Requerimiento ante el Tribunal Constitucional impugna el cobro ejecutivo de deudas CAE por parte de la Tesorería General de la República. La acción, presentada contra la aplicación de los artículos 168, 169 y 170 del Código Tributario y el artículo 18 bis de la Ley 20.027, busca frenar un procedimiento de cobranza administrativa que, según el requirente, transforma ilegítimamente un crédito educativo en una obligación tributaria. El caso, que se encuentra en plena etapa de embargo, podría definir el marco legal para la cobranza de estos créditos avalados por el Estado.
El requirente es un deudor del sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE) que enfrenta una demanda de cobranza administrativa en el Expediente N° 10070-2026 de la Tesorería Regional de Río Bueno. Según el escrito, se le notificó el 6 de abril de 2026 una deuda que asciende a un total de 24 millones 356 mil 879 pesos, distribuida en dos créditos: uno de 21 millones 743 mil 155 pesos correspondiente al Banco Itaú y otro de 2 millones 613 mil 724 pesos del Banco del Estado de Chile. El requirente argumenta que estos créditos no son tributos ni derivan de obligaciones tributarias, sino que provienen de la Ley 20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.
LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS Y LA GESTIÓN PENDIENTE
La acción de inaplicabilidad se dirige contra dos normas específicas. En primer lugar, el artículo 18 bis inciso segundo de la Ley 20.027, que establece que las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo de los títulos en que constan las obligaciones. En segundo lugar, el artículo 170 incisos primero y segundo del Código Tributario, que faculta al Tesorero Regional para despachar el mandamiento de ejecución y embargo actuando como juez sustanciador, sin que dicha resolución sea susceptible de recurso alguno.
El requirente sostiene que la aplicación de estas normas al cobro del CAE es ilegal, ya que el artículo 18 bis no hace una remisión expresa al procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias contenido en el Libro Tercero, Título V del Código Tributario. A su juicio, el crédito CAE es un crédito avalado por el Estado y no un impuesto, por lo que su cobro debería regirse por las normas del Juicio Ejecutivo de las Obligaciones de Dar del Código de Procedimiento Civil.
LA VULNERACIÓN CONSTITUCIONAL ALEGADA
El escrito argumenta que la aplicación de estas normas vulnera garantías fundamentales contempladas en el artículo 19 de la Constitución. Específicamente, el requirente alega una afectación al N° 3 sobre igual protección de la ley y debido proceso, al N° 24 sobre el derecho de propiedad y al N° 2 sobre igualdad ante la ley. Sostiene que el procedimiento tributario de cobranza es especialmente gravoso, se vale de una nómina emanada del propio aparato administrativo y reduce las posibilidades de defensa, colocándolo en una situación de desventaja arbitraria frente a otros tipos de deudores.
La defensa enfatiza que no se objeta el cobro del CAE en sí mismo, sino el mecanismo utilizado para efectuarlo. El requirente presentó la excepción de no empecer el título al ejecutado, la cual fue rechazada el 20 de abril de 2026 por la Tesorería. Se argumenta que ninguna de las excepciones del procedimiento ejecutivo del Libro V del Código Tributario es aplicable al cobro del crédito CAE. Además, la Tesorería también rechazó emitir el certificado de gestión pendiente solicitado para acompañar al requerimiento, señalando que era improcedente.
EL PRINCIPIO DE JURIDICIDAD Y LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO
Un punto central del requerimiento es la vulneración de los artículos 6 y 7 de la Constitución, que consagran el principio de juridicidad y competencia. La defensa sostiene que los órganos del Estado solo pueden actuar válidamente dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. En este caso, se acusa a la Tesorería de subsumir una deuda CAE en el estatuto del Título V del Libro III del Código Tributario, pese a que ese régimen fue establecido exclusivamente para el cobro ejecutivo de obligaciones tributarias.
El requerimiento describe que la aplicación de los artículos 168 y siguientes del Código Tributario a una deuda CAE implica un ejercicio de potestad fuera del ámbito material para el cual dichas normas fueron concebidas. La defensa subraya que no se trata de un simple error de interpretación, sino de una extensión competencial inconstitucional que desconoce el deber de sujeción estricta a la ley y a la naturaleza especial del crédito educativo.
UN RÉGIMEN ESPECIAL YA EXISTENTE PARA EL CAE
El escrito recuerda que la Ley 20.027 contempla un régimen especial para el cobro del crédito CAE. Entre sus mecanismos específicos se incluye la retención de la devolución anual de impuestos a la renta. Además, cuando la ley habilita a la Tesorería General de la República para ejercer acciones de cobranza, remite a las reglas generales de procedimiento aplicables conforme a los títulos en que consten las obligaciones. Por ello, se concluye que no procede convertir la deuda CAE en una obligación tributaria, ni habilitar automáticamente el régimen ejecutivo de los artículos 168 y siguientes.
El requirente solicita al Tribunal Constitucional que declare admisible el requerimiento y, en definitiva, que acoja la inaplicabilidad de los preceptos impugnados en la gestión pendiente, con costas si fuere procedente. Además, pide la suspensión del procedimiento administrativo de cobranza mientras se resuelve la cuestión constitucional, y solicita que se ordene a la Tesorería remitir el expediente completo al tribunal.
Rol N° 10070-2026, Tribunal Constitucional de Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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