Un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) propone siete medidas para mejorar la gestión, transparencia y evaluación de las empresas públicas en Chile, en un contexto de estrés fiscal que ha llevado al gobierno a buscar nuevas fuentes de ingresos. La investigación, liderada por los investigadores Sebastián Izquierdo, Jorge Rodríguez, Andrés Araya y Xiomara Kuwae, busca entregar herramientas concretas para que el Estado evalúe si la propiedad estatal está justificada y si las empresas públicas generan los resultados esperados.
CONTEXTO FISCAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
El estudio del CEP parte de la premisa de que las empresas públicas representan hasta 10 puntos del PIB y que, ante el prolongado estrés fiscal, es necesario un mayor escrutinio. Los investigadores proponen evaluar a cada empresa pública a partir de tres dimensiones: la justificación de la propiedad estatal, el desempeño financiero y no financiero, y la exposición fiscal. La idea central es que una empresa pública no debe evaluarse solo por sus ganancias o pérdidas, sino por la coherencia entre su razón de ser, sus resultados y los riesgos que genera para las finanzas públicas. El documento distingue entre empresas que operan en mercados competitivos, aquellas que generan rentas relevantes para el Estado y las que proveen servicios con beneficios sociales que exceden los ingresos comerciales.
LAS SIETE PROPUESTAS DEL CEP
El centro de pensamiento recomienda, en primer lugar, fortalecer la definición de los mandatos de propiedad estatal, de modo que cada empresa tenga una justificación clara, verificable y públicamente disponible. En segundo lugar, propone vincular cada mandato con indicadores de desempeño y acuerdos de gestión, ajustados a la naturaleza de cada empresa: financiera, de servicio público, estratégica o competitiva. En tercer lugar, sugiere transparentar y separar las obligaciones de servicio público de cada empresa, identificando y costeando claramente aquellas que no son comerciales. En cuarto lugar, recomienda mejorar la calidad y clasificación de los flujos financieros entre el gobierno central y las empresas públicas, registrando de forma diferenciada aportes de capital, dividendos, préstamos y garantías. En quinto lugar, propone avanzar hacia un informe anual consolidado de empresas públicas, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres). En sexto lugar, sugiere incorporar a las empresas públicas en el análisis institucional de riesgos y sostenibilidad fiscal, con un rol complementario del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Finalmente, el CEP recomienda fortalecer el gobierno corporativo de las empresas públicas, revisando los estándares de la OCDE en materia de independencia de directorios, comités especializados y evaluación de desempeño.
RECOMENDACIONES POR TIPO DE EMPRESA
El estudio aterriza sus propuestas en las principales empresas estatales. Para Codelco, Enap, BancoEstado y las empresas portuarias, el foco debe estar en la sostenibilidad de largo plazo, incorporando escenarios de inversión, productividad y capacidad futura de generar excedentes. Para Metro y EFE, que tienen alta dependencia fiscal, se recomienda avanzar hacia marcos plurianuales de financiamiento y desempeño con metas explícitas. Para empresas como Correos y TVN, con mandato social, se debe explicitar y cuantificar el costo de sus obligaciones públicas. Para empresas de apoyo productivo como Cotrisa y Enami, se sugiere separar la evaluación de la política pública de la evaluación empresarial. En empresas estratégicas de defensa como Asmar, Famae y Enaer, el foco debe estar en verificar capacidades críticas más que resultados financieros. Finalmente, para empresas que operan en mercados competitivos como Casa de Moneda y Zofri, se recomienda aplicar revisiones periódicas de la necesidad de propiedad estatal.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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