Corte Suprema mantiene condenas por tráfico de ketamina en Coyhaique y rechaza recursos de nulidad que buscaban recalificar los hechos como consumo personal
La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas de cuatro acusados condenados por el delito consumado de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, previsto en el artículo 4 de la Ley 20.000. La sentencia de primera instancia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, impuso penas de 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 10 UTM para dos de los imputados, y de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y multa de 10 UTM para los otros dos. El fallo confirmado estableció que los hechos ocurrieron la madrugada del 29 de agosto de 2025 en la comuna de Coyhaique, donde los acusados se desplazaban en un vehículo que huyó de un control policial y terminó colisionando. Al interior del automóvil se encontraron 18,86 gramos de ketamina, esparcidos en el habitáculo, junto a 70 bolsas pequeñas tipo Ziploc y cinco teléfonos celulares.
LOS ARGUMENTOS DE LAS DEFENSAS Y LA RESPUESTA DEL TRIBUNAL
Las defensas plantearon diversas causales de nulidad, centradas principalmente en una supuesta errónea calificación de los hechos. Argumentaron que la cantidad de droga y las circunstancias del hallazgo no eran suficientes para acreditar una finalidad de tráfico, y que, por el contrario, los antecedentes eran compatibles con la hipótesis de consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, que correspondería a la falta del artículo 50 de la Ley 20.000.
Sin embargo, la Corte Suprema, en su resolución, validó el razonamiento del tribunal de instancia. El fallo destaca que la cantidad de ketamina incautada equivalía a más de 45 dosis, según la declaración de un funcionario experto en la ley 20.000. Incluso bajo la tesis defensiva de que solo tres de los ocupantes consumían, cada uno habría tenido aproximadamente 15 dosis (6,28 gramos), una cantidad que la Corte califica como incompatible con un consumo inmediato. A esto se suma el hallazgo de las 70 bolsas Ziploc. Si bien la defensa cuestionó la falta de análisis químico de cada bolsa y la ausencia de una pesa gramera, la Corte consideró que estos elementos no neutralizan su valor indiciario. El tribunal también valoró la discordancia entre el valor de mercado de la droga (no inferior a $700.000) y el monto que los acusados habrían reunido para su compra, lo que debilita la explicación de un «carrete» colectivo.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y DEBIDA MOTIVACIÓN
Uno de los recursos impugnó la sentencia por vulnerar el principio de congruencia, consagrado en el artículo 341 del Código Procesal Penal. La defensa del conductor del vehículo argumentó que la acusación fiscal situaba a todos en posesión conjunta, pero la sentencia construyó su participación sobre una conducta distinta: el transporte vehicular consciente de quienes sí poseían la droga. La Corte desestimó esta alegación. Razonó que la denuncia no se refería a la incorporación de hechos desconocidos, sino a la calificación jurídica de la conducta a través del verbo rector «transportar» en lugar de «poseer». La Corte concluyó que esto no implica una alteración de las circunstancias esenciales de la imputación, que siempre fueron conocidas por el acusado y su defensa.
Otra línea de impugnación se basó en una supuesta infracción al deber de motivación de la sentencia (artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal). Los recurrentes alegaron que el tribunal construyó la condena a partir de indicios que carecían de respaldo probatorio suficiente. La Corte, no obstante, consideró que el recurso se limitaba a proponer supuestos fácticos diversos y una ponderación probatoria distinta a la de los jueces de fondo, sin indicar concretamente cómo el fallo incumplía el imperativo legal. La sentencia de la Corte destaca que los razonamientos del tribunal de instancia contienen un detallado aquilatamiento del caudal probatorio.
VOTO EN CONTRA Y DISIDENCIA
El fallo de la Corte Suprema no fue unánime. Los Ministros Sres. Llanos y Zepeda votaron en contra y estuvieron por acoger la causal de errónea aplicación del derecho. En su disidencia, argumentaron que los hechos establecidos no permiten configurar, por sí mismos, el delito del artículo 4 de la Ley 20.000. Señalaron que no se sumaron elementos probatorios sobre la conducta de tráfico, como la dosificación de la droga para la venta, transacciones con terceros o la existencia de implementos propios de un comercializador. Para estos ministros, los antecedentes solo permitían tipificar la falta del artículo 50 de la misma ley, de porte de sustancia ilícita para consumo personal y próximo en el tiempo. La mayoría de la sala, sin embargo, prevaleció con el criterio contrario.
Rol N° 26879-2026, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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