Corte Suprema confirma rechazo de amparo económico a extractores de áridos en San Felipe
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el rechazo de un recurso de amparo económico presentado por dos empresas contra la Municipalidad de San Felipe, por la negativa a otorgar permisos para la extracción de áridos. El fallo, del 19 de junio de 2026, ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que desestimó la acción al considerar que las recurrentes no cumplían con las condiciones legales básicas para ejercer la actividad.
Las empresas recurrentes -Inversiones Santa Mónica Limitada y Áridos Córdova Limitada- acusaron al municipio de una omisión ilegal y arbitraria al no dar respuesta a sus solicitudes de patente municipal provisoria para desarrollar la extracción de áridos en la comuna. Sostuvieron que, al cumplir con los requisitos legales, la negativa vulneraba su derecho a desarrollar una actividad económica, garantizado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución.
En su informe, la Municipalidad de San Felipe detalló que las empresas operaban sin los permisos requeridos y que existían múltiples decretos de clausura en su contra. El primero data de 2017 y el más reciente fue notificado en junio de 2025, mediante el Decreto Exento N° 3.039, por infracción a la Ordenanza Local N° 67, que regula la extracción de áridos en la comuna.
EL DERECHO A EMPRENDER CON LÍMITES
El tribunal de alzada recordó que el recurso de amparo económico, regulado en la Ley N° 18.971, protege el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, pero bajo una condición indispensable: que se ejerza respetando las normas legales que la regulan. Este límite está expresamente establecido en el inciso primero del artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental.
En el caso concreto, la Corte Suprema consideró que las recurrentes no cumplían con ese presupuesto. Según los antecedentes del municipio, Inversiones Santa Mónica Limitada extrajo aproximadamente 50 mil metros cúbicos de áridos en un terreno privado de uso agrícola, sin contar con los permisos municipales ni ambientales correspondientes. La actividad se desarrollaba en el lecho del río Aconcagua, dentro de un bien nacional de uso público, sin autorización de la Dirección de Obras Hidráulicas.
Además, el municipio informó que se había rechazado la solicitud de extracción mediante el Ordinario N° 2.635, de diciembre de 2023, por tratarse de un suelo agrícola, incompatible con la actividad industrial según el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se exigió a las empresas someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que no ocurrió.
AUSENCIA DE OMISIÓN ILEGAL
La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en su fallo del 4 de junio de 2026, ya había descartado que existiera una omisión ilegal. El tribunal señaló que las recurrentes no lograron acreditar el contenido de las supuestas solicitudes no respondidas, ya que los correos electrónicos presentados como prueba no contenían los archivos adjuntos. Incluso, se detectó un correo que no fue enviado por un error en la casilla.
El fallo de primera instancia también destacó que el único acto acreditado fue el rechazo formal a la solicitud de extracción de áridos, decisión que no adolecía de ilegalidad. La conducta omisiva que se denunciaba simplemente no fue establecida en el proceso.
LA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA
Con estos antecedentes, la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Jean Pierre Matus Acuña, Gonzalo Enrique Ruz Lártiga, la ministra suplente Eliana Victoria Quezada Muñoz y los abogados integrantes Pía Verena Tavolari G. y Raúl Patricio Fuentes M., confirmó íntegramente la sentencia de la Corte de Valparaíso.
El fallo sostuvo que el derecho protegido por la acción de amparo económico no ampara a quienes ejercen una actividad económica sin observar las normas legales que la regulan. En este caso, las empresas realizaban extracción de áridos sin concesión, sin permiso municipal y sin evaluación ambiental, lo que hace improcedente la protección constitucional.
El tribunal concluyó que el recurso no podía ser admitido, manteniendo la decisión de rechazo. La sentencia fue dictada el 19 de junio de 2026 y se registró el mismo día en el Estado Diario.
Rol N° 34.281-2026 (Corte Suprema); Amparo N° 1056-2026 (Corte de Apelaciones de Valparaíso)
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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