Imagen generada por inteligencia artificial para fines ilustrativos — Veredictum.cl
El borrador de la reforma constitucional en seguridad que prepara el gobierno, en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ha generado tensión en el oficialismo y un fuerte cruce entre senadores de la derecha. El texto, que aún está en revisión y fue difundido esta semana, consta de 15 páginas y propone modificaciones que van más allá del régimen penitenciario, como facultar al legislador para establecer penas especiales mediante una ley orgánica constitucional para delitos de crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
Uno de los puntos más cuestionados es la inhabilitación de condenados por esos delitos para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales, incluyendo salud, educación, libertad de trabajo y seguridad social, durante el cumplimiento de la condena y por los 15 años posteriores.
DIFERENCIAS ENTRE MINISTROS
La propuesta generó ruido en el sector y enfrentó a la ministra de Salud, May Chomali, con el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Chomali dijo en CNN Chile que la medida podría generar incompatibilidad con algunas leyes, como la ley de urgencias. Arrau respondió al día siguiente en radio Infinita que la ministra desconoce el proyecto, porque aún no ha sido público, y que lo filtrado es antiguo. Luego agregó que habló con ella y que no ha estado al tanto de todos los borradores.
CRUCE ENTRE WALKER Y SQUELLA
En paralelo, el senador Matías Walker, independiente de la bancada de Evópoli y considerado voto clave para el gobierno, cuestionó el borrador en CNN Chile. Aseguró que es demencial lo que se está proponiendo y que el país se dio cuenta, después de dos procesos constitucionales fallidos, de que no es reformando la Constitución como se va a perseguir al crimen organizado. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, le respondió en su cuenta de X que aparecerán temores en algunos que tratarán de frenar los cambios necesarios y que no es tiempo de buenismos. Walker replicó que la operación Cancerbero demostró que no se precisa cambiar la Constitución para perseguir y aislar al crimen organizado.
REACCIONES EN EL OFICIALISMO
El episodio refleja la división que ha generado la reforma en el sector. Mientras parlamentarios como Andrés Longton (RN), Javier Macaya (UDI) y Guillermo Ramírez (UDI) han insistido en corregir aspectos del borrador y levantar una reforma acotada, los representantes del Partido Republicano han defendido la propuesta. Diputados como Stephanie Jéldrez y Luis Fernando Sánchez criticaron los dichos de Walker, quien respondió que no solo a él le preocupó el borrador, sino también a constitucionalistas de centroderecha. Recalcó que es un error del gobierno extremar el debate constitucional y que no se puede hacer política con la Constitución.
El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, llamó a bajar el tono y esperar el texto final del gobierno. Señaló que le extraña el lenguaje del senador Walker y que no se conoce el texto definitivo. Longton, por su parte, planteó que la reforma debe estar bien diseñada para no distorsionar un esquema constitucional que ha dado resultados, y que el trabajo prelegislativo es esencial. El senador Miguel Ángel Calisto coincidió con Walker en que aplicar una doble sanción a una persona privada de libertad no inhibe la reiteración de delitos, aunque valoró algunas medidas, como el rol de las fuerzas armadas coordinadas con las policías.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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