Un amplio bloque de fuerzas políticas del progresismo y centro democrático chileno ha manifestado su rechazo al proyecto de ley «Escucha su corazón», que busca modificar la normativa sobre interrupción voluntaria del embarazo. Las vicepresidencias de la Mujer y los frentes feministas de siete partidos políticos suscribieron un documento titulado «Escuchen a las mujeres», en el que llaman al Congreso a no legislar esta iniciativa por considerarla lesiva para los derechos ya consagrados en la Ley 21.030 de tres causales.
OPOSICIÓN AL PROYECTO
Las organizaciones políticas advierten que la iniciativa, impulsada por diputados oficialistas y del Partido Nacional Libertario, no persigue informar sino coaccionar a las mujeres. El proyecto obligaría a la paciente a escuchar los latidos fetales antes de someterse a la interrupción, y si ella declina, el médico tratante quedaría impedido de practicar el procedimiento. A juicio de las firmantes, esta disposición convierte el consentimiento informado en un mecanismo de coerción, tal como lo han señalado el Colegio Médico de Chile y la Organización Mundial de la Salud.
El bloque político sostiene que la propuesta desconoce el acuerdo expresado por la ciudadanía. «Ni un paso atrás en derechos. El acuerdo de las tres causales se respeta», declararon en conjunto las vicepresidencias de la Mujer del Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal, el Partido Radical y el Partido Comunista de Chile.
DEFENSA DE LA LEY 21.030
El documento firmado por estas colectividades defiende la Ley 21.030 como un pacto social e institucional que fue aprobado por el Congreso Nacional, validado por el Tribunal Constitucional y reglamentado bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. Las políticas recuerdan que cerca del 83 por ciento de la población respalda la legalidad del aborto al menos en las tres causales. Legislar en contra de ese consenso, afirman, significa desoír a la mayoría del país.
Según las cifras que citan, entre 2018 y 2025 un total de 6.249 niñas y mujeres se acogieron a la ley, y aproximadamente el 85 por ciento mantuvo su decisión de interrumpir el embarazo. De los casos registrados, un 51 por ciento correspondió a inviabilidad fetal de carácter letal, es decir, la tercera causal.
IMPACTO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES
Un aspecto central de la crítica apunta al efecto que el proyecto tendría sobre las víctimas de violencia sexual. De acuerdo con el Diagnóstico 2025 de la Defensoría de la Niñez, el 88 por ciento de las 89 interrupciones practicadas a niñas y adolescentes durante 2024 fue por causal de violación, y un 58 por ciento correspondió a menores de 14 años. Las organizaciones políticas sostienen que sobre ellas recaería primero la exigencia de escuchar los latidos, obligándolas a vincularse con el resultado del delito cometido en su contra.
Esa medida, advierten, constituye una revictimización que contradice lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 21.430 sobre garantías de la niñez y adolescencia. «Que el derecho a decidir en condiciones adversas no sea motivo de criminalización», emplazaron desde las colectividades.
BARRERAS DE ACCESO ACTUALES
El documento subraya que el acceso a la interrupción legal del embarazo ya enfrenta obstáculos significativos. A octubre de 2025, un 40,4 por ciento de los médicos obstetras de la red pública se declaraba objetor de conciencia en la causal de violación, y ese porcentaje supera los dos tercios en hospitales de ciudades como Talca, Rancagua o Temuco. Esta situación, según las firmantes, evidencia que la ley no se está implementando plenamente.
Las cifras refuerzan esa conclusión: al momento de aprobarse la Ley 21.030 se proyectaban unos 3.000 casos anuales, pero entre 2018 y 2022 se realizaron apenas 3.300 interrupciones en total. Eso sugiere que miles de mujeres podrían estar quedando fuera del sistema. Por ello, las organizaciones exigen lo contrario a nuevas barreras: la implementación plena y efectiva de la normativa vigente.
LLAMADO A LA IMPLEMENTACIÓN PLENA
Las vicepresidencias de la Mujer y los frentes feministas solicitaron al Estado garantizar la ejecución completa de la Ley 21.030 en todo el territorio nacional, con acceso oportuno y equipos no objetores en toda la red pública. También pidieron el pleno funcionamiento del acompañamiento biopsicosocial que contempla la ley.
En su declaración final, las colectividades políticas recalcaron que Chile no necesita más barreras, culpa ni dolor, sino cumplir con respeto y humanidad la ley que la sociedad se dio a sí misma y escuchar a las mujeres.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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