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El gobierno del Presidente José Antonio Kast activó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar el artículo 31 de la megarreforma, y la decisión destapó una aguda descoordinación en el comité político de La Moneda. La acción, ingresada durante el sábado con las firmas del Mandatario y de cuatro ministros, se adoptó sin que el titular de Interior, Claudio Alvarado, estuviera al tanto, pese a que había manifestado su rechazo a la medida en instancias previas.
La controversia trasciende lo administrativo: la norma impugnada obliga a las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas a reconectar gratuitamente los servicios en las zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, incluso cuando la interrupción se haya originado por falta de pago. Se trata de una disposición con alto respaldo ciudadano, lo que ha generado molestia en sectores del oficialismo y críticas desde la oposición.
EL ORIGEN DE LA NORMA
La disposición nació de una indicación parlamentaria de la diputada Sofía González, del Partido Comunista, y recibió apoyo de la oposición y de algunos parlamentarios del oficialismo. Durante la tramitación en el Senado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, formuló una reserva de constitucionalidad, anticipando su objeción.
El lunes 3 de agosto, en el comité político ampliado, Quiroz planteó la necesidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Su argumento central: la norma se aparta de la idea matriz del proyecto de megarreforma, lo que infringiría el artículo 69 de la Constitución Política. Ese mismo día, el tema se abordó en la reunión que los ministros sostuvieron horas antes con el Presidente Kast.
ARGUMENTOS EN CONTRA
En ambas ocasiones, el ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, se mostró contrario a la impugnación. Según fuentes de La Moneda, advirtió que se trataba de una acción que podía resultar impopular y que, además, corría el riesgo de fracasar en el Tribunal Constitucional.
Desde Interior explicaban que la megarreforma es una ley miscelánea, que aborda materias tan diversas como reconstrucción, crecimiento económico y permisología. Esa característica, precisamente, hacía discutible la tesis de la infracción a la idea matriz y aumentaba la incertidumbre sobre el resultado del requerimiento.
La discusión se mantuvo recluida inicialmente en el círculo de ministros. Sin embargo, este martes la situación se volvió pública y generó una nueva descoordinación en el gobierno, además de inquietud en los partidos oficialistas. En la oposición, en tanto, no tardaron en salir a cuestionar la decisión del Ejecutivo.
LA SORPRESA EN INTERIOR
Sin previo aviso, el gobierno informó que el requerimiento ya había sido ingresado durante el sábado. La acción fue suscrita por el Presidente Kast, por el propio Quiroz y por los ministros José García, de la Segpres; Ximena Rincón, de Energía, y Louis de Grange, de Obras Públicas y Transporte.
Alvarado reconoció que no estaba al tanto. Al retirarse de la Cámara de Diputados, el vocero señaló inicialmente que todas las acciones del gobierno son públicas y notorias. Pero al ser consultado por qué no informó de la decisión en su vocería del lunes, reconoció que no contaba con esa información en ese momento.
En Interior admiten que el tema los tomó desprevenidos. Aunque reconocen que la materia se conversó en diversas instancias, aseguran que nunca fueron informados de la decisión de ingresar el requerimiento. La lectura interna es que no se les notificó porque conocían la postura contraria de Alvarado y porque recurrir al Tribunal Constitucional era el único camino que quedaba para impugnar la norma.
DESDRAMATIZACIÓN OFICIAL
Desde el gobierno intentaron bajar el perfil de la controversia. El subsecretario del Interior, en conversación con 24 Horas, descartó que exista una descoordinación y sostuvo que Alvarado ha estado presente en todos los planos de la megarreforma, tanto en lo legislativo como en lo técnico y en la conducción del gabinete. Añadió que en el Congreso ocurren muchas cosas y que no siempre se está en el detalle, algo que consideró absolutamente incidental.
El ministro García, en tanto, reconoció que debió existir una comunicación interna más formal. Aclaró que no hubo intención de ocultar información y atribuyó lo ocurrido a las intensas semanas de trabajo que ha implicado la tramitación del proyecto.
MOLESTIA EN EL OFICIALISMO
Pese a la versión oficial, en los partidos gobernantes el episodio dejó huellas. El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que los presidentes de partido sí sabían de la decisión y que lo ocurrido fue un problema de coordinación interna. Señaló que él se enteró por alguien de la Segpres.
El presidente del Partido Republicano y senador, Arturo Squella, dio una versión distinta: aseguró que no integra la comisión de Hacienda y que no sentía que debiera saberlo personalmente. La diferencia de relatos evidenció que ni siquiera las colectividades oficialistas manejaban la misma información.
En el Parlamento tampoco existe unanimidad sobre la conveniencia del requerimiento. Squella, representante de Valparaíso, se declaró contrario a la impugnación. El senador Andrés Longton, de RN, también de la región, calificó lo ocurrido como una descoordinación que no puede repetirse, y sostuvo que el ministro del Interior, como jefe político y vocero, debe participar de decisiones con incidencia política y comunicacional.
En la Cámara de Diputados, la molestia se concentra en la bancada de la UDI. El diputado Hotuiti Teao, independiente de la UDI, dijo no compartir el requerimiento y recordó las dificultades de los damnificados, incluidos cobros en cuentas de la luz por viviendas inexistentes. Las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, del Partido Cristiano, lamentaron la presentación, aunque la entendieron como una facultad del Presidente frente a indicaciones que se escapan de la idea matriz del proyecto.
La crisis deja al descubierto las tensiones internas que ha generado la megarreforma, proyecto insignia del gobierno, y plantea interrogantes sobre la coordinación entre las carteras políticas y el rol de la vocería oficial en decisiones de alto impacto público.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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