Un grupo transversal de diputados de oposición presentó una iniciativa legal que busca impedir que el Presidente de la República, ministros y otras altas autoridades del Ejecutivo participen en debates legislativos cuando exista un conflicto de interés patrimonial directo. La propuesta, ingresada este miércoles, apunta a reforzar los estándares de probidad y transparencia en medio de la tramitación de la denominada megarreforma, que según los autores beneficia al uno por ciento más rico del país.
CONTEXTO DE LA INICIATIVA
La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, encabezó la presentación del proyecto. Lo acompañaron los diputados Jaime Mulet (FRVS), Marcos Barraza (PC), Patricio Pinilla (DC), Lorena Fries (FA), Marcos Ilabaca (PS), José Montalva (IND-PPD) y Tamara Ramírez (PDG). La parlamentaria explicó que el origen de la propuesta está directamente vinculado con el avance en el Senado de la megarreforma, proceso en el cual, a su juicio, se evidencian situaciones donde autoridades gubernamentales podrían verse favorecidas patrimonialmente al término del trámite legislativo.
Yeomans sostuvo que el ejercicio de la función pública exige anteponer el interés general de todos los chilenos por sobre cualquier beneficio personal. En esa línea, calificó como indispensable establecer reglas claras que eviten que quienes impulsan una ley terminen siendo sus principales beneficiarios directos.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA
El núcleo del proyecto consiste en una reforma constitucional destinada a prohibir que el Presidente de la República, los ministros y otras autoridades del gobierno participen en la discusión y votación de iniciativas legales en las que tengan un interés patrimonial comprometido. Los diputados firmantes consideran que la actual regulación, contenida en el artículo 8 de la Constitución, si bien establece una obligación taxativa de prioridad para las autoridades, requiere ser profundizada para evitar lagunas que permitan la judicialización o la mera administración de conflictos.
El diputado Patricio Pinilla (DC) cuestionó que existan proyectos de ley de gran debate público cuyos beneficios resultan difíciles de identificar para la ciudadanía, pero donde resulta claro que quienes los promueven sí obtendrán ganancias concretas. En ese contexto, mencionó directamente a ministras y ministros del gobierno de José Antonio Kast como potenciales favorecidos.
Por su parte, el diputado José Montalva (PPD) señaló que la propuesta busca ordenar y dar cumplimiento efectivo a lo que ya está establecido en la Carta Fundamental. Añadió que la ciudadanía debe tener la tranquilidad de que quienes legislan actúan en función del bien común y no de intereses propios, y que esta medida viene a fortalecer tanto la transparencia como la probidad en el proceso legislativo.
ALCANCE DE LA MEGARREFORMA
Los parlamentarios describieron la iniciativa en tramitación como una reforma tributaria encubierta que beneficiaría al uno por ciento más rico de la población. Según expusieron, dentro de ese grupo se encontrarían ministras y ministros del actual gobierno, quienes se verían favorecidos por medidas como la repatriación de capitales, la rebaja del impuesto de primera categoría y la liberación del pago de contribuciones.
El diputado Marcos Barraza (PC) advirtió que ninguna autoridad debería participar en la tramitación de leyes que incrementen su propio patrimonio. En su intervención, fue enfático al afirmar que la probidad exige impedir los conflictos de interés, no administrarlos. La declaración refleja la postura central del grupo impulsor, que considera insuficiente cualquier mecanismo de declaración o abstención voluntaria si no va acompañado de una prohibición expresa.
RELEVANCIA JURÍDICA
Desde una perspectiva jurídica, la propuesta apunta a reformar el artículo 8 de la Constitución, que consagra el principio de probidad como regla de actuación para todas las autoridades públicas. Los diputados sostienen que la obligación taxativa contenida en ese precepto debe ser profundizada para cubrir escenarios donde el interés particular de un alto funcionario coincide con el contenido de una ley en discusión.
El proyecto no solo plantea la inhabilidad para participar en el debate, sino que busca establecer un estándar más exigente que el actual, donde la existencia de un conflicto de interés no quede supeditada a la autoevaluación del propio involucrado. La iniciativa se enmarca dentro de una discusión más amplia sobre la necesidad de fortalecer la integridad pública en Chile.
La presentación de esta reforma constitucional ocurre en un momento en que la megarreforma avanza en el Senado, generando un intenso debate político y jurídico sobre sus alcances y beneficiarios. Los diputados de oposición esperan que la propuesta abra una discusión legislativa sobre los límites éticos en el ejercicio del poder.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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