
Diputados presentan denuncia en Fiscalía Nacional por eventuales irregularidades en la organización de Santiago 2023
Un grupo transversal de diputados presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional para esclarecer si hubo delitos en la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La acción judicial se apoya en una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó más de seis mil millones de pesos con reparos en la rendición de cuentas.
DENUNCIA CON APOYO MULTIPARTIDARIO
El diputado Marco Antonio Sulantay, de la UDI, lideró desde mediados de julio las conversaciones con parlamentarios de distintas bancadas para sumar adhesiones a la denuncia. Finalmente, la presentación fue respaldada por Jorge Guzmán (Evópoli), Patricio Briones (PDG), Héctor Barría (DC), Carlos Chandía (RN), Erich Grohs (Partido Nacional Libertario), Cristián Tapia (independiente de la bancada PPD), Cristian Contreras (independiente) y Andrés Celis (RN).
Según Sulantay, el Instituto Nacional de Deportes es el responsable administrativo y financiero en la organización de grandes eventos deportivos en Chile, por lo que «los hallazgos y acciones que determine el Ministerio Público deben recaer con todo el peso de la ley» sobre los funcionarios que hayan incumplido sus obligaciones.
MONTOS OBSERVADOS POR CONTRALORÍA
La denuncia se sustenta en el informe de Contraloría sobre la ejecución y rendición de recursos públicos transferidos por el IND al Comité Olímpico de Chile, en el marco del convenio «Recintos Deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023». El documento, publicado en diciembre de 2025, advierte que de un total rendido de 6.499 millones de pesos, unos 6.315 millones se encontraban con reparos hasta junio de ese año.
Los parlamentarios señalaron que es necesario determinar si las observaciones responden solo a deficiencias documentales o si existen «eventuales desviaciones o gastos sin respaldo» que pudieran haberse destinado a fines distintos a los acordados.
ABANDONO Y VANDALISMO EN RECINTOS
El informe de Contraloría también constató el incumplimiento de las obligaciones de uso y conservación del Centro de Entrenamiento de Béisbol y Sóftbol, así como la inacción del IND para exigir al COCh un programa de administración del recinto. Como consecuencia, se produjo el abandono de las obras y sucesivos actos de vandalismo, incluido el robo del pasto sintético y de la reja perimetral.
Además, los denunciantes señalaron deficiencias de control interno en el IND, pues la unidad de rendición de cuentas no contempla acciones específicas para verificar la autenticidad de los antecedentes asociados a cada rendición, como facturas o certificados de cumplimiento de obligaciones laborales.
La denuncia también incorpora el informe de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, que sugirió irregularidades en la licitación de butacas y expresó dudas sobre el destino del equipamiento deportivo y mobiliario utilizado durante los juegos.
RESPUESTA DEL COMITÉ OLÍMPICO
Consultado por el medio, el COCh aclaró que la información de los montos con reparos corresponde al 30 de junio de 2025 y aseguró que trabajan permanentemente con el IND para subsanar las observaciones administrativas. «El compromiso de nuestro Comité con el correcto uso de fondos públicos es total», sostuvieron.
SOLICITUD AL MINISTERIO PÚBLICO
Los diputados concluyen que los hechos descritos no son aislados, sino que podrían reflejar «un patrón sistemático de descontrol y descoordinación al interior del IND», con un posible perjuicio al patrimonio fiscal. Por ello, solicitaron al Ministerio Público determinar la eventual existencia de delitos y las responsabilidades penales correspondientes.
El diputado Briones, del PDG, lamentó que se trate de «miles de millones en recursos públicos que han carecido de los debidos procesos de rendición». En tanto, Barría, de la DC, exigió claridad y seguridad en los traspasos de dinero. Por su parte, Grohs, del Partido Nacional Libertario, afirmó que el informe de Contraloría y las conclusiones de la comisión investigadora son «categóricos» y que el deber de los parlamentarios es exigir que la Fiscalía investigue a fondo.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.







