El gobierno ha expresado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional si el Congreso no suprime una indicación que prohíbe el anatocismo, en el marco de la discusión de la megareforma tributaria y económica. La advertencia fue formulada por la coordinadora legislativa del Ejecutivo, Bárbara Bayolo, durante la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado.
EL EJECUTIVO CALIFICA TRES INDICACIONES COMO INADMISIBLES
Bayolo informó a los senadores que, durante la tramitación en la Sala de la Cámara de Diputados, se aprobaron tres indicaciones que, a juicio del gobierno, vulneran la Constitución. En concreto, las normas cuestionadas se refieren a la creación de una sala cuna universal; la obligación para las empresas concesionarias de servicios básicos (electricidad, agua y gas) de reconectar gratuitamente a usuarios en zonas declaradas en estado de catástrofe; y la prohibición del anatocismo.
El Ejecutivo sostiene que estas tres iniciativas son inadmisibles, invocando los artículos 65 y 69 de la Carta Fundamental. Estos preceptos establecen la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materias que irroguen gasto fiscal o afecten la estructura del Estado. Bayolo señaló que esperaba que esas indicaciones se suprimieran durante la tramitación; de lo contrario, se verían obligados a recurrir al Tribunal Constitucional.
EN QUÉ CONSISTE LA PROHIBICIÓN DEL ANATOCISMO
La indicación que ha puesto en alerta a la banca y al retail financiero fue impulsada por el diputado Héctor Ulloa, subjefe de la bancada del PPD-Independientes. La propuesta, aprobada por amplia mayoría en la Sala de la Cámara Baja, modifica el artículo 9° de la Ley N° 18.010, que actualmente permite la capitalización de intereses en ciertos contextos. La propuesta reemplaza el artículo actual por una norma que prohibiría estipular el pago de intereses sobre intereses o capitalizarlos en cada vencimiento o renovación.
Esta prohibición regiría para deudas que no han caído en mora. Un ejemplo ilustrativo: cuando un consumidor no paga el saldo de su tarjeta de crédito o línea de crédito en la fecha de vencimiento, el banco cobra intereses sobre ese monto. Si al mes siguiente el deudor continúa sin pagar, se aplica un nuevo interés sobre la deuda total, generando un efecto multiplicador. De materializarse la indicación, esa práctica quedaría vedada. La misma lógica afectaría a los meses de gracia en créditos hipotecarios o a las postergaciones de cuotas de préstamos, mecanismo que se utilizó masivamente durante la pandemia.
El sector privado mira con preocupación esta situación, dado el amplio respaldo que obtuvo en la Cámara y porque proyectan que no habrá tiempo suficiente para un debate en profundidad, como ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando la misma idea ha sido descartada en el Congreso.
SECTOR PRIVADO MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR TIEMPOS Y RESPALDOS
Desde el sector privado se mira con inquietud el giro del debate. La indicación de Ulloa obtuvo un respaldo transversal en la Cámara, lo que dificulta su eliminación en el Senado. Además, proyectan que no habrá tiempo suficiente para un debate en profundidad, como sí ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando ideas semejantes fueron archivadas.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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