Corte Suprema revoca prisión preventiva de mujer madre de cuatro hijos y ordena su libertad inmediata
La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado en favor de una mujer imputada, madre de cuatro hijos, y dejó sin efecto la prisión preventiva que había sido decretada en su contra por la Corte de Apelaciones de San Miguel. En su lugar, el máximo tribunal confirmó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional que originalmente había dispuesto el 15° Juzgado de Garantía de Santiago. La decisión, adoptada el 2 de julio de 2026, se fundó en la falta de fundamentación de la resolución de segunda instancia y en la ausencia de análisis de las condiciones de vulnerabilidad de la amparada.
EL CASO
El 15 de mayo de 2026, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud del Ministerio Público de decretar la prisión preventiva de la imputada. El tribunal de primera instancia consideró que la amparada era madre cuidadora de cuatro hijos y que había transcurrido un tiempo significativo desde su última condena, por lo que estimó más proporcionado imponer medidas cautelares de menor intensidad, como el arresto domiciliario total y el arraigo nacional.
El Ministerio Público apeló esta decisión ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal que revocó lo resuelto y decretó la prisión preventiva de la mujer. La defensa de la imputada recurrió entonces de amparo ante la Corte Suprema, alegando que la resolución de segunda instancia carecía de fundamentación suficiente y no había considerado las especiales circunstancias de vulnerabilidad de su representada.
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN
La Corte Suprema, al analizar el recurso, constató que la magistratura de segundo grado no había señalado nada en torno a las circunstancias de especial vulnerabilidad de la imputada, ni había explicitado las razones por las cuales otras medidas cautelares menos lesivas para su libertad personal no resultarían igualmente idóneas y necesarias para satisfacer los fines del proceso.
El máximo tribunal sostuvo que la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel se limitó a aludir a consideraciones de carácter genérico, sin atender a las particularidades de la amparada ni a las alegaciones de su defensa. Por ello, concluyó que se trataba de una fundamentación meramente formal que no explicaba la restricción a la libertad personal, tornándola ilegal.
VULNERABILIDAD DE LA AMPARADA
La Segunda Sala destacó que en el caso concurrían múltiples categorías de vulnerabilidad, al tratarse de una mujer madre de cuatro hijos. Para sustentar su decisión, el tribunal invocó normativa internacional, entre ella la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará).
Asimismo, la Corte hizo referencia a las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), en particular la Regla 57, que establece la necesidad de elaborar medidas alternativas a la prisión preventiva y la condena, concebidas específicamente para mujeres delincuentes, teniendo presente su historial de victimización y sus responsabilidades de cuidado de otras personas.
DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA
Por estas consideraciones, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada de 9 de junio de 2026, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N°2418-2026, y acogió el recurso de amparo. En consecuencia, dejó sin efecto la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en sus autos Rol 1603-2026, que había decretado la prisión preventiva, y confirmó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional impuestas por el 15° Juzgado de Garantía.
El fallo dispuso la inmediata libertad de la amparada, si no estuviere privada de ella por otra causa.
VOTO EN CONTRA
La decisión fue acordada con el voto en contra de la ministra María Cristina Gajardo Harboe, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada. La ministra disidente consideró que lo impugnado era una sentencia de segundo grado dictada en ejercicio de facultades jurisdiccionales propias, cuya revisión se intentaba nuevamente a través de la acción de amparo ante un tribunal de igual jerarquía, lo que a su juicio transgredía las reglas de competencia contenidas en el Código Orgánico de Tribunales y se apartaba de la finalidad y objeto de la acción constitucional.
Rol N° 34.564-2026, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
