El pulso de tensión que marcó la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se inició la tramitación de la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo para ampliar la retención de migrantes irregulares, derivó en un intenso cruce entre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y los diputados de la oposición. La iniciativa, anunciada por el Presidente José Antonio Kast el pasado 7 de junio desde el Complejo Fronterizo de Chacalluta en Arica, busca aumentar de cinco a un máximo de 180 días el plazo de detención administrativa de migrantes en situación irregular que hayan cometido delitos menores, con el objetivo de asegurar la efectividad de dichas expulsiones.
EL PROYECTO Y SUS ALCANCES
La reforma constitucional propone modificar la Constitución Política de la República para flexibilizar los plazos durante los cuales los migrantes en situación irregular que hayan cometido delitos menores puedan permanecer detenidos. Actualmente, el límite es de cinco días. El Ejecutivo propone extenderlo a 60 días, con posibilidad de dos prórrogas de igual duración, alcanzando así un máximo de 180 días. En su presentación ante la comisión, el ministro Rabat explicó que la medida busca asegurar la efectividad de las expulsiones administrativas, y destacó la experiencia comparada de países europeos como Alemania, Italia, España y Francia, donde los plazos de retención son superiores.
LOS PRIMEROS REPAROS DE LA OPOSICIÓN
Las críticas no se hicieron esperar. El diputado José Montalva, independiente del PPD, fue el primero en objetar, respaldado por la diputada Lorena Fries del Frente Amplio. Ambos señalaron que, si bien en los países europeos los plazos de detención son más extensos, esas legislaciones contemplan condiciones impuestas por un juez para evitar vulneraciones de derechos humanos, elementos que no están incluidos en el proyecto del Ejecutivo chileno.
Un tono más confrontacional adquirió la intervención del diputado Marcos Barraza, del Partido Comunista, quien comparó la conducción migratoria del Presidente Kast con la del mandatario estadounidense. Barraza afirmó que se está transitando hacia una sociedad de perseguidos y enemigos internos, con una conducción presidencial que se asemeja a la de Donald Trump. El ministro Rabat respondió de inmediato, aclarando que no se trata de reclusión ni de penas, sino de una detención administrativa, figura contemplada en diversas disposiciones de la legislación chilena, particularmente en el ámbito penal. Además, precisó que no se está hablando de cárceles, porque estas son para cumplir condenas, mientras que aquí se trata de una detención administrativa.
EL CUESTIONAMIENTO TÉCNICO DE LA NORMA
Otro reparo sustantivo provino del diputado socialista Marcos Ilabaca. Durante su intervención, reclamó ser interrumpido por el ministro Rabat y centró su crítica en la redacción del artículo que modifica la Constitución. Ilabaca acusó que la norma genera un amarre al establecer que la ley fijará un plazo máximo que no podrá ser inferior a cinco días ni superior a 60 días corridos, renovables por otros 60. Según el diputado, esto amarra constitucionalmente la renovación a 60 días, sin permitir un margen de flexibilidad que proteja efectivamente la libertad personal.
LA DEFENSA DESDE LA REPÚBLICA
No obstante, la reforma también encontró defensores. El diputado republicano Luis Sánchez respaldó la iniciativa y la comparación con la experiencia europea. Señaló que durante mucho tiempo Chile ha tenido una normativa excesivamente generosa con quienes ingresan ilegalmente al país, y destacó que el Parlamento Europeo acaba de aprobar modificaciones a la política de retorno de ciudadanos a terceros países, estableciendo incluso la posibilidad de centros de detención en terceros países y un plazo máximo de detención de dos años.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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