Un intenso debate político y jurídico marcó este lunes la discusión en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto conocido como ley antiencapuchados, iniciativa que busca modificar el Código Penal para tipificar como delito el ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos.
Pese a que el proyecto fue debatido durante la jornada, no alcanzó a ser votado debido al término de la orden del día, por lo que deberá volver a ser puesto en tabla para su resolución en una próxima sesión.
ARGUMENTOS EN CONTRA
Las principales objeciones provinieron de parlamentarios de la oposición, quienes cuestionaron tanto la técnica legislativa como los eventuales efectos sobre derechos fundamentales. La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) señaló que la propuesta original presentaba deficiencias que obligaron al Ejecutivo a introducir una indicación sustitutiva. Advirtió que el proyecto podría vulnerar principios básicos del derecho penal y que camina por la cornisa de la arbitrariedad, afectando el derecho a la libre reunión y manifestación pacífica.
El diputado Jaime Bassa (Frente Amplio) calificó la iniciativa como un ejemplo de mala técnica legislativa y sostuvo que algunas disposiciones podrían favorecer una expansión excesiva de las facultades de persecución estatal, utilizando técnicas propias de un Estado policial. El diputado Raúl Leiva (PS) cuestionó las penas contempladas, argumentando que podrían generar sanciones desproporcionadas, como hasta 15 años de cárcel por una barricada, más que por homicidio o violación. El diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que el proyecto carece de eficacia práctica y que el aumento de penas no resuelve los problemas de seguridad.
POSTURAS A FAVOR
Los parlamentarios que respaldan la iniciativa defendieron la necesidad de fortalecer las herramientas legales. La diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano) sostuvo que grupos violentos han utilizado capuchas para cometer delitos y evadir la justicia, y destacó que países europeos tienen restricciones similares. El diputado Javier Olivares (PDG) vinculó el uso de capuchas con hechos de violencia y defendió una política de mano dura. El diputado Daniel Lilayu (UDI) argumentó que quienes planifican delitos y evitan su identificación merecen sanciones más severas. El diputado Mauro González (RN) señaló que existe un vacío legal en la legislación chilena respecto al ocultamiento de identidad en desórdenes públicos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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