Diputados opositores y del Partido de la Gente ingresaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar la ley Escuelas Protegidas. La acción fue presentada este miércoles por parlamentarios del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido de la Gente e independientes, luego de que la iniciativa impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast fuera aprobada en el Congreso.
El requerimiento cuestiona cuatro normas específicas que, según los legisladores, vulneran garantías constitucionales y compromisos internacionales en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
NORMAS IMPUGNADAS
Una de las disposiciones cuestionadas permite a Carabineros y la PDI inspeccionar la vestimenta y objetos personales de los alumnos en los recintos escolares sin que se requiera una orden fiscal previa. Para los requirentes, esta medida extiende a menores de edad un sistema similar al control de identidad preventivo, pero sin las garantías legales adecuadas.
También se impugna la potestad otorgada a los colegios para examinar mochilas, bolsos y otros enseres de los estudiantes a través de sus reglamentos internos. Los parlamentarios señalan que la norma carece de parámetros definidos de aplicación y de resguardos elementales para los alumnos.
Otra de las normas impugnadas obliga a prohibir prendas o adornos que fomenten, justifiquen o mencionen la violencia, drogas o actos contrarios a la ley. Los diputados argumentan que esta redacción es demasiado vaga y podría derivar en limitaciones arbitrarias a la libertad de expresión, conciencia y reunión.
Por último, el requerimiento apunta contra la imposibilidad de acceder o conservar el beneficio de gratuidad universitaria durante cinco años para quienes hayan sido condenados por ciertos delitos. Los legisladores sostienen que esto implica una doble penalización y provoca exclusión socioeconómica que atenta contra el derecho a la educación.
ARGUMENTOS LEGALES
Según los parlamentarios, las disposiciones objetadas violan instrumentos internacionales suscritos por Chile, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También vulneran principios como la igualdad ante la ley, el debido proceso, la privacidad, la libertad personal y el acceso a la educación.
El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción y evaluar si las normas impugnadas son compatibles con la Carta Fundamental.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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