La profesora Pamela Mendoza, académica de derecho civil de la Universidad Alberto Hurtado, expuso en el ciclo Conversaciones de Derecho Privado del canal Derecho UC una propuesta para regular la renuncia al derecho de propiedad como modo de extinguir el dominio. En la sesión, moderada por el profesor Alcalde, presentó los resultados de su investigación y las dificultades que plantea una figura escasamente regulada en el Código Civil.
La expositora partió de un diagnóstico: el derecho civil ha estudiado en detalle la adquisición de la propiedad, pero ha prestado escasa atención a su extinción. Esa asimetría, dijo, deja sin respuestas a situaciones frecuentes en que una persona quiere desprenderse de un bien.
LA BASE NORMATIVA ES FRAGMENTARIA
La regulación chilena de la renuncia es fragmentaria. El punto de partida es el artículo 12 del Código Civil, que admite la renuncia de derechos mientras no esté prohibida o no atente contra el interés individual del renunciante o derecho ajeno. A ello se suman las reglas sobre ocupación del artículo 624 y la norma del artículo 590, que atribuye al Estado las tierras que carecen de otro dueño. Ninguna de esas disposiciones regula de manera sistemática el acto de abandono.
La investigadora definió la renuncia abdicativa como un acto jurídico unilateral, no recepticio y gratuito, en el que el propietario extingue su derecho sin designar adquirente. Precisó que no se trata de una donación a persona indeterminada, como ha sostenido parte de la doctrina, pues al dueño le resulta indiferente el destino del bien. En su exposición, dijo que emplea de manera indistinta las voces renuncia, abandono y derelicción.
La propuesta central del proyecto consiste en distinguir tres estatutos según la naturaleza del objeto: bienes muebles, inmuebles e incorporales. En los muebles, el abandono se perfecciona con la dejación material y la intención de extinguir el dominio, y el bien puede ser adquirido por ocupación. Aun así, la categoría no es uniforme: hay muebles registrables, animales sujetos a protección especial, como los amparados por la ley Cholito, y residuos gobernados por regímenes de gestión particular.
En los inmuebles, el principal problema es la forma y la publicidad del acto. Aunque hay argumentos normativos para admitir la renuncia, no existe un procedimiento claro ante el conservador de bienes raíces. La eventual cancelación de la inscripción choca con la lógica del sistema registral chileno, pensado para la circulación de títulos y no para la extinción unilateral del dominio. La expositora recordó que el artículo 52 número 3 del Reglamento del Registro Conservatorio contempla la inscripción de la renuncia de derechos, lo que permitiría construir un argumento a favor de su procedencia.
La aplicación del artículo 590 tampoco es automática: aunque el fisco sería dueño de los bienes sin dueño, en la práctica se requiere una actuación del Ministerio de Bienes Nacionales, cuyas facultades son limitadas. La investigación recogió la posición de la profesora Claudia Bahamondes, quien ha sostenido que esa falta de procedimiento hace difícilmente materializable la renuncia.
REGÍMENES ESPECIALES Y SOSTENIBILIDAD
El desarrollo del proyecto llevó a la investigadora a examinar los regímenes especiales. Uno de los artículos derivados analiza el artículo 42 de la Ley de Protección al Consumidor, que presume abandonadas en favor del proveedor las especies entregadas para reparación cuando no son retiradas dentro de un año. La académica explicó que la norma debe interpretarse de manera restrictiva. Conforme al criterio del SERNAC, no se trata de una transferencia automática de dominio, sino de una renuncia presumida que permite al proveedor adquirir el bien por ocupación.
También se refirió a los vehículos motorizados. A diferencia de otros muebles, el abandono de un automóvil no se agota con su dejación material, porque subsiste la inscripción registral a nombre del dueño. La ley de tránsito contempla el abandono como supuesto de inscripción, pero no establece un procedimiento claro para cancelar la inscripción anterior. Frente a las negativas del Registro Civil, algunos tribunales han aceptado una gestión voluntaria, aunque se trata de una solución discutible, dijo.
Otro frente abordado fue la sostenibilidad como límite a la renuncia. La investigadora se detuvo en el abandono masivo de residuos textiles en Alto Hospicio, en el desierto de Atacama, y en la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que condenó al fisco por el daño ambiental, actualmente revisada por la Corte Suprema. Sostuvo que estos casos obligan a repensar la renuncia desde la idea de propiedad sostenible, imponiendo límites derivados de la función social y ecológica de la propiedad. En esa línea, mencionó la incorporación de los residuos textiles como productos prioritarios en la ley de responsabilidad extendida del productor.
DESAFÍOS PENDIENTES
Finalmente, la expositora enumeró desafíos abiertos, como el tratamiento de la nulidad de la renuncia cuando el acto unilateral adolece de vicios, la suerte de las obligaciones que gravan la cosa y la frontera entre cosas abandonadas y cosas al parecer perdidas. A su juicio, el derecho civil debe dialogar con el derecho ambiental y con las nuevas formas de entender la propiedad.
El ciclo continuará con nuevas sesiones en agosto y septiembre, según se anunció al cierre de la actividad.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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