Ministra Rabanales expone claves del nuevo Código de Ética Judicial ante la Fiscalía de Santiago
La ministra de la Corte Suprema Adelita Rabanales Arriagada expuso en un conversatorio organizado por la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el Código de Ética Judicial aprobado por el acta 244 de 2025 del máximo tribunal. La actividad se desarrolló en formato híbrido, presencial y por Zoom.
El encuentro fue inaugurado por el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Benito Pizarro Estudillo, quien valoró la iniciativa y destacó la relevancia de la Ley 21.772 en el nuevo rol fiscalizador de las fiscalías judiciales. También asistió la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marisol Andrea Rojas.
Rabanales es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la duodécima mujer en integrar como titular la Corte Suprema. Lleva más de 30 años en la administración de justicia y desde 2014 ha centrado su trabajo en la ética judicial. Encabezó el proceso que concluyó con la dictación del nuevo código.
LA GÉNESIS DEL CÓDIGO
La ministra explicó que el proyecto se originó en 2024, cuando el pleno de la Corte Suprema encargó un plan de acción para diseñar y proponer un texto propio. Sostuvo que esa decisión fue anterior a las crisis que afectaron al Poder Judicial y que nació después de una comisión de servicio en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.
El encargo inicial contemplaba un plazo de seis meses y un texto que abarcara a todos los funcionarios judiciales. Con el tiempo, el pleno acotó la labor al escalafón primario y pidió que el documento se redactara en lenguaje claro, con un proceso convocante y participativo y con una separación expresa entre lo ético y lo disciplinario.
El trabajo consideró reuniones con asociaciones gremiales, cortes de apelaciones de distintas zonas del país, jueces con menos de diez años en la carrera, fiscales judiciales, colegios de abogados y organismos como el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado. También se consultó a expertos nacionales y extranjeros, entre ellos Manuel Atienza y Rodolfo Vigo, vinculados al Código Iberoamericano de Ética Judicial.
Se aplicaron dos encuestas. La primera, dirigida a los integrantes del Poder Judicial, relevó como valores prioritarios la probidad, la imparcialidad, la independencia y la integridad. La segunda, abierta al público entre julio y agosto de 2025, permitió identificar conductas reprochadas por los usuarios, como la desigualdad en el trato a los litigantes, la falta de imparcialidad, el maltrato, la prevaricación y la deficiente motivación de las resoluciones.
ESTRUCTURA, VALORES Y CONSEJO ÉTICO
El código quedó dividido en tres partes: reglas generales, doce valores judiciales y el Consejo Ético. En su presentación, Rabanales explicó que la primera versión del texto partía con la prudencia, pero los expertos recomendaron iniciar con la independencia, la imparcialidad y la integridad, a las que se sumó la igualdad y no discriminación. El resto de los valores son probidad, prudencia, cordialidad y buen trato, claridad y precisión, conciencia institucional, conocimiento y capacitación, responsabilidad en el uso de redes sociales y responsabilidad en el uso de inteligencia artificial.
Cada valor se acompaña de orientaciones prácticas redactadas en positivo para que los jueces puedan confrontar su desempeño cotidiano. La ministra describió el texto como una ayuda para la magistratura y recordó que la cúpula del Palacio de Tribunales, construida entre 1905 y 1930, representa las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza.
En cuanto a las habilidades que se esperan de un juez, Rabanales mencionó las seis idoneidades planteadas por Rodolfo Vigo: conocimiento del derecho, capacidad de aplicar el derecho y resolver prudentemente los casos, equilibrio emocional, condiciones físicas, aptitud administrativa y, sobre todo, idoneidad ética.
El Consejo Ético reemplaza a la antigua comisión dedicada a estas materias. Tiene carácter consultivo y preventivo, recibe consultas formuladas por los jueces y se pronuncia mediante recomendaciones. No es un órgano disciplinario ni una instancia de denuncia. Sus integrantes fueron elegidos por sorteo para asegurar paridad de género y representación territorial. Lo componen el presidente, Omar Astudío Contreras; la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, Ponce; el juez de Valparaíso, Pizarro; la jueza de garantía de Rancagua, señora Bajuñán, y el académico Johan Benfeld Escobar.
La ministra subrayó que la ética no se impone sino que se cultiva, y que el código no sanciona ni revisa el pasado, sino que orienta conductas futuras. Citó a Manuel Atienza, quien en su libro Cuestiones Judiciales plantea que la virtud de los jueces no puede controlarse por mecanismos disciplinarios, aunque podría considerarse en la selección o promoción.
ALCANCE EN NOTARIOS Y OTROS AUXILIARES
Durante la ronda de preguntas, los asistentes consultaron por la aplicación del código a notarios, conservadores y archiveros judiciales. La ministra respondió que los principios éticos son transversales y que la Ley 21.772 convirtió en obligaciones jurídicas muchas exigencias que antes quedaban entregadas a la ética.
Agregó que esos cuerpos podrían trabajar en un código propio, pues los valores de independencia, imparcialidad, probidad y buen trato también los alcanzan. Recordó que la función notarial convierte a quienes la ejercen en confidentes de las partes y que la conciencia institucional los obliga a cuidar el prestigio del conjunto.
El fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Daniel Calvo, cerró la jornada agradeciendo la exposición. Sostuvo que las normas éticas son transversales a la vida familiar, social, política y cultural, y que el apellido de cada profesión solo matiza su aplicación.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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