La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acudió ante la Corte Suprema para defender la multa de $2.400 millones impuesta a la cadena Oxxo, argumentando que la entrega de información falsa durante la notificación de una operación de concentración atenta contra la eficiencia del sistema de control de fusiones en Chile. El organismo solicitó al máximo tribunal que rechace el recurso de reclamación presentado por Cadena Comercial Andina SpA (CCA), matriz de Oxxo, contra la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que la condenó por omitir antecedentes relevantes al notificar su adquisición de Ok Market en 2021.
LOS ARGUMENTOS DE LA FNE
En el alegato ante la Tercera Sala de la Corte Suprema, el jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, sostuvo que la decisión del TDLC establece un principio clave: la información que las empresas entregan al regulador debe ser fidedigna, completa y oportuna. Esto es esencial porque la FNE debe revisar las operaciones de concentración en plazos muy acotados, y cualquier omisión o falsedad afecta su capacidad de análisis.
Según la FNE, la sentencia del tribunal antimonopolios señala que el pronunciamiento fundado de la Fiscalía en el menor tiempo posible depende de la completitud con que los interesados realicen su notificación. Además, el fallo destaca que la decisión sobre una operación de concentración no solo interesa a las partes, sino que afecta a todo el mercado o industria concernida por el eventual cambio en las condiciones de competencia. Por lo tanto, minimizar los errores de decisión requiere contar con la mayor cantidad de información posible.
LOS 60 DOCUMENTOS OMITIDOS
Durante la exposición, Santelices detalló que Oxxo afirmó ante la FNE que cumplía con la legislación al notificar la operación, asegurando que solo poseía 40 de los antecedentes exigidos por la ley. Sin embargo, la investigación reveló que la empresa tenía al menos 60 documentos adicionales que no fueron entregados. Esta omisión configuró la infracción de entrega de información falsa.
La FNE precisó que esos 60 antecedentes eran relevantes para la caracterización del mercado y permitían tramitar la investigación de manera más eficiente y rápida. Al no ser aportados, la información que contenían tuvo que ser replicada mediante diligencias investigativas, lo que implicó un mayor uso de recursos públicos y afectó los plazos con que cuenta el organismo para analizar la operación.
LA DEFENSA DE OXXO
Oxxo respondió a los argumentos del regulador afirmando que actuó de buena fe, con transparencia y en colaboración permanente con la FNE. En una declaración, la empresa sostuvo que en ningún momento entregó información falsa ni ocultó deliberadamente antecedentes, y que su actuación nunca tuvo por objeto entorpecer la labor de la autoridad ni afectar el desarrollo del procedimiento.
Según Oxxo Chile, los antecedentes cuestionados no alteraron la evaluación sustantiva de la operación ni modificaron el análisis ni el resultado de la concentración, por lo que no existió afectación a la libre competencia ni a los consumidores. La compañía negó haber actuado con dolo y anticipó que llevaría el caso a instancias superiores, lo que derivó en la reclamación que ahora revisa la Corte Suprema.
LOS DETALLES DEL CASO
El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2022, cuando la FNE presentó un requerimiento tras una investigación iniciada en julio de ese mismo año. La acción original incluía también una acusación contra CCA por incumplir una de las medidas de mitigación que condicionaron la aprobación de la adquisición de Ok Market. Se detectó que la empresa no renunció, en los plazos acordados, a cláusulas de exclusividad pactadas en contratos de arrendamiento de locales.
Respecto a esa acusación por incumplimiento, la FNE llegó a una conciliación con CCA en julio de 2023, en la que la empresa reconoció el incumplimiento y se obligó a pagar $380 millones a beneficio fiscal. El requerimiento original de la FNE pedía al TDLC una multa superior a $5.250 millones, pero el tribunal redujo el monto a 2.898 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a los $2.400 millones finalmente aplicados en noviembre de 2025.
Ahora, la Corte Suprema deberá resolver el recurso de reclamación presentado por CCA, en un caso que marca un hito en la aplicación de las normas sobre información falsa en operaciones de concentración bajo el D.L. 211 de 1973.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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