Corte Suprema revoca fallo y rechaza recurso de protección contra Servicio Nacional de Migraciones por demora administrativa
La Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia de primera instancia y rechazó un recurso de protección interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones, al considerar que la demora en resolver un recurso administrativo no constituye una actuación arbitraria ni ilegal que vulnere garantías constitucionales. El fallo unánime establece que el plazo de seis meses contemplado en la ley no es fatal y que la Administración debe pronunciarse en un plazo razonable.
El caso se originó por la omisión del Servicio Nacional de Migraciones al no pronunciarse sobre un recurso administrativo presentado por el recurrente. Según la acción constitucional, esta demora afectaba el derecho a la vida e integridad física y síquica, pues se le mantiene en un estado de permanente angustia y desesperación al no poder ejercer prácticamente ningún derecho constitucional, habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880.
En su fallo de primera instancia, la corte de apelaciones respectiva había acogido la acción de protección. Sin embargo, la Corte Suprema revocó íntegramente esa decisión al analizar los antecedentes del caso.
LOS REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN
El máximo tribunal recordó que la acción constitucional de protección procede ante una actuación arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe un derecho protegido por la Carta Fundamental. Para su procedencia, resulta indispensable no solo la existencia de un derecho cierto y determinado por parte de quien ejerce la acción, sino también un actuar arbitrario del recurrido que amague y vulnere tal derecho.
De no existir este perjuicio o amenaza, no se configuran los presupuestos que ameritan la adopción de medidas urgentes de cautela, que es el objetivo de esta vía excepcional. La cuestión a resolver, según la sentencia, era si la demora del Servicio Nacional de Migraciones afectaba los derechos del recurrente.
EL PROCEDIMIENTO UNIFORME DEL SERVICIO
La Sala constató que, si bien el Servicio recurrido no se había pronunciado sobre la impugnación administrativa al menos a la fecha de interposición del recurso de protección, resultó acreditado que tal requerimiento se encontraba sometido a un procedimiento uniforme y previamente establecido por el órgano para el conocimiento, tramitación y resolución del mismo.
Este punto fue clave para la decisión final, ya que desvirtuó la existencia de una actuación arbitraria por parte de la autoridad migratoria.
EL PLAZO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY N° 19.880
Respecto a la supuesta transgresión del artículo 27 de la Ley N° 19.880, al haber transcurrido más de seis meses sin que el Servicio emitiera pronunciamiento, la Corte Suprema aclaró el sentido de su propia jurisprudencia. Señaló que lo dicho por este tribunal en relación a ese plazo es que el mismo no es fatal, y que la norma debe interpretarse en el sentido de que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable.
En este sentido, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios.
LA DECISIÓN FINAL
Habiéndose acreditado que la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debía a la tramitación de un procedimiento reglado que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado los derechos denunciados por el recurrente ni siquiera en grado de amenaza, la Corte Suprema resolvió revocar lo resuelto y desestimar la acción.
Sin embargo, el fallo advierte que el Servicio recurrido deberá emitir pronunciamiento en un plazo razonable, manteniendo así la obligación administrativa de resolver dentro de un tiempo prudente, aunque no necesariamente dentro del plazo de seis meses señalado en la ley.
El pronunciamiento fue adoptado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Omar Astudillo C., Sr. Gonzalo Ruz L. y los Abogados Integrantes Sra. María Angélica Benavides C. y Sr. Álvaro Vidal O.
Rol N° 56.622-2025, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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