
Ejecutivo se apura para ajustar la ley de seguridad municipal que rige desde este miércoles
A menos de 24 horas de que entre en vigencia la Ley de Seguridad Municipal, el Gobierno corre contra el reloj para que el Congreso despache esta semana un proyecto exprés que corrija varias deficiencias detectadas por los propios municipios. La iniciativa, publicada en febrero en el Diario Oficial, parte de su implementación este miércoles 12 de agosto y ya presenta nudos prácticos que amenazan con dejar sin herramientas a los equipos comunales.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se mostró confiado en que la tramitación legislativa culmine dentro de los próximos días. Tras participar en una sesión en Valparaíso, el secretario de Estado explicó que los cambios apuntan a resolver problemas concretos que los alcaldes advirtieron una vez conocida la letra de la ley, especialmente en materia de requisitos para los funcionarios y el uso de vehículos municipales.
MODIFICACIONES EXPRÉS
Según Arrau, uno de los principales escollos es la exigencia de que los funcionarios municipales cuenten con licencia especial, porque los vehículos de las comunas pasan a ser considerados vehículos de emergencia o requieren certificaciones específicas cuya obtención demanda demasiado tiempo. Ese tipo de trabas hace inviable una aplicación inmediata de la normativa tal como fue redactada.
El ministro reconoció que se trata de ajustes transitorios y que probablemente no serán los últimos. La ley, dijo, es una normativa profunda que convierte a los funcionarios de seguridad municipal en coadyuvantes de la función policial, un cambio estructural que inevitablemente requerirá correcciones sucesivas durante su puesta en marcha.
Arrau agradeció a la comisión que ha sesionado con rapidez y expresó su deseo de que el proyecto pase pronto al Senado y se convierta en ley dentro de esta misma semana. También pidió que los servicios involucrados actúen con el criterio necesario para adaptarse a los períodos transitorios, mientras se resuelve la situación legislativa.
El titular de Seguridad enfatizó que la norma entrega nuevas atribuciones a los municipios, lo que explica la necesidad de mayores recursos y nuevas plantas. Por eso, subrayó, la iniciativa en tramitación contempla ampliar la capacidad de contratación bajo el Código del Trabajo. Ante la inquietud de los alcaldes por no poder operar sin estos cambios, Arrau llamó a la tranquilidad y dijo esperar que mañana todos los funcionarios municipales y policiales sigan realizando sus labores con normalidad.
ADVERTENCIAS DESDE EL CONGRESO
La presidenta de la comisión de Gobierno Interior, Joanna Pérez, recordó que los parlamentarios ya habían alertado sobre la necesidad de modificaciones antes de la entrada en vigencia, junto a los alcaldes. La diputada de Demócratas valoró que el Gobierno haya ingresado un proyecto de ley para abordar las materias más urgentes, aunque advirtió que muchas otras quedarán pendientes.
Pérez describió la iniciativa como compleja y condicionada por la inequidad territorial de los municipios, la escasez de recursos y la urgencia que plantean no solo las comunas de la Región Metropolitana sino de todo el país. Recordó que la legislación original no fue fácil de construir, que tomó tres años en la gestión pasada y que tampoco se entregaron muchos recursos.
En cuanto a los temas más urgentes, la diputada mencionó la situación de los vehículos de seguridad y la necesidad de una disposición transitoria para dejar sin efecto las multas que puedan generarse durante el vacío legal que existe entre la entrada en vigencia de la ley y la publicación de los ajustes. Espero que ese período no sea de más de unos días, porque la legislación requiere dos o tres trámites, explicó. La comisión busca despachar hoy mismo el proyecto con la suma urgencia que le dio el Gobierno.
ALCALDES EN LA MONEDA
En paralelo, alcaldes de la zona central de distintos partidos participaron esta mañana en La Moneda en una reunión encabezada por el Presidente José Antonio Kast, donde se dieron a conocer detalles de la agenda de seguridad del Ejecutivo. En el encuentro también se abordó el reglamento de la ley de seguridad municipal, que aún está pendiente.
El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, señaló que los reglamentos se están modificando y que pidieron celeridad en los ajustes menores, aunque no por eso menos importantes. Alessandri destacó que los municipios cumplen hoy un rol fundamental en seguridad sin tener las atribuciones necesarias, y que el reglamento debe entregarles el poder legal para atender de mejor manera la delincuencia.
Por su parte, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, planteó sus reparos a la reforma. Dijo que la extensión de las atribuciones de fiscalización e inspección de los equipos municipales busca que colaboren con el control que ejercen Carabineros y las policías en general, pero que el problema es que no tiene financiamiento asegurado. Según Olmos, esto podría profundizar la diferencia entre municipios ricos y pobres, especialmente en el actual contexto de una megarreforma.
El edil advirtió además que la política pública no se hace cargo de la prevención, un área donde los equipos de seguridad municipal actúan como red de protección de infancias y personas, y no solo con una labor punitiva. Para Olmos, el desafío es avanzar hacia el financiamiento y reformar la implementación de las políticas, para que no se focalicen únicamente en el control. Sobre ese punto, reconoció, no hubo muchas noticias desde el Ejecutivo.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.



