidades denunciadas, relativas a defectos de motivación y vulneración del principio de proporcionalidad.
La sentencia concluye que la CMF incurrió en ilegalidad al revocar la autorización de existencia de la administradora sin haber tramitado el procedimiento sancionatorio formal que exigía la naturaleza de la medida adoptada, vulnerando con ello las garantías esenciales del debido proceso administrativo. El tribunal precisó que la decisión no obsta a las actuaciones y procedimientos posteriores instruidos por la CMF en la causa sancionatoria correspondiente.
Rol N°53.811-2025, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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