El gobierno del Presidente José Antonio Kast desató una fuerte controversia política al presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra una norma que obliga a las empresas de servicios básicos a reconectar gratuitamente a las familias damnificadas por los incendios. La decisión fue calificada como inhumana por la oposición y también generó reparos dentro del propio oficialismo, además de evidenciar una aparente descoordinación al interior del gabinete.
El escrito, ingresado el sábado pasado, impugna el artículo 31 de la iniciativa gubernamental, disposición que establece que las distribuidoras de agua potable, electricidad y gas deben restablecer los suministros en las zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, incluso cuando el corte se haya producido por falta de pago. La norma fue visada tanto por la Cámara como por el Senado.
Junto al Mandatario firman el requerimiento los ministros José García, Jorge Quiroz, Ximena Rincón y Louis de Grange. En el libelo se argumenta que la disposición no guarda relación directa con las ideas matrices del proyecto, lo que infringiría el artículo 69 de la Constitución.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó la presentación y aseguró que afecta directamente a quienes hoy están privados de servicios esenciales. Señaló, además, que el país enfrenta nuevos focos de temporales en el norte, por lo que la medida llega en un momento especialmente delicado.
Desde la misma tienda, el diputado José Antonio Rivas calificó la impugnación de miserable. A su juicio, resultan inaceptable que el gobierno recurra al Tribunal Constitucional contra una norma básica de compromiso del Estado con quienes han vivido una tragedia.
El senador Iván Flores (DC) manifestó que la presentación demuestra una desconexión total con lo que ocurre en las regiones y con el daño que han sufrido las personas por los incendios. Su par democratacristiana, Yasna Provoste, catalogó la decisión del Ejecutivo como una falta de humanidad y contrastó la actitud del gobierno con la disposición mostrada por distintas empresas.
Provoste, jefa del Comité Unido, puso como ejemplo a la empresa sanitaria de la región de Atacama, que anunció la suspensión de cobros en las comunas de Huasco y Freirina hasta septiembre. Esa conducta, dijo, contrasta radicalmente con negar a los chilenos que viven una catástrofe la posibilidad de conexión de los servicios básicos.
La jefa de la bancada de diputados PPD-independientes, Andrea Parra, también expresó su rechazo. Como parlamentaria de una de las zonas afectadas por el último temporal, manifestó que le parece de una inhumanidad muy profunda que no se entienda que en situaciones de catástrofe no deben aplicarse normas propias de tiempos normales. Agregó que impugnar la disposición por no ajustarse a las ideas matrices es una decisión particular, considerando que la mega reforma es una suerte de tutti frutti que reúne normas muy diversas.
VOZ DISIDENTE EN EL OFICIALISMO
Las críticas no se limitaron a la oposición. El diputado Hotuiti Teao, independiente de la UDI, rechazó que se haya acudido al Tribunal Constitucional, porque en situaciones de esta magnitud siempre se debe poner en primer lugar a las personas.
Teao, legislador por Valparaíso, recordó que durante dos años le pidieron al gobierno anterior que se preocupara de reponer los servicios básicos esenciales a miles de familias que lo perdieron todo, pero el expresidente Boric hizo oídos sordos. En una catástrofe, sostuvo, la prioridad tiene que ser facilitar la recuperación de los afectados y entregarles todas las herramientas posibles para volver a ponerse de pie.
A su juicio, la norma impugnada busca entregar un alivio concreto a las familias, permitiéndoles recuperar la luz, el agua y el gas sin asumir un costo adicional en un momento especialmente complejo. Por eso, dijo, es una decisión difícil de compartir.
POLÉMICA POR ALVARADO
Uno de los episodios más sorpresivos fue la declaración del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien admitió que cuando dio su vocería el lunes no estaba enterado de que el requerimiento había ingresado el sábado. El secretario de Estado señaló que era una información con la que no contaba en ese momento.
La senadora Vodanovic sostuvo que hay que tener respeto por la institucionalidad, pero calificó como grave que el jefe de gabinete no supiera lo que hace otro ministro o lo que están haciendo otras dependencias. Remarcó que será el propio Alvarado quien deberá dar explicaciones sobre por qué el gobierno no quiere una norma que permita la pronta reposición de servicios básicos cuando a la gente le cortan la luz o el agua en medio de catástrofes.
Iván Flores calificó el episodio como un bochorno total, al tratarse del coordinador legal de todos los ministros que no se entera de lo que firmó el Presidente de la República. Andrea Parra, en tanto, habló de un desorden al interior del gobierno y recordó que ni siquiera se han puesto de acuerdo respecto del reemplazo de la exministra Sedini.
El diputado Ignacio Achurra (Frente Amplio) afirmó que el gobierno vive un caos comunicacional, con una vocería inexistente y una evidente incapacidad para entregar información a la ciudadanía y establecer diálogo con los medios. Daniel Manouchehri (PS) planteó dos tesis: que el ministro del Interior está mintiendo, lo que sería muy grave, o que efectivamente no sabe lo que hace su gobierno en una materia tan importante, lo que lo convertiría en un ministro de utilería.
En medio de las críticas, el senador Rojo Edwards (Republicanos) salió en defensa de Alvarado y llamó a no ser tan liviano con los cuestionamientos. Destacó su labor como ministro y rechazó las peticiones de remoción que, dijo, no tienen ninguna razón de ser.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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