El diputado de la UDI Marco Antonio Sulantay presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía Nacional para esclarecer si hubo delitos en la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La acción judicial fue construida durante las últimas semanas con el apoyo de parlamentarios de distintas bancadas, tanto del oficialismo como de la oposición.
El origen de la denuncia es el informe de la Contraloría General de la República que auditó el proceso de cierre y finanzas del evento deportivo, desarrollado durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Según Sulantay, el Instituto Nacional de Deportes es el responsable administrativo y financiero de la organización de grandes eventos deportivos y, por lo tanto, las eventuales responsabilidades deben ser determinadas por el Ministerio Público.
A la denuncia adhirieron los diputados Jorge Guzmán (Evópoli), Patricio Briones (PDG), Héctor Barría (DC), Carlos Chandía (RN), Erich Grohs (Partido Nacional Libertario), Cristián Tapia (independiente, bancada PPD), Cristian Contreras (independiente) y Andrés Celis (RN).
EL INFORME DE CONTRALORÍA
El informe de Contraloría se centra en la ejecución y rendición de recursos públicos transferidos por el IND al Comité Olímpico de Chile (COCh), en el marco del convenio de los recintos deportivos de Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos. De un total rendido de 6.499 millones de pesos, hasta junio del año pasado 6.315 millones se encontraban con reparos, es decir, su utilización no fue suficientemente acreditada.
En el documento se advierte que las observaciones del IND no fueron atendidas por el COCh en los plazos establecidos, manteniéndose pendientes de subsanar observaciones por 6.315.543.773 pesos. Los diputados buscan determinar si esas observaciones corresponden solo a deficiencias documentales o si existen desviaciones o gastos sin respaldo.
Además, el informe constató el incumplimiento de las obligaciones de uso y conservación del Centro de Entrenamiento de Béisbol y Sóftbol, y la inacción del IND para exigir al COCh un programa de administración. Eso derivó en el abandono de las obras y en sucesivos actos de vandalismo, incluido el robo del pasto sintético y de la reja perimetral.
Los denunciantes también alertan sobre deficiencias de control interno en el IND, especialmente en los procedimientos para enfrentar rendiciones observadas y requerir la restitución de fondos.
DECLARACIONES DE LOS DIPUTADOS
El diputado Briones, del PDG, señaló que se trata de miles de millones en recursos públicos que han carecido de los debidos procesos de rendición y que han dejado incertidumbre. Su par de la DC, Héctor Barría, dijo que se necesita claridad sobre el manejo de los recursos y que los traspasos de dinero deben estar seguros.
El diputado libertario Erich Grohs sostuvo que el informe de Contraloría y las conclusiones de la comisión investigadora son categóricos y que los recursos públicos no pueden quedar bajo mantos de duda, por lo que la Fiscalía debe investigar hasta determinar responsabilidades penales.
La denuncia se sustenta también en el informe de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, que sugirió irregularidades en la licitación de butacas y dudas sobre el destino del equipamiento deportivo y mobiliario.
El grupo de parlamentarios concluye que los hechos descritos no son aislados, sino que podrían reflejar un patrón sistemático de descontrol y descoordinación en el IND, con posible perjuicio al patrimonio fiscal. Por eso solicitan al Ministerio Público determinar la eventual existencia de delitos y las responsabilidades penales que correspondan.
Desde el COCh, en tanto, aclararon que la información del oficio es del 30 de junio de 2025 y que están en permanente trabajo con el IND para subsanar las observaciones administrativas, añadiendo que el proyecto está construido y ejecutado y que el compromiso del comité con el correcto uso de fondos públicos es total.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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