Gobierno ingresa al Senado reforma constitucional de seguridad pública
La iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad ingresó este lunes al Senado, con lo cual se dio inicio a su tramitación legislativa en la Cámara Alta. Según el procedimiento establecido, el proyecto será dado a cuenta este martes en la Sala, instancia en la que se informará formalmente su ingreso y se definirá la comisión que deberá estudiar la iniciativa.
El texto, impulsado por el Ejecutivo, modifica ocho artículos de la Constitución con el objetivo de reforzar las herramientas del Estado para prevenir el delito, perseguir a organizaciones criminales y resguardar el orden público.
INGRESO Y TRAMITACIÓN
De acuerdo con lo informado, la reforma será presentada en la Sala del Senado este martes, donde se comunicará oficialmente su ingreso y se determinará la comisión encargada de su análisis. La propuesta forma parte de la agenda de seguridad impulsada por el gobierno y busca actualizar el marco constitucional vigente.
La iniciativa establece que la seguridad pública pasa a ser un deber esencial del Estado. Para ello, se modifica el artículo 1° de la Carta Fundamental, precisando que el Estado debe resguardar tanto la seguridad nacional como la seguridad pública, con el fin de facilitar su interpretación y aplicación.
OCHO MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un nuevo artículo 9° bis, que reconoce constitucionalmente el deber del Estado de proteger la seguridad pública frente al crimen organizado y las conductas terroristas. Esta norma habilita el establecimiento de regímenes penitenciarios especiales para condenados por estos delitos, permitiendo restricciones en comunicaciones, visitas, traslados y acceso a beneficios carcelarios cuando exista riesgo de que sigan coordinando actividades ilícitas desde prisión.
Además, se endurecen las sanciones para quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado o al terrorismo. Entre las medidas contempladas se incluye la pérdida de prestaciones financiadas con recursos públicos, la imposibilidad de acceder durante 15 años a penas sustitutivas o beneficios penitenciarios y, para quienes sean condenados por crimen organizado, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos o funciones públicas, sean o no de elección popular.
RÉGIMEN PENITENCIARIO ESPECIAL Y SANCIONES
La propuesta también modifica el numeral 3° del artículo 19 para habilitar la creación de registros de organizaciones criminales. El texto precisa que la incorporación de una agrupación a dichos registros no reemplaza la obligación del Ministerio Público de acreditar la participación individual de cada imputado conforme a las reglas generales del proceso penal.
En tanto, se incorpora una nueva atribución presidencial en el artículo 32. De aprobarse la reforma, el Presidente de la República podrá declarar, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado. Esa declaración solo producirá efectos si es ratificada por el Senado mediante una sesión secreta y con el voto favorable de dos tercios de los senadores en ejercicio.
DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES CRIMINALES
La iniciativa crea además un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Este mecanismo podrá ser decretado por el Presidente cuando exista una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya haya sido gravemente afectada. La medida tendrá una duración máxima inicial de 120 días, prorrogables por igual período, mientras que las extensiones posteriores requerirán la aprobación del Congreso Nacional.
Durante la vigencia del estado de excepción, las zonas afectadas quedarán bajo la dependencia inmediata de un Oficial General designado por el Presidente. Asimismo, el Ejecutivo podrá restringir o suspender derechos como la libertad personal, la libertad de desplazamiento, el derecho de reunión y de asociación, así como interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes, en los términos que establezca la futura legislación complementaria.
NUEVO ESTADO DE EXCEPCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Con este conjunto de modificaciones, el gobierno busca entregar nuevas herramientas constitucionales para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, en un contexto en que la seguridad pública se ha convertido en una de las principales demandas ciudadanas. La reforma inicia ahora su recorrido legislativo en el Senado, donde se espera que comience su discusión en la comisión respectiva.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
