El gobierno de José Antonio Kast echó a andar, tal vez sin proponérselo, la agenda de reformas políticas que permanecía postergada y que incluye desde cambios al sistema electoral hasta una reforma constitucional que permite destituir autoridades por consumo de sustancias ilícitas. La Moneda dio luz verde a una discusión que ya comenzó a tomar forma en el Congreso con iniciativas en distinto estado de tramitación, algunas heredadas de la administración de Gabriel Boric y otras impulsadas por los propios partidos oficialistas.
LA MONEDA REACTIVA LA AGENDA POLÍTICA
El proyecto antidrogas ingresado esta semana por la Cámara de Diputadas y Diputados se convirtió en la primera reforma política con sello del actual gobierno. La iniciativa no solo obliga a las autoridades a someterse a exámenes periódicos, sino que establece nuevas causales de cesación del cargo si se comprueba el uso de sustancias ilícitas.
La propuesta modifica la Constitución y tiene implicancias que exceden lo administrativo o de seguridad pública. Ministros, senadores, diputados e incluso el propio Presidente de la República podrían ser destituidos si se acredita el consumo.
En la reunión que el mandatario sostuvo con diputados de la UDI en Cerro Castillo, Kast valoró el creciente debate sobre reformas políticas, aunque solo pidió asegurar que las iniciativas cuenten con los votos necesarios para ser aprobadas, según la versión de algunos legisladores.
La discusión era promovida originalmente por la UDI, RN y Evópoli, con apoyo de partidos de oposición como el PS. El Partido Republicano, cuyos principales dirigentes siempre sostuvieron que ese tema no era urgente, también se convenció desde el oficialismo de la necesidad de introducir ajustes al sistema político.
DIAGNÓSTICO COMPARTIDO SOBRE FRAGMENTACIÓN
Existe un diagnóstico transversal, que va desde el PC a los republicanos, respecto de que la fragmentación de partidos y grupos parlamentarios dificulta la acción del Ejecutivo y del Congreso. El excesivo poder de sectores no alineados o independientes, en desmedro de las grandes coaliciones, es visto como uno de los principales problemas.
El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, señaló que el sistema político muestra falencias por su enorme dispersión, lo que hace más difícil la gobernabilidad y la construcción de acuerdos con el Parlamento. Agregó que en el Congreso existen iniciativas que buscan mejorar estos aspectos y que espera que concluyan pronto su tramitación.
Desde la derecha se conformó una mesa técnica para afinar propuestas que van desde reducir escaños parlamentarios hasta regular herramientas que otorgan poder a grupos minoritarios o que favorecen la polarización. El jefe de los diputados de RN, Diego Schalper, planteó que es necesario hacerse cargo de la fragmentación y revisar el número de diputados, la extensión de los distritos y los pactos electorales. También mencionó los cambios relativos a las acusaciones constitucionales, que esperan cuenten con urgencia del gobierno.
La diputada de la UDI Constanza Hube, en tanto, sostuvo que el sistema político requiere cambios profundos que terminen con la fragmentación extrema y la mala calidad de la política. Propuso rebajar la cantidad de parlamentarios, reducir el número de electos por distrito y aumentar la cantidad de distritos para que sean más pequeños y exista mayor cercanía entre las personas y sus representantes.
A esta agenda se suma el anuncio presidencial de una reforma para reducir ministerios, incluida en el eje de reconstrucción económica y fiscal de la cuenta pública. La iniciativa tiene también una implicancia política si se modifica el diseño del centro de gobierno.
REFORMAS HEREDADAS EN TRÁMITE AVANZADO
En el Congreso hay dos reformas políticas en estado avanzado que provienen de la administración de Gabriel Boric y que el gobierno de Kast mantuvo congeladas hasta la semana pasada. La razón era que no calzaban con el relato de las tres emergencias en materia social, económica y de seguridad.
Una de ellas es la reforma para promover la gobernabilidad y la representatividad, impulsada por el exministro del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. La propuesta fortalece a los comités parlamentarios, eleva las restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos y endurece los requisitos para las candidaturas independientes.
La reforma fue apodada como una nueva ley antidíscolos, aunque en el trámite se eliminó la herramienta principal que impedía que los parlamentarios se cambiaran de bancada. El efecto más apremiante para las tiendas políticas, incluso las grandes, es que tendrán un plazo de aproximadamente dos años para actualizar sus cifras de militantes.
La iniciativa está en un 99 por ciento aprobada por la Cámara y el Senado, con consenso amplio en casi todos sus temas. El punto pendiente se refiere a una nueva exigencia para la declaración de principios de los partidos, que buscaba condenar la violencia. Ese artículo fue rechazado transversalmente y derivado a una comisión mixta para elaborar una redacción concordante con la Constitución, pues en caso contrario corría riesgo de ser eliminado por el Tribunal Constitucional.
Los integrantes de la comisión mixta ya están nombrados y solo falta que la presidenta de la instancia, la senadora Danisa Astudillo, los convoque, posiblemente la próxima semana. Una vez resuelta la nueva redacción, la propuesta deberá votarse en las salas de la Cámara y el Senado.
UMBRAL ELECTORAL Y ALTO QUÓRUM
La otra reforma avanzada crea un umbral para que los partidos puedan tener representación en la Cámara. Si una colectividad no logra un mínimo de cuatro parlamentarios o un cinco por ciento de los votos, el candidato presuntamente electo no puede asumir y el escaño se entrega a otro postulante de la misma lista cuya tienda sí haya alcanzado el umbral.
La reforma constitucional también castiga con la pérdida del escaño al parlamentario que renuncie a su partido o a su comité. La iniciativa fue aprobada por el Senado con fuerte resistencia del PC y el Frente Amplio, y hoy espera ser puesta en debate en la sala de la Cámara. También genera rechazo en ciertos partidos nuevos de derecha y en tiendas pequeñas de la izquierda.
El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, uno de los promotores de la reforma, tiene la facultad para ponerla en tabla. Sin embargo, su alto quórum de 89 diputados obliga a construir un consenso previo antes de llevarla a votación.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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