Ley N° 21.829 modifica cinco cuerpos legales para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar, una reforma integral que busca cerrar el vacío legal que permitía que agresores mantuvieran su acceso a armas mientras se tramitaban causas en su contra. La norma, publicada el 22 de julio de 2026, introduce modificaciones a la Ley de Violencia Intrafamiliar, la ley que crea los Tribunales de Familia, la Ley de Control de Armas, el Código Procesal Penal y la ley de violencia de género, estableciendo un sistema de alerta y respuesta obligatoria para jueces y fiscalizadores.
El origen de la ley fue una moción parlamentaria encabezada por las diputadas Lorena Fries Monleón, Emilia Schneider Videla, María Francisca Bello Campos, Javiera Morales Alvarado y Gael Yeomans Araya, junto al diputado Gonzalo Winter Etcheberry y otros exdiputados, quienes buscaban fortalecer las medidas de protección para víctimas de violencia intrafamiliar ante la constatación de que muchos agresores seguían utilizando armas de fuego para amedrentar o agredir.
OBLIGACIÓN JUDICIAL INMEDIATA
La reforma modifica el artículo 7 de la Ley N° 20.066, incorporando dos nuevos supuestos de aplicación automática de la cautelar de prohibición de porte y tenencia. El primero obliga al juez a aplicar de manera preventiva esta medida cuando la acción de violencia se realice mediante un arma de fuego o cuando esta se encuentre en el hogar compartido con la víctima. El segundo establece que si la demanda o denuncia se funda en hechos que afecten la vida, integridad física, libertad o indemnidad sexual de la víctima, y el denunciado está autorizado para portar armas -o las posee sin autorización-, el tribunal también deberá aplicar la prohibición e incautación.
Además, se añade un nuevo inciso tercero que garantiza el acceso de los Tribunales de Familia a los registros de la Dirección General de Movilización Nacional para verificar si el denunciado tiene autorización para tenencia o porte de armas.
REFUERZO EN TRIBUNALES DE FAMILIA
El artículo 92 de la ley N° 19.968 también fue modificado sustancialmente. Ahora, cuando el ofensor esté autorizado para portar armas, el tribunal deberá dictar en cualquier caso la medida cautelar del numeral 6, especialmente si el arma está inscrita en el inmueble compartido con la víctima o fue utilizada para intimidarla o agredirla. Si las armas no están inscritas, el tribunal deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Para el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones o Gendarmería, el tribunal debe informar a la comandancia o prefectura respectiva para que adopten medidas que limiten el uso de armas solo al ejercicio de funciones, con uniforme y en horario laboral. Las armas personales quedan sujetas a las reglas generales de incautación.
EXCEPCIÓN PROFESIONAL
Tanto en la Ley de Violencia Intrafamiliar como en la ley de Tribunales de Familia se incorpora una salvedad: la persona condenada o denunciada podrá solicitar que no se le imponga la medida si acredita que sus actividades industriales, comerciales, mineras o esenciales de su profesión u oficio requieren armas. El tribunal debe resolver fundadamente y rechazará la solicitud si existe un peligro cierto y grave para la víctima.
ARMAS NO INSCRITAS Y VIOLENCIA DE GÉNERO
La reforma también modifica el artículo 5 C de la Ley de Control de Armas, obligando al tribunal que dicte sentencia condenatoria o medidas cautelares a informar sobre cancelación de inscripciones, comiso o incautación a la institución del Estado a la que pertenezca la persona. Además, se incorpora a los tribunales de familia como sujetos activos de acceso a información en el artículo 16 de dicha ley.
En el Código Procesal Penal se agregó un nuevo literal h) al artículo 238, que establece como medida cautelar la prohibición de tenencia o porte de armas de fuego, con comunicación inmediata a la Dirección General de Movilización Nacional y a la institución respectiva.
Finalmente, en la Ley N° 21.675 contra la violencia de género, se modificó el artículo 34 para establecer que si quien agrede posee armas de fuego personales, el tribunal deberá adoptar la medida cautelar en el más breve plazo, y si las armas no están inscritas, remitirá los antecedentes al Ministerio Público.
El Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, promulgó la ley el 13 de julio de 2026.
Rol N° 21.829, Ministerio de Seguridad Pública.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
