Corte Suprema rechaza recursos de paciente que demandó al Hospital San Borja Arriarán por presunta falta de servicio tras cirugía de columna
La Tercera Sala de la Corte Suprema desestimó los recursos de casación en la forma y en el fondo presentados por un paciente en contra del Hospital Clínico San Borja Arriarán, confirmando el fallo que rechazó su demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. El demandante acusaba una serie de irregularidades en su tratamiento quirúrgico, incluyendo la reprogramación de la operación en tres ocasiones y una presunta negligencia al no instalar tornillos de anclaje durante la primera intervención, lo que habría derivado en una tercera cirugía correctiva y una severa discapacidad. Sin embargo, el máximo tribunal consideró que no se acreditaron los hechos fundantes de la falta de servicio.
El caso se originó en una demanda presentada por el paciente, quien alegó que el hospital incumplió la Garantía Explícita de Oportunidad establecida en la Ley N°19.966 (Ley GES), al demorar injustificadamente su derivación a un segundo prestador. Además, sostuvo que su cirugía fue postergada sin justificación en tres fechas distintas entre noviembre de 2013 y marzo de 2014, y que durante la operación finalmente realizada el 24 de marzo de 2014, los cirujanos decidieron no colocar tornillos pediculares para fijar las placas intersomáticas insertadas, lo que obligó a una nueva intervención para corregir la omisión.
LA FALTA DE PREPARACION DEL RECURSO DE FORMA
En el análisis del recurso de casación en la forma, fundado en la causal del artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil, la Corte Suprema detectó un defecto procesal insalvable. El tribunal recordó que, conforme al artículo 769 del mismo código, para que un recurso de nulidad formal sea admisible, la parte que lo entabla debe haber reclamado previamente el vicio en todas las instancias. En este caso, la sentencia impugnada era meramente confirmatoria de la de primera instancia, por lo que el vicio denunciado ya existía en el fallo de primer grado. Sin embargo, el demandante solo apeló de esa sentencia sin interponer en su contra el recurso de casación en la forma, omitiendo así la preparación necesaria.
Aun si se salvara ese obstáculo, el tribunal agregó que el fallo recurrido sí contenía las consideraciones de hecho y de derecho que sustentan su decisión. Los jueces de mérito argumentaron que no se acreditó la reprogramación de la cirugía y que, incluso de haber existido, ello no constituye por sí solo una falta de servicio si no se prueba que fue arbitraria. Respecto al síndrome de “Espalda Fallida”, la sentencia reconoció el mal resultado médico, pero concluyó que este no demuestra una infracción a la lex artis, y que, dado el carácter técnico del asunto, era indispensable un peritaje experto que el demandante no suministró. La Corte concluyó que lo que subyace es una discrepancia con la valoración de la prueba, materia ajena al control de la nulidad formal.
INFRACCIONES SUSTANCIALES DESESTIMADAS
En cuanto al recurso de casación en el fondo, el demandante denunció la infracción del artículo 4 letra c) de la Ley N°19.966, argumentando que la derivación a un segundo prestador no exime de responsabilidad al hospital por la demora. También acusó la vulneración del artículo 1698 del Código Civil, relativo a la carga de la prueba, sosteniendo que se le exigió acreditar los motivos de la suspensión de las cirugías y la infracción a la lex artis, cuando correspondía al hospital probar que actuó con diligencia.
La Corte Suprema desestimó ambos argumentos. En primer lugar, respecto a la garantía de oportunidad, el tribunal recordó que es un hecho asentado que la derivación del paciente a la Clínica Dávila se verificó dentro del plazo respectivo, descartando la falta de servicio en ese punto. En segundo lugar, en cuanto a la carga de la prueba, la sentencia distinguió dos aspectos. Sobre las reprogramaciones, señaló que los jueces no le exigieron al demandante justificar esas postergaciones, sino que le requirieron probar la efectividad de las tres reprogramaciones que adujo en su demanda, lo cual no se logró, recayendo la carga probatoria en quien formulas las aseveraciones.
En lo relativo a la decisión médica de no colocar los tornillos, la Corte invocó el artículo 38 de la Ley N°19.966, que establece que el particular debe acreditar que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano, mediando falta de servicio. Dado que la decisión correspondió a los facultativos expertos, la acreditación de que esa decisión causó los daños recaía en el actor, por lo que no se verificó el yerro acusado.
El fallo fue redactado por la Abogada Integrante Sra. Fabiola Lathrop, y contó con una prevención de los ministros Sr. Ruz y el Abogado Integrante Sr. Ferrada, quienes, además, estimaron que el libelo era defectuoso por no denunciar como infringida la norma decisoria litis del asunto, el artículo 38 de la Ley N°19.966.
Rol N° 33.492-2024, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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