Corte Suprema revoca fallo y convalida expulsión de alumno que agredió con fierro con tornillos: la ley Aula Segura prevalece incluso si el colegio no escuchó al estudiante antes de sancionar
La Tercera Sala de la Corte Suprema revocó por unanimidad la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua que había acogido un recurso de protección en favor de un estudiante de primer año medio expulsado de la Escuela Premilitar Lautaro de Olivar, en la región de O’Higgins. El máximo tribunal declaró que la medida de expulsión fue legal y no arbitraria, al ajustarse a las hipótesis de la Ley 21.128, conocida como Ley Aula Segura, y al Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento. Con este fallo, la Corte Suprema fija un criterio relevante sobre los límites de la potestad disciplinaria escolar frente a conductas de extrema gravedad.
El caso se originó el 26 de marzo de 2026, cuando el alumno agredió físicamente a un compañero de tercer año medio. Según los antecedentes del fallo, el estudiante le propinó un golpe de puño en la nuca de forma sorpresiva a la salida del establecimiento. Luego de ser separado por otros alumnos, regresó al paradero de locomoción portando un fierro metálico de aproximadamente un metro de largo, con tornillos sobresalientes atornillados en sus extremos, con el que intentó agredir nuevamente a la víctima, siendo contenido por otros estudiantes y por el brigadier inspector del colegio.
LOS HECHOS Y LA ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS
El establecimiento activó sus protocolos de convivencia escolar al día siguiente. Se recopilaron declaraciones del brigadier inspector, de la Jefa de UTP, del subdirector y de estudiantes testigos. El consejo extraordinario de profesores se realizó el 28 de marzo. La apoderada del alumno concurrió voluntariamente al colegio, reconoció la gravedad de los hechos y la existencia del fierro metálico. El lunes 30 de marzo, se le comunicó la decisión de expulsión, informándole su derecho a apelar dentro de cinco días hábiles. La apoderada optó por no ejercer la reconsideración y acudió a la Superintendencia de Educación.
LA DECISIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES
La Corte de Apelaciones de Rancagua, mediante sentencia del 15 de mayo de 2026, acogió el recurso de protección. El tribunal de alzada consideró que la expulsión se adoptó sin un procedimiento racional y justo, pues el estudiante no fue oído antes de la sanción. Los ministros de la Corte de Rancagua sostuvieron que la circunstancia de que el establecimiento hubiera convocado al alumno para formular descargos después de la expulsión no subsanaba la ilegalidad. En su fallo, ordenaron dejar sin efecto la expulsión y retrotraer el procedimiento disciplinario, otorgando una instancia de descargos previa.
EL CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA
La Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Adelita Inés Ravanales Arriagada, Jean Pierre Matus Acuña, Gonzalo Enrique Ruz Lartiga y los abogados integrantes José Miguel Valdivia Olivares y Andrea Paola Ruiz Rosas, revocó la decisión de la Corte de Rancagua. El voto de mayoría estableció que la conducta del estudiante configuraba las hipótesis de agresión física y porte de armas o artefactos peligrosos que la ley define como actos que afectan gravemente la convivencia escolar. El máximo tribunal argumentó que el legislador, mediante la Ley Aula Segura, determinó que siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar las agresiones físicas que produzcan lesiones y el uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios.
La Corte Suprema destacó que, con base en los antecedentes, la conducta del estudiante se encuentra expresamente tipificada como falta gravísima en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento, lo que habilitó a la directora para decidir la expulsión. Agregó que la elección de una sanción disciplinaria dentro del catálogo del reglamento interno se inserta en el proyecto formativo del colegio. De este modo, el tribunal descartó la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, señalando que la decisión se incluye dentro de la autonomía que se reconoce a los establecimientos educacionales para llevar a cabo su proyecto educativo.
El fallo también se refirió a la facultad del director de suspender como medida cautelar a los estudiantes que hubieren incurrido en faltas graves o gravísimas, estableciendo que la imposición de la suspensión no puede ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa, como la expulsión.
SIGNIFICADO DEL FALLO
Con esta decisión, la Corte Suprema consolida un criterio jurisprudencial que refuerza la aplicación de la Ley Aula Segura en casos de violencia escolar extrema. El fallo establece que, en conductas que la propia ley califica como de afectación grave a la convivencia escolar, el procedimiento disciplinario puede ser expedito y la sanción de expulsión puede ser aplicada incluso si el estudiante no fue formalmente oído antes de la decisión, siempre que el establecimiento haya actuado dentro del marco normativo y reglamentario. Este criterio limita el alcance de las garantías procedimentales frente a conductas que ponen en riesgo la seguridad e integridad de la comunidad educativa.
La sentencia es un precedente relevante para todos los establecimientos educacionales del país, que ahora tienen un respaldo jurisprudencial para aplicar sanciones severas en casos de agresiones con armas, sin que la omisión de la audiencia previa al alumno sea, por sí sola, un vicio que invalide la medida.
ROL Y TRIBUNAL
Rol N°31.878-2026, Corte Suprema de Chile (Tercera Sala); Rol I. Corte 789-2026, Corte de Apelaciones de Rancagua.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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