El Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, realizó un diagnóstico crítico del sistema de justicia chileno durante una entrevista en el programa Frente Regional, transmitido por el canal Defensoría Penal Pública en Biobío Televisión. Pizarro advirtió sobre los desequilibrios que genera el crecimiento del Ministerio Público sin un aumento proporcional en la Defensoría, defendió la necesidad de un juicio justo con estándares internacionales y se refirió a casos emblemáticos como el homicidio de la familia Grolmus y el mega incendio forestal de enero de 2026.
RECORTE Y EQUILIBRIO DEL SISTEMA
Respecto del recorte presupuestario de cerca de 2 mil millones de pesos a nivel nacional, Pizarro explicó que la prestación de defensa penal está asegurada, ya que los ajustes se concentran en servicios externos como aseo, estafeta y auditorías. No obstante, el problema de fondo es que el Ministerio Público avanza con un plan de fortalecimiento institucional que considera un aumento de dotación, mientras la Defensoría Penal Pública no cuenta con recursos para crecer en la misma proporción.
Pizarro comparó el sistema de justicia con una mesa de tres patas que representan al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría. Advirtió que si una de ellas cojea, el sistema se desbalancea. En la región del Biobío, el aumento de fiscales previsto generará más ingresos de causas y sobrecarga laboral para los defensores, sin que existan plazas adicionales para cubrir esa demanda.
TESTIGOS SIN ROSTRO BAJO LA MIRA
En relación con el caso Grolmus, que comenzó su juicio oral con 37 jornadas programadas y 14 imputados representados por una sola defensora pública, Pizarro cuestionó el uso de testigos con reserva de identidad. Recordó que Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán y otros precisamente por fundar condenas en testigos sin identidad.
La legislación chilena admite la declaración de testigos protegidos, pero exige que un veredicto condenatorio no se sustente única y exclusivamente en esa fuente de información. Pizarro sostuvo que la defensa pondrá en tela de juicio la fiabilidad de esos testimonios, ya que al desconocer la identidad del declarante resulta imposible determinar sus motivaciones o eventuales intereses. El estándar, afirmó, debe ser una corroboración con otras pruebas identificables.
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE SIN ENDURECIMIENTO
Consultado sobre los debates para bajar la edad de imputabilidad o endurecer las penas a adolescentes, Pizarro se mostró contrario a cambios legislativos reactivos basados en hechos de connotación pública. Señaló que los expertos han descartado que el aumento de sanciones tenga un efecto disuasivo en los jóvenes infractores.
Recordó que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece un sistema diferenciado del de adultos, con un fin de reeducación y reinserción social, conforme a la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, la infraestructura actual no cumple ese objetivo. Mencionó el centro privativo de libertad de Coronel, cuyo estado data de los años 80 y 90, con dotaciones insuficientes y programas educacionales inadecuados.
Pizarro precisó que la criminalidad juvenil ha disminuido: hace una década representaba el 8,1 por ciento de los ingresos a nivel nacional y hoy alcanza el 4,6 por ciento. Planteó que el foco debe estar en la intervención y rehabilitación, no en el endurecimiento punitivo.
DEFENSA PÚBLICA Y LÍMITES ÉTICOS
Sobre el límite de la defensa, Pizarro enfatizó que los defensores penales públicos actúan dentro de un marco de legalidad y un código ético. No son defensores de confianza del imputado, sino asesores técnicos que velan por el respeto de las garantías constitucionales y un juicio justo, cualquiera sea el resultado final. Ese estándar incluye la posibilidad de recurrir la sentencia y que la información empleada por el tribunal sea la más fiable posible.
CRISIS CARCELARIA Y SALUD MENTAL
Pizarro alertó sobre el aumento exponencial de imputados en prisión preventiva en la región del Biobío, que pasó de 600 a 1.600 personas. Esto genera hacinamiento y sobrepoblación. Además, denunció que al menos 30 personas con enajenaciones mentales graves están privadas de libertad en recintos penitenciarios por falta de camas psiquiátricas. En la región solo hay un psiquiatra que trabaja 11 horas para evaluar a toda la población, situación que calificó como insostenible.
LECCIONES DEL CASO DEL EX DEFENSOR JEFE DE LOS ÁNGELES
Finalmente, a raíz de la destitución y formalización del ex defensor local jefe de Los Ángeles, Pizarro destacó las lecciones en materia de custodia de información y uso de sistemas informáticos. La Defensoría Penal Pública implementó un sistema de doble autenticación para acceder a los expedientes, lo que permite la trazabilidad de cada acceso. Asimismo, se fortaleció el modelo de integridad institucional, con canales de denuncia y conciencia sobre conductas constitutivas de delito.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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