**FISCALÍA EXPONE EN ALEGATOS DE CLAUSURA EL MAYOR FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL: VENTA DE LICENCIAS MÉDICAS FALSAS POR MÉDICOS Y CAPTADORES**
Diez meses después del inicio del juicio oral más extenso y complejo en materia de salud pública, el Ministerio Público presentó sus alegatos de clausura contra una red de profesionales médicos, dueños de centros de atención y captadores acusados de emitir y comercializar licencias médicas falsas. La fiscalía calificó este caso como el fraude más grave perpetrado contra una institución estatal en el ámbito sanitario, con perjuicios que ascienden a miles de millones de pesos, afectando directamente al Fondo Nacional de Salud (FONASA) y al sistema de seguridad social chileno.
El núcleo de la acusación se centra en la existencia de un mercado ilícito donde la licencia médica —instrumento esencial para que un trabajador incapacitado reciba su subsidio— era comprada y vendida como una mercancía. Según la fiscalía, médicos habilitados en Chile contravinieron sus deberes éticos y legales al certificar diagnósticos inexistentes sin mediar atención real, tipificado en el artículo 202 del Código Penal en relación con el artículo 193 del mismo cuerpo legal. A esto se suma el delito de fraude de subvenciones previsto en el artículo 470 número 8 del Código Penal, en conexión con el artículo 407.
**ESTRUCTURA ORGANIZADA: CENTROS MÉDICOS FICTICIOS Y CAPTACIÓN DE CLIENTES**
Para sostener este entramado, los acusados crearon o utilizaron al menos veinte sociedades médicas —entre ellas Servicios Médicos Doctor Mitite SPA, Prodimec SPA, Servimed SPA, Consulta Médica Prevenir SPA, Alianza Med SPA y Centro Médico Nelumbo SPA— cuyas constituciones fueron acreditadas mediante escrituras públicas incorporadas como prueba documental. La fiscalía demostró que estos centros no respondían a un interés sanitario legítimo, sino que servían como fachada para dar soporte formal a la venta de licencias.
Los domicilios registrados en el sistema de licencias eran en su mayoría oficinas virtuales o departamentos particulares. Por ejemplo, la dirección de Doctor Mitite correspondía a un edificio habitacional en La Florida, y otros centros funcionaban en torres de oficinas donde solo existían direcciones postales. Agentes policiales, como el subprefecto Orlando Vidal y la comisario Karina Gutiérrez, declararon que estos lugares no tenían consultas reales.
La captación de clientes se realizaba abiertamente a través de redes sociales como Instagram y Facebook, así como por WhatsApp. En las publicaciones se ofrecían licencias médicas por 11, 15, 21 o 30 días, con valores diferenciados según el tipo de atención (telemedicina o presencial) y la previsión del solicitante. Los números telefónicos utilizados estaban vinculados directamente a los imputados, según información proporcionada por compañías de telecomunicaciones.
**PRUEBA DIRECTA: AGENTES REVELADORES COMPRARON LICENCIAS SIN ATENCIÓN MÉDICA**
Uno de los pilares de la acusación fue la actuación de agentes reveladores —Manuel Ormeño, Giovana Flores, Christopher Carrasco y Constanza Bravo— quienes declararon haber adquirido licencias médicas sin ser atendidos por ningún profesional. Estos testimonios fueron respaldados por conversaciones de WhatsApp, comprobantes de transferencias bancarias y las propias licencias emitidas.
Por ejemplo, el agente Ormeño contactó al número vinculado a Ingrid Cabarcas, y tras llenar un formulario con su diagnóstico y días de reposo deseados, recibió la licencia de Doctor Mitite, depositando el pago en la cuenta corriente de la sociedad. Giovana Flores, por su parte, obtuvo una licencia de 11 días desde Prevenir SPA, pagando 40.000 pesos, sin que existiera consulta previa. Estas operaciones quedaron registradas en los «otros medios de prueba» números 14, 15 y 17.
Además, se exhibió un registro fílmico (otro medio de prueba número 18) que mostraba cómo Constanza Bravo acudió a un centro médico y, sin mediar examen, le fue entregada una licencia junto con un informe médico genérico.
**INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS REVELAN COORDINACIÓN Y NEGOCIO ILÍCITO**
Las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente fueron clave para demostrar la organización del esquema. En conversaciones entre Samir Rivaldo Hernández y otros imputados se discutía la detención de una doctora en el aeropuerto y la necesidad de sacarla de los grupos de WhatsApp para evitar la pérdida de celulares. También se coordinaban precios y se acordaba la captación de pacientes.
Especialmente reveladoras fueron las llamadas de Álvaro Ñeco (alias «Quique»), quien no era médico pero actuaba como captador y coordinador. En una conversación con una potencial cliente, le indicó que ella podía «elegir el diagnóstico» y «decidir la cantidad de días». En otro registro, Ñeco admitió haber buscado en internet un diagnóstico para una licencia, mientras su pareja Lisney de la Oz le preguntaba si estaba bien redactado.
Los registros de los teléfonos incautados a los acusados —como el iPhone de Lisney de la Oz con carcasa de Lisa Simpson— mostraron conversaciones donde se hablaba de «pagos por emisión», se compartían currículos de médicos para emitir licencias, y se discutía el aumento de tarifas. En un mensaje, una captadora llamada Charon envió a José Ñeco un artículo sobre «grandes emisores» de licencias, comentando con un emoji de risa que «le faltan 600» para ser considerado tal.
**VALORES Y GANANCIAS: UN NEGOCIO MILLONARIO**
La fiscalía presentó evidencia de los precios cobrados por las licencias. En el centro Salud Vital, por ejemplo, una licencia de telemedicina de 1 a 11 días costaba 35.000 pesos, de los cuales 20.000 iban al médico y 15.000 a comisión. Para 30 días, el valor ascendía a 75.000 pesos, con 50.000 para el médico y 25.000 de comisión. En las atenciones presenciales los montos eran ligeramente inferiores.
Las conversaciones entre Lisney de la Oz y Álvaro Ñeco detallaban ingresos semanales. Por ejemplo, la semana del 11 de noviembre registraban 1.189.000 pesos solo por las licencias de Prevenir. José Ñeco, en un diálogo con su hermano, desestimó una oferta laboral de 2.816.000 pesos mensuales argumentando que en un día podía ganar hasta 300.000 pesos emitiendo licencias.
**CONCLUSIÓN: LA FISCALÍA SOLICITA CONDENAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL**
Tras exponer de manera sistémica la prueba documental, pericial, testimonial y las interceptaciones, el fiscal sostuvo que los hechos acreditados configuran un plan delictual organizado y persistente, que no solo involucra falsedad instrumental sino una traición a la ética médica y a la confianza pública. Los acusados —médicos, dueños de centros y captadores— habrían actuado coordinadamente para obtener beneficios económicos ilícitos, causando un grave daño patrimonial a las instituciones de salud provisional.
El tribunal oral, tras escuchar los alegatos, deberá determinar las responsabilidades penales de cada imputado. La fiscalía espera que las sanciones sean acordes a la magnitud del fraude, el mayor registrado contra la seguridad social chilena.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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