Corte Suprema revoca fallo y rechaza entrega de fármaco de alto costo a menor con atrofia muscular: el conflicto entre cobertura sanitaria y derecho a la vida
La Tercera Sala de la Corte Suprema, en una decisión dividida, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que había ordenado al sistema de salud público costear y suministrar el medicamento Risdiplam a un menor de seis años diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal tipo III. Por tres votos contra dos, el máximo tribunal declaró que la negativa de las instituciones recurridas no fue ilegal ni arbitraria, al no estar el fármaco incorporado en los mecanismos de financiamiento público definidos por la ley.
El fallo de primera instancia, dictado el 28 de abril de 2026 por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, había acogido la acción de protección interpuesta en favor del niño. En esa resolución, el tribunal de alzada ordenó al Hospital de Puerto Montt, al Servicio de Salud del Reloncaví y al Fondo Nacional de Salud (FONASA) realizar las gestiones para la adquisición y suministro del medicamento, en la dosis indicada por el médico tratante, mientras fuera prescrito por el equipo médico. El fallo de primera instancia consideró que la negativa era arbitraria y amenazaba el derecho a la vida y a la integridad física del menor, garantizado en el artículo 19 N°1 de la Constitución, y descartó que la inexistencia de un riesgo vital inminente fuera un argumento válido para postergar el tratamiento.
Sin embargo, la Corte Suprema revocó esa decisión. La mayoría de la Sala, compuesta por los Ministros Jean Pierre Matus, Omar Antonio Astudillo y el Abogado Integrante José Miguel Valdivia, estableció que la cobertura del medicamento Risdiplam no se encuentra contemplada en las Garantías Explícitas en Salud (GES) ni en los programas extraordinarios de la Ley N°20.850, que crea el sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo. Para el tribunal, la decisión de no incluirlo es una política pública sanitaria legítima, basada en parámetros objetivos y técnicos, que busca priorizar recursos limitados para atender al mayor número de casos posibles, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud desde 2016.
La mayoría agregó que conceder el medicamento por la vía judicial generaría una discriminación injusta tanto para otros pacientes que padecen la misma patología pero no han accionado, como para los laboratorios farmacéuticos que comercializan productos similares. En ese sentido, descartó la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley. Además, la sentencia sostuvo que no existen antecedentes suficientes para acreditar un riesgo vital actual e inminente para el menor, y que el informe neurológico acompañado no basta para llegar a esa conclusión.
VOTO EN CONTRA Y DISIDENCIA SOBRE EL DERECHO A LA VIDA
El fallo contó con el voto en contra de la Ministra Adelita Inés Ravanales y de la Abogada Integrante Andrea Paola Ruiz, quienes estuvieron por confirmar la sentencia apelada. Para la disidencia, el informe del neuropediatra Patricio Lacaux Uribe, de 18 de agosto de 2025, es concluyente al señalar que, de no recibir la medicación, la enfermedad tendrá un curso fatal inminente. Las ministras disidentes argumentaron que las consideraciones administrativas y económicas no pueden prevalecer cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona, derecho de mayor rango en el ordenamiento jurídico, especialmente tratándose de un menor de edad con protección reforzada.
La decisión de la Corte Suprema se produce en un contexto donde los tribunales de justicia son cada vez más requeridos para resolver conflictos entre la falta de cobertura financiera de fármacos de alto costo y la garantía del derecho a la salud. La controversia refleja una tensión recurrente entre las políticas públicas de salud, diseñadas para asignar recursos escasos, y las acciones individuales que buscan acceso a tratamientos no priorizados.
El caso se originó cuando el Hospital de Puerto Montt, en septiembre de 2025, negó la entrega del Risdiplam por no estar incorporado en su arsenal farmacológico. El menor había sido diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las motoneuronas y lleva a la parálisis muscular. El fármaco, aprobado por la FDA, la EMA y el Instituto de Salud Pública, había sido prescrito por el neuropediatra tratante.
Rol 25.919-2026, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
