DIPUTADOS PRESENTAN REQUERIMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NÚCLEO DEL PROYECTO DE LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL
Un grupo transversal de 58 diputados y diputadas de diversas bancadas presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inconstitucionalidad contra siete disposiciones del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, contenido en el boletín N° 18.216-05. La acción, ingresada en el marco del segundo trámite constitucional de la iniciativa, impugna artículos que, a juicio de los parlamentarios, vulneran de manera frontal la Constitución Política de la República en materias que van desde el régimen tributario y la protección ambiental hasta las atribuciones de los tribunales de justicia.
El requerimiento, patrocinado por los diputados requirentes, fue presentado en el plazo legal y al amparo del artículo 93 N°3 de la Constitución.
INVARIABILIDAD TRIBUTARIA POR 25 AÑOS EN LA MIRA
Uno de los puntos centrales del libelo es el artículo 29 del proyecto, que establece un denominado «estatuto de invariabilidad tributaria» para inversionistas, tanto extranjeros como nacionales que inviertan montos superiores a 50 millones de dólares. La norma, según explican los requirentes, pretende garantizar por la vía legal y mediante contratos celebrados con el Estado la mantención invariable de la legislación tributaria a favor de determinados sujetos privados por 25 años.
Los diputados sostienen que esta disposición configura un cúmulo de infracciones constitucionales que no admiten armonización con los artículos 7° inciso 2°, 4°, 5° inciso 1°, 13 inciso 2°, 15 inciso 1°, 19 N°20, 63 N°14, 65 N°1 y 127 a 129 de la Constitución Política. El reproche apunta a que se vulneraría la potestad soberana del Estado para determinar su política tributaria y se comprometería el patrimonio fiscal por décadas.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y SEGURO A INVERSIONISTAS
En segundo lugar, se impugnan los artículos 12 y 13 del proyecto, que configuran, a juicio de los requirentes y también según lo señalado por el propio Ministerio de Hacienda durante la tramitación, un estatuto de responsabilidad contractual del Estado privilegiado. Las normas establecen un mecanismo de restitución de gastos para titulares cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) sean anuladas judicialmente, creando lo que los parlamentarios califican como una especie de seguro estatal para quienes obtengan una RCA concedida por la administración, en caso de que ella sea privada de sus efectos por resolución judicial.
Los diputados argumentan que estas disposiciones vulneran los artículos 19 N°8, en relación con el bloque de constitucionalidad ambiental recogido en el artículo 5 inciso 2°, las garantías constitucionales del artículo 19 N°3, N°2 y 22, y el artículo 76 de la Constitución. La crítica se centra en que se trataría de una compensación sin base constitucional que podría afectar la independencia judicial al desincentivar la impugnación de resoluciones ambientales.
LIMITACION A LA PARTICIPACION CIUDADANA AMBIENTAL
El requerimiento también se dirige contra la frase «que no hayan sido evaluados y» del inciso 3 del literal a) del nuevo artículo 20 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que se sustituye a través del artículo 11 numeral 4) del proyecto. Esta expresión limita el derecho de reclamación de quienes no participaron en el proceso de participación ciudadana, permitiéndoles impugnar una RCA únicamente respecto de impactos que no hayan sido evaluados, excluyendo aquellos que, aun habiendo sido formalmente considerados, fueron evaluados de manera deficiente, incompleta o contraria a derecho.
Para los diputados, esta disposición configura una vulneración al derecho al debido proceso y al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrados en los artículos 19 N°3 y N°8 de la Constitución, en relación con el bloque de constitucionalidad ambiental reconocido en el artículo 5° inciso segundo.
POTESTAD CAUTELAR DE TRIBUNALES AMBIENTALES RESTRINGIDA
Otro de los artículos objetados es el numeral 5 del artículo 17 del proyecto, que limita la potestad cautelar de los Tribunales Ambientales. La norma establece que las medidas cautelares que suspendan total o parcialmente los efectos de una RCA no podrán extenderse por más de seis meses y somete la dictación de nuevas medidas cautelares a estándares excepcionales y condicionamientos adicionales.
Los requirentes sostienen que esta disposición configura un cúmulo de infracciones constitucionales que no admiten armonización con los artículos 19 N°3, 19 N°8 y 76 de la Constitución, al afectar la tutela judicial efectiva, restringir indebidamente el ejercicio de la potestad cautelar propia de la función jurisdiccional y debilitar el deber del Estado de proteger el medio ambiente.
ACUICULTURA Y PUEBLOS INDIGENAS
Finalmente, se impugnan los artículos 5 y 6 del proyecto, que modifican el régimen aplicable a las concesiones de acuicultura. Estas normas eximen a las micro-relocalizaciones del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y permiten que determinados informes técnicos indispensables para el otorgamiento de concesiones sean elaborados, por cuenta y costo del propio interesado, por terceros autorizados por la Administración.
Los diputados argumentan que estas normas configuran un cúmulo de infracciones constitucionales que no admiten armonización con el artículo 5° inciso segundo, en relación con el bloque de constitucionalidad aplicable a los derechos de los pueblos indígenas, así como con las garantías constitucionales de los artículos 19 N°2 y N°8 de la Constitución. Señalan que la relocalización de concesiones acuícolas se realizaría sin consulta indígena y sin someterse a trámite en el SEIA, afectando territorios de los pueblos kawésqar y mapuche.
TRAMITACION EXPRES Y RESERVAS DE CONSTITUCIONALIDAD
El requerimiento detalla que el proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados el 22 de abril de 2026 y despachado al Senado en solo 28 días. En el Senado, el segundo trámite constitucional transcurrió en 43 días, desde el 2 de junio hasta el 15 de julio de 2026, cuando fue despachado a la Cámara de origen para su tercer trámite, el cual se encuentra pendiente.
Durante la tramitación, se formularon numerosas reservas de constitucionalidad tanto en comisiones como en sala, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Los diputados requirentes destacan que las indicaciones presentadas para corregir los vicios constitucionales fueron rechazadas y que las observaciones no motivaron modificación alguna al texto.
El Tribunal Constitucional deberá ahora pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento y, eventualmente, sobre el fondo de las impugnaciones planteadas, en un proceso que podría definir el destino de varias de las disposiciones centrales del proyecto de ley.
Rol no identificado en la fuente, Tribunal Constitucional.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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