La guerra fría entre el oficialismo y la contralora Dorothy Pérez se ha instalado como una de las tensiones políticas más relevantes de la joven administración de José Antonio Kast. A menos de cinco meses de que la contralora recibiera al entonces presidente electo y su gabinete para una capacitación sobre administración del Estado, las críticas desde las filas del gobierno y sus aliados legislativos arrecian con fuerza. El presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), han acusado a la contralora de excederse en sus atribuciones, abriendo un frente de conflicto que promete escalar.
LA CONCENTRACIÓN DE PODER
Para entender la raíz del conflicto, el abogado y profesor de derecho administrativo Luis Cordero, exministro de Justicia y Seguridad durante el gobierno de Gabriel Boric, recuerda que desde 1943 la Contraloría goza de autonomía constitucional. Ningún contralor ha estado exento de roces con el Ejecutivo de turno. Cordero explica que el modelo chileno concentra cuatro grandes poderes que no tiene ninguna otra contraloría en el mundo: fiscalizar y controlar los gastos del Estado, auditar el funcionamiento de la administración, determinar la responsabilidad y el cumplimiento de deberes funcionarios, e interpretar con efectos generales y obligatorios la ley que aplica la administración. Todo ese poder en un órgano unipersonal hace del contralor una figura incómoda para cualquier gobierno.
Sin embargo, lo que llama la atención en este caso es la velocidad con que han surgido las críticas, cuando la administración Kast aún no cumple seis meses y todavía no se conocen las auditorías a la actual gestión. Cercanos a Pérez, abogada de 50 años, egresada de la Universidad de Chile y con magísteres en gestión y control y gestión pública, señalan que ella anticipó este escenario. Tras la ovación en Icare el 14 de octubre de 2025, habría dicho a sus equipos: «Esto va a durar un año o hasta que saquemos algún pronunciamiento sobre una denuncia específica. Así ha sido con todos los gobiernos». Esa denuncia llegó antes de lo previsto.
EL DICTAMEN SOBRE STEINERT
El detonante fue el dictamen N° 344/2026, emitido el 1 de julio, en el que la contralora reprochó a la exministra de Seguridad María Trinidad Steiner por haber solicitado a la PDI información detallada sobre el personal de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, vinculada a una investigación aún abierta en el Ministerio Público y en la que ella estuvo involucrada cuando era fiscal en Tarapacá. El dictamen concluyó que la actuación no se ajustaba a las atribuciones del cargo ministerial y no se aviene con el deber de abstención que la ley impone por dos años respecto de información relacionada con cargos anteriores.
Seis días después, el senador Arturo Squella calificó el dictamen de «deja mucho que desear» y acusó a Pérez de exceder sus funciones. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, se sumó a las críticas, afirmando que «habría que mirar con detención lo que Contraloría está haciendo». En el entorno de la contralora defienden que estaba obligada a emitir el dictamen, pues respondía a un oficio de un grupo de parlamentarios. No hacerlo la habría colocado en una ilegalidad. Además, subrayan que actuó con prudencia, pues el incumplimiento del deber de abstención puede derivar en una falta a la probidad administrativa, cargo que aún no se ha formulado pero que podría sumarse al resolver el recurso de reconsideración presentado por Steinert el 7 de julio.
OTROS FLANCOS ABIERTOS
La tensión venía gestándose desde antes. Durante el primer mes de instalación, diversas acciones de las nuevas autoridades llegaron a la Contraloría por requerimientos de parlamentarios. Entre ellos, la cena del Presidente Kast en La Moneda con sus compañeros de universidad o la primera dama sirviendo el almuerzo en el casino de La Moneda. La Contraloría evalúa subir el estándar para estos requerimientos que distraen tiempo y recursos.
Un punto de quiebre fue la campaña publicitaria «Chile Sale Adelante», donde se hablaba del «Estado en quiebra». Requerida por diputados del FA, PS y PPD, la Contraloría pidió a la Segegob tomar medidas para evitar publicaciones «imprecisas» y ordenó un proceso disciplinario, señalando que la cartera reconoció haber usado expresiones que no se ajustan al estándar de moderación y mesura exigido. Desde el oficialismo se cuestionó que Pérez se inmiscuyera en un debate político, pero su equipo enfatiza que desde 2003 existe una norma legal que solo permite gastar recursos públicos en campañas orientadas a informar sobre políticas públicas concretas.
El 10 de junio, otro encontronazo: la contralora rechazó las modificaciones propuestas por el Ministerio de Transportes para el reglamento de la Ley Uber. Según el dictamen, la propuesta eliminaba, modificaba y disminuía exigencias técnicas para los taxis sin que constaran los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que las justificaran, rebajando el estándar y calidad de los servicios. El gobierno buscaba flexibilizar la ley en un contexto de crisis de desempleo, pero Pérez pidió una fundamentación técnica que hasta ahora no se ha entregado.
También hubo una pugna con Codelco, resuelta rápidamente. La cuprera estatal, dirigida por Bernardo Fontaine, presentó un amparo administrativo contra un oficio de Pérez que cuestionaba la constitución de la sociedad «Minera Ascotán SpA» sin control preventivo. Tras reuniones, Pérez entendió la necesidad de Codelco de operar con rapidez y se mostró disponible para sustraerlos del proceso de toma de razón, a cambio de acceso a información financiera clave para la fiscalización. Codelco se desistió del recurso.
LA GUERRA FRÍA CONTINÚA
A diferencia del acuerdo con Codelco, la guerra fría con el oficialismo lejos de parar, solo podría escalar con la respuesta a la reconsideración de Steinert. La próxima vez que Pérez sea citada a la Cámara de Diputados, quienes la conocen advierten que planteará el tema. Por ahora, la contralora ha optado por no escalar, pero la tensión subyacente es evidente.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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