El capítulo de Derecho en Movimiento, espacio producido por el Poder Judicial de Chile, abordó esta semana el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. En el programa, la conductora Cyntia conversó con dos invitados: Rafael Silva, director de asuntos internacionales y derechos humanos de la Corte Suprema, y María Soledad Cisternas, abogada y activista que presidió el comité de expertos en derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas.
La motivación del episodio surge de una cifra contundente: más de 3.291.000 personas en Chile viven con algún tipo de discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual o múltiple. Frente a esa diversidad, la pregunta que estructuró el diálogo fue cómo el sistema judicial responde de manera acorde a cada realidad.
MARCO NORMATIVO Y AJUSTES RAZONABLES
Rafael Silva explicó que el punto de partida para garantizar este derecho es la normativa internacional. En particular, destacó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 13 reconoce el acceso a la justicia y establece la obligación de incorporar ajustes razonables y adaptaciones de procedimiento. También mencionó la necesidad de formar a los funcionarios judiciales para atender adecuadamente a este grupo.
Sobre el protocolo de acceso a la justicia del Poder Judicial, Silva indicó que se estructura en dos grandes bloques: primero, un contexto normativo; segundo, recomendaciones generales aplicables a todas las competencias y tipos de discapacidad. Entre esas recomendaciones figuran las medidas de accesibilidad universal, el diseño universal y la priorización en la atención de personas con discapacidad, evitando en lo posible que deban concurrir presencialmente a los tribunales.
LENGUAJE CLARO Y BUENAS PRÁCTICAS
El entrevistado puso especial énfasis en el lenguaje claro como herramienta para materializar el derecho a comprender. Sostuvo que las personas que participan en un procedimiento judicial deben entender el acto en el que están involucradas, desde la atención de usuarios hasta la notificación de resoluciones. En ese sentido, mencionó que los receptores judiciales deben explicar con claridad qué se está notificando y recordó la existencia de sistemas de interpretación en línea dentro del Poder Judicial.
Como buena práctica destacada, Silva se refirió a una experiencia desarrollada el año pasado: la incorporación de estudiantes de un diplomado, todos jóvenes con discapacidad intelectual, a distintas unidades de la Corte Suprema. Durante dos meses realizaron pasantías en la secretaría, la dirección de comunicación y la cuarta sala. Según el entrevistado, la experiencia fue valiosa tanto para los jóvenes como para las propias unidades, porque permitió avanzar en la inclusión cotidiana dentro de la comunidad judicial.
DESAFÍOS PENDIENTES
Al consultarle por las urgencias a corto y largo plazo, Silva identificó como uno de los mayores desafíos la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Mencionó que existen proyectos de ley orientados a que estas personas cuenten con apoyos para manifestar su voluntad ante los tribunales, en lugar de que se reemplace su decisión como ocurre en el modelo actual.
También advirtió sobre falencias en materia penal: personas con discapacidad intelectual que cometen delitos pueden terminar en recintos penitenciarios debido a problemas en los peritajes sobre imputabilidad o inimputabilidad. En definitiva, planteó que el reto central es lograr la sensibilización necesaria para abordar cada discapacidad en su especificidad.
MIRADA DE DERECHOS HUMANOS
En el segundo bloque, María Soledad Cisternas aseguró que garantizar el acceso a la justicia es un anhelo de décadas que se plasmó en la Convención. Subrayó que el artículo sobre acceso a la justicia implica un cambio profundo en la forma de concebir a la persona con discapacidad y abre paso a un poder judicial inclusivo.
Desde su experiencia como abogada litigante, Cisternas recordó que hace algunos años la mayoría de las causas con una parte en situación de discapacidad eran desechadas, especialmente cuando la contraparte era una gran empresa o el sector público. Hoy, en cambio, valora que distintos juicios encuentran eco en los tribunales y que las personas con discapacidad recepcionan positivamente esa apertura.
La abogada insistió en que la perspectiva de derechos humanos permite superar los modelos caritativos y médico-asistencialistas del pasado. Citó un artículo que tituló De la nada a la Constitución, escrito en medio de los procesos constitucionales, y resumió su postura con una frase: estamos en la era de los derechos y no de los favores.
Entre las tareas pendientes, Cisternas mencionó la necesidad de renovar periódicamente las capacitaciones del personal judicial y de dar soporte al proceso legislativo en materia de capacidad jurídica. También relevó el derecho a participar en la vida política, no solo garantizando la accesibilidad del voto, sino otorgando facilidades y apoyos para que las personas con discapacidad puedan ser candidatas.
El episodio cerró con una reflexión: el protocolo de acceso a la justicia dejó plasmado un trabajo importante, pero su efectividad depende del compromiso diario del Poder Judicial y de quienes trabajan en él.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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