Ganaderos de Tierra del Fuego logran que la Corte declare admisible recurso de protección por plaga de perros asilvestrados
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisible el recurso de protección presentado por cuatro productores ovinos de la Provincia de Tierra del Fuego contra seis organismos públicos, a los que acusan de omisión ilegal y arbitraria en el control de las jaurías de perros asilvestrados que atacan al ganado. La resolución, dictada el 17 de julio de dos mil veintiséis, ordena a las autoridades recurridas evacuar un informe dentro de seis días hábiles, dando curso a una acción que busca frenar un problema que, según los antecedentes del caso, ha causado la muerte de miles de ovinos en la última década.
LOS HECHOS QUE DETONARON LA ACCIÓN
El recurso fue interpuesto luego de una seguidilla de ataques ocurridos en junio de 2026. En los días inmediatamente anteriores al 16 de ese mes, jaurías de perros asilvestrados mataron a más de sesenta ovejas madres preñadas en tres predios del sector costero de Porvenir, entre la Laguna de los Cisnes y Bahía Chilota. Días después, el 22 de junio de 2026, se constató la muerte de 29 ovinos en la Estancia Espolon, comuna de Primavera, a los que se sumaron otros 14 ejemplares hallados al día siguiente. La prensa regional, citada en la sentencia, confirmó que estos no eran hechos aislados, sino el último episodio de una cadena de ataques en curso.
LOS RECURRENTES Y SU LEGITIMACIÓN
Los recurrentes actúan por sí y en representación de las comunidades hereditarias y sociedades ganaderas que administran. Uno de ellos es comunero de una estancia en Porvenir, donde soporta el ataque de unos 65 animales por año. Otro representa a una sociedad que explota dieciséis estancias en las comunas de Porvenir y una comuna no identificada, abarcando unas 80.000 hectáreas con cerca de 27.000 ovinos y 1.200 vacunos, y que ha sufrido pérdidas estimadas entre 650 y 1.900 animales por año durante los últimos catorce a quince años. Un tercer recurrente, con más de cincuenta años de actividad en Bahía Chilota, reporta una pérdida anual promedio de 120 vientres, 90 corderos y 600 kilos de lana. El cuarto recurrente administra una sociedad que arrienda un fundo en Primavera, y que sufrió el ataque del 22 de junio, siendo la primera vez en cuarenta años de explotación familiar que enfrenta un incidente de esta naturaleza.
LA OMISIÓN RECLAMADA A CADA AUTORIDAD
Los recurrentes dirigen su acción contra la Municipalidad de Porvenir, la Municipalidad de Primavera, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes, la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Dirección Regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). La acusación central es que, pese a las facultades que la ley les confiere, ninguno de estos organismos ha actuado de manera coordinada y eficaz para controlar las jaurías.
Respecto de los municipios, se invoca la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas, que les impone dictar y aplicar ordenanzas comunales, así como velar por el registro e identificación de animales y rescatar a los que carezcan de identificación. Se sostiene que estas obligaciones no se cumplen en el área rural de las comunas recurridas. En cuanto a la SEREMI de Salud, se le atribuyen facultades sanitarias para prevenir el riesgo zoonótico que representan los perros asilvestrados, especialmente en una región donde la hidatidosis ha sido endémica y ante el riesgo de rabia. Al SAG se le reclama la falta de acción ante las 170 denuncias registradas entre 2012 y 2025, que dan cuenta de cerca de 4.950 animales afectados, con más del 80% del daño atribuido a caninos (82,2% en el periodo 2012-2023, 82,5% en 2012-2024 y más del 80% en 2012-2025). Al SBAP se le señala por su competencia en la protección de la fauna silvestre nativa, que también resulta depredada por estos perros.
EL MARCO LEGAL INVOCADO
La acción se funda en el artículo 20 de la Constitución Política, que permite recurrir de protección frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de derechos fundamentales. Los recurrentes invocan los numerales 1 (derecho a la vida e integridad física y psíquica), 8 (derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación), 21 (derecho a desarrollar cualquier actividad económica) y 24 (derecho de propiedad) del artículo 19 de la Carta Fundamental.
La sentencia de admisibilidad de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas no prejuzga sobre el fondo del asunto, pero permite que el recurso siga su tramitación, abriendo la puerta a que los tribunales puedan eventualmente ordenar a las autoridades adoptar medidas concretas para enfrentar la proliferación de perros asilvestrados en la zona rural de Tierra del Fuego.
Rol 341-2026, Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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