El anuncio del gobierno de José Antonio Kast sobre la creación de un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en barrios con altos índices de criminalidad abrió un debate entre los alcaldes del país. Mientras algunos sectores valoran la medida como un paso necesario para recuperar territorios controlados por el crimen organizado, otros la cuestionan por considerar que refleja una falta de estrategia integral en seguridad.
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, confirmó que el Ejecutivo evalúa este mecanismo excepcional tras los anuncios realizados por el Presidente en cadena nacional. La propuesta apunta a intervenir sectores específicos donde la criminalidad ha alcanzado niveles críticos, con eventual participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías.
APOYO CON CONDICIONES
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, valoró cualquier iniciativa destinada a reforzar la seguridad y subrayó la urgencia de recuperar la presencia del Estado en los territorios. Eso sí, advirtió que persisten deudas pendientes como la implementación de la ley de seguridad y su reglamento, además de un aumento en la dotación policial.
En términos similares se expresó el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien respaldó la evaluación de mecanismos excepcionales para barrios donde el crimen organizado haya desplazado al Estado. A su juicio, una medida de este tipo debe contar con reglas claras, plazos definidos, control institucional y liderazgo de Carabineros, junto con fortalecer las capacidades estratégicas y tecnológicas de las instituciones.
La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, también mostró una postura favorable. Aseguró que como municipio valoran todas las medidas que contribuyan a fortalecer la seguridad de los vecinos, y consideró que la participación de efectivos militares podría ser positiva, siempre que existan las garantías necesarias para resguardar el rol y las atribuciones del personal militar.
Desde Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti valoró la incorporación de las Fuerzas Armadas como apoyo a las labores de seguridad, pero pidió que el proyecto sea abordado con acuerdos amplios. Recordó que en marzo de 2024 el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ya había planteado una alternativa en esa línea y destacó la experiencia de su comuna en la coordinación entre el municipio, la Armada y las policías.
Ripamonti fue enfática en que la seguridad no se construye con eslóganes ni anuncios, sino con planificación, coordinación y trabajo conjunto. Por eso, exigió que la eventual tramitación legislativa tenga mayor responsabilidad política, con diálogo y capacidad de construir mayorías, en lugar de imponer una visión por la mínima diferencia.
POSTURAS CRÍTICAS
En la vereda contraria, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, puso en duda la capacidad del Ejecutivo para concretar sus anuncios en materia de seguridad. Afirmó que el problema del gobierno es la falta de credibilidad, porque se siguen escuchando anuncios mientras las acciones esperadas no ocurren en la práctica.
White reconoció que la colaboración de las Fuerzas Armadas sería importante, pero enfatizó que su utilización debe estar acompañada de protocolos claramente definidos.
Más crítico fue el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, quien sostuvo que la evaluación de esta medida refleja la nula capacidad del gobierno para avanzar en una estrategia de seguridad consistente. A su juicio, los vecinos tienen derecho a vivir seguros, pero la respuesta no puede ser militarizar los barrios.
Jadue precisó que las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol excepcional y complementario en inteligencia, logística o apoyo tecnológico, pero la seguridad pública debe seguir siendo responsabilidad de Carabineros y la PDI. Planteó que lo que se necesita es fortalecer la investigación criminal, perseguir el patrimonio del crimen organizado, levantar el secreto bancario y profundizar la coordinación con los municipios.
Mientras el Ejecutivo avanza en la evaluación de un mecanismo constitucional para intervenir de manera focalizada territorios con altos niveles de criminalidad, los alcaldes coinciden en la necesidad de reforzar la seguridad, aunque mantienen diferencias sobre la forma, los recursos y las condiciones de implementación. La discusión queda abierta a la espera de los detalles que el gobierno presente formalmente.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
