Tribunal Constitucional acoge parcialmente requerimiento contra Ley de Seguridad Escolar y declara inconstitucionales normas clave
El Tribunal Constitucional, en fallo del 6 de julio de 2026, se pronunció sobre dos requerimientos de inconstitucionalidad acumulados que impugnaban diversos artículos del proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, correspondiente al Boletín 18.156-04. La acción fue presentada por un grupo de diputadas, diputados, senadoras y senadores, quienes argumentaron que el texto legal vulneraba derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, particularmente el derecho a la vida privada, la reserva legal y el principio de proporcionalidad.
Los requirentes cuestionaron la constitucionalidad del artículo 1, numeral 2, que incorpora el artículo 16 J al Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2010; el artículo 2, que agrega el artículo 87 ter al Código Procesal Penal; el artículo 5, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2 de 1998 sobre subvenciones; y el artículo 6, que modifica la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior. La impugnación se centró en las facultades de revisión de mochilas y efectos personales, la intervención policial sin orden judicial, y las prohibiciones de vestimentas que impidan la identificación facial o que promuevan la violencia.
NÚCLEO DEL CONFLICTO CONSTITUCIONAL
El Tribunal debió resolver si las normas impugnadas respetaban el principio de reserva legal del artículo 19 N° 26 de la Constitución, que exige que la limitación de derechos fundamentales sea establecida por ley con suficiente densidad normativa. Los requirentes sostuvieron que el artículo 16 J entregaba a los reglamentos internos de cada establecimiento educacional la fijación de los presupuestos, límites y modalidades de una diligencia intrusiva, sin que la ley determinara con precisión los criterios para su aplicación.
Asimismo, se discutió si la norma vulneraba el derecho a la vida privada y la honra, consagrado en el artículo 19 N° 4, en relación con el artículo 16 de la Convención de Derechos del Niño, al permitir la revisión de pertenencias y la intervención policial sin orden de un fiscal y bajo supuestos amplios como «elementos potencialmente peligrosos» o «algún indicio» de un delito.
Los requirentes también argumentaron que el proyecto debió aprobarse con quórum calificado, al incidir directamente en el derecho a la vida privada y crear una nueva hipótesis de actuación policial intrusiva sobre menores.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las siguientes disposiciones del proyecto:
El inciso octavo del artículo 16 J, en la oración final que obliga a comunicar a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones el hallazgo de elementos prohibidos, por falta de proporcionalidad y por no respetar el principio de reserva legal.
El inciso noveno del artículo 16 J, en la oración final que obliga al sostenedor a comunicar los antecedentes a las policías cuando el padre, madre o apoderado no concurra, por las mismas razones.
El artículo 2, que incorpora el artículo 87 ter al Código Procesal Penal, por permitir el registro de vestimentas y efectos personales sin orden de un fiscal, lo que el Tribunal consideró una injerencia desproporcionada en la vida privada de los estudiantes.
El artículo 5, en sus numerales 1 y 2, que imponen prohibiciones de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial o que hagan apología de la violencia, por delegar en los reglamentos internos la definición de conceptos abiertos como «promover» o «hacer apología», sin parámetros objetivos.
El artículo 6, en sus numerales 1 y 2, que establecen inhabilidades y la pérdida del beneficio de gratuidad para estudiantes condenados por delitos contra la propiedad cometidos en establecimientos educacionales, por considerar que la medida es desproporcionada y afecta el derecho a la educación.
En su razonamiento, el Tribunal aplicó un test de proporcionalidad, concluyendo que si bien las normas persiguen un fin legítimo cual es resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa, las medidas no superan el escrutinio de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, al existir mecanismos menos lesivos.
IMPACTO Y ALCANCE
La sentencia del Tribunal Constitucional representa un importante límite a la facultad del legislador para restringir derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Al declarar inconstitucionales las normas que permitían la intervención policial sin orden judicial y la revisión de pertenencias sin una regulación precisa, el Tribunal reafirma la vigencia del principio de reserva legal y la protección del interés superior del niño.
La decisión obligará al Poder Legislativo a rediseñar las normas impugnadas, si desea mantener objetivos de seguridad escolar, pero deberá hacerlo con respeto a las garantías constitucionales. En particular, cualquier nueva regulación deberá establecer con claridad los presupuestos, límites y modalidades de las medidas restrictivas de derechos, y deberá asegurar la proporcionalidad de las sanciones.
La sentencia también envía una señal sobre la necesidad de que las leyes que afectan derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes sean tramitadas con la debida deliberación, más aún cuando se aplica un régimen de urgencias que reduce el debate parlamentario.
Rol N° 17.651-2026 y N° 17.653-2026 (acumulados), Tribunal Constitucional.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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