La oposición chilena enfrenta un escenario parlamentario fragmentado, donde cinco materias legislativas están poniendo a prueba su capacidad de coordinación. Mientras sus dirigentes buscan mostrar unidad, proyectos como la megarreforma tributaria, la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y las modificaciones a la Ley Naín-Retamal revelan profundas divisiones internas. Estos conflictos, que cruzan al Socialismo Democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, amenazan con debilitar su influencia en el Congreso.
MEGARREFORMA A LA SALA
El proyecto de reconstrucción tributaria llegará la próxima semana a la Sala del Senado. La comisión de Hacienda ya aprobó la idea de legislar con tres votos del oficialismo y dos en contra de parlamentarias socialistas. Hasta ahora la izquierda no ha logrado incidir en el debate, pese a sus reparos. Un borrador alternativo propone medidas como la exención de contribuciones solo para propietarios de bajos ingresos, el levantamiento acotado del secreto bancario para grandes contribuyentes y un sistema tributario desintegrado con impuesto a la distribución de dividendos. También plantea fortalecer el Fondo Común Municipal y acordar una nueva ley de rentas municipales.
Los partidos opositores no descartan recurrir al Tribunal Constitucional. El diputado Jaime Mulet ya anunció un requerimiento por invariabilidad tributaria, calificando el proyecto de «inconstitucional». Sin embargo, se espera que la iniciativa avance con votos de sectores de la oposición, como el senador Pedro Araya y posiblemente Ricardo Celis. La verdadera prueba será la votación en particular, donde partidos como el PS y el PPD podrían negociar, mientras el FA y el PC se mantendrían firmes.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL A GRAU
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau también divide al sector. Aunque el Frente Amplio lo defiende y muchos consideran el libelo sin fundamentos, preocupa que parlamentarios de la oposición lo apoyen. Diputados como René Alinco y Felipe Camaño podrían votar a favor, y tres legisladores del Partido Liberal pidieron libertad de acción. La directiva del Partido Liberal desestimó la solicitud, exigiendo el rechazo del libelo.
OFENSIVA CONTRA QUIROZ
Como posible represalia, algunos ven la amenaza de una acusación constitucional contra el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La propuesta fue lanzada por el diputado Juan Santana, con respaldo de los comunistas Luis Cuello y Daniela Serrano, basada en recortes presupuestarios en salud y educación. Santana argumentó que se han agotado otras herramientas fiscalizadoras. Sin embargo, el jefe de bancada de diputados PS, Raúl Leiva, cuestionó la viabilidad jurídica del libelo, señalando que una disensión política no justifica la acusación.
LEY NAÍN-RETAMAL
Las modificaciones propuestas por el PC a la Ley Naín-Retamal han evidenciado las mayores divisiones. La iniciativa generó críticas del Socialismo Democrático, no solo por el contenido sino por el momento político. El timonel del PPD, Raúl Soto, expresó su «decepción» por los «complejos ideológicos» del PC y parte del FA en seguridad. El presidente comunista, Lautaro Carmona, defendió la coherencia del proyecto con el respeto a los derechos humanos y la prevención en movilizaciones sociales. La presidenta del FA, Constanza Martínez, pidió un plan de seguridad concreto y dejar de discutir «monos de paja».
REGISTRO DE VÁNDALOS
Otra iniciativa que divide es el proyecto gubernamental de registro de vándalos e incivilidades. Los comunistas lo rechazan por considerarlo «clasista» y una «lista negra», según el diputado Luis Cuello. En cambio, diputados del PS, DC y PPD lo ven con buenos ojos, pero advierten que necesita cambios. El diputado Marcos Ilabaca señaló que el proyecto aborda una preocupación legítima, pero presenta debilidades importantes.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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