Santiago, martes dieciséis de junio de dos mil veintiséis.
VISTOS:
A fojas 1 y siguientes, compareció Juan Antonio Castillo Saavedra, abogado, por sí y en representación de la Unión Temporal de Proveedores conformada por Castillo y Cía. Abogados Ltda. junto a Ernesto Bruna Reyes, quienes interponen acción de impugnación en contra del Instituto Nacional de Deportes de Chile por la dictación de la Resolución Exenta NC-2687, de 25 de julio de 2025 que declaró inadmisible la oferta de la actora y desierta la licitación pública ID N° 858-50-LS25, denominada «Servicio de Asesoría y Representación Judicial Especializada en materias que indica para la Dirección Nacional del IND» y el Acta de Evaluación de 2 de julio de 2025, que sirve de fundamento a dicha resolución.
Señaló la actora, que mediante la Resolución Exenta NC-1247/2025, de 14 de abril de 2025, se aprobaron las bases administrativas, técnicas y anexos para la Licitación Pública ID 858-50-LS25, cuyo objeto era contratar el «Servicios de Asesoría y Representación Judicial Especializada en materias que indica para la Dirección Nacional del IND».
Dicho acto fue modificado durante la etapa de presentación de ofertas mediante la Resolución Exenta NC-1348/2025, de 17 de abril de 2025, tanto en su cronograma como en criterios de evaluación.
Agrega que, dentro de los requisitos mínimos para la validez de las ofertas, los oferentes debían presentar los Anexos detallados en los apartados 8.3 y 8.4 de las bases administrativas.
En dicho contexto, y para participar en la licitación materia de autos, se conformó Unión Temporal de Proveedores entre Juan Antonio Castillo Saavedra, Castillo y Cía. Abogados Limitada, y Ernesto Bruna Reyes, mediante instrumento privado de fecha 28 de abril de 2025.
Luego, con fecha 9 de mayo de 2025, se emitió el «Informe de Evaluación Etapa Preselección», donde se da a conocer que la actora obtuvo el puntaje necesario para pasar a la etapa de entrevista y posterior evaluación.
Posteriormente, con fecha 2 de julio de 2025, se emitió por parte de la entidad licitante el Acta de Evaluación NC-66/2025, donde se certificó la recepción de tres ofertas; i) Sociedad Profesional Osorio y Contreras Abogados Limitada, RUT 77.894.921-0; ii) Castillo y Cía. Abogados Ltda. y Ernesto Bruna Reyes, RUT 76.118.376-1 y iii) Parada Tell & Cía., RUT 76.116.177-6.
Señala que, en el Acta de Evaluación, en particular en el acápite denominado «verificación de antecedentes», la Comisión Evaluadora señaló que la oferta presentada por la Unión Temporal de Proveedores Castillo y Cía. Abogados Ltda. y Ernesto Bruna Reyes contiene información que faltaba a la verdad en el currículum del abogado designado como encargado, Juan Antonio Castillo Saavedra. Esto, dado que el currículum vitae indicaba que dicho abogado trabajaba en el Instituto Nacional de Deportes desde enero de 2020 hasta la actualidad como Coordinador de la Unidad de Juicios, lo que resultó ser incorrecto por dos razones: 1) Renunció al Instituto el 1 de diciembre de 2023 (aceptada mediante Resolución Exenta N° 857/654/2023) y 2) Nunca tuvo funciones de coordinación de la Unidad de Juicios, ni siquiera durante el período en que sí fue funcionario. Lo anterior a juicio de la Comisión Evaluadora constituía una infracción al Pacto de Integridad del proceso que obliga a los oferentes a garantizar la veracidad y precisión de la documentación presentada, en consecuencia la Comisión propuso declarar la oferta inadmisible, ya que las Bases Administrativas (numeral 10.2) le facultan para ello cuando se comprueba falsedad en los antecedentes, siendo este caso especialmente grave al referirse a la idoneidad y experiencia del profesional clave en un servicio altamente especializado.
Señaló la actora, que en virtud de dichos argumentos el Instituto Nacional de Deportes de Chile decidió declarar inadmisible la oferta de la demandante, y desierta la licitación, sin posibilidad alguna de aclarar o subsanar la supuesta «información adulterada».
A juicio de la demandante con lo anterior se habría vulnerado el principio de no formalización y el fin público consagrado en el artículo 13 de la Ley N°19.880. Señala que el Pacto de Integridad de las bases, en su punto 27.4, obliga al oferente a verificar que la información presentada sea veraz, íntegra y precisa. Sin embargo, la resolución de la entidad licitante no demostraría que la información del currículum fuese «maliciosamente falsa» o que tuviera la intención de inducir a error. Agrega que, la discrepancia en las fechas y la falta de un nombramiento formal no anulan por completo la experiencia laboral en un área determinada.
Asimismo, alega que se vulneraría el principio de igualdad de los oferentes, atendido la información sobre el cargo y que la fecha de renuncia del abogado encargado no afectaría los criterios de evaluación de la oferta técnica, que se centran en la experiencia y la formación académica.
Agrega que, al rechazar la oferta de Castillo y Cia. Abogados Ltda. en UTP, por una cuestión que no afecta la idoneidad ni la calidad de su propuesta técnica, el demandado habría actuado de manera arbitraria, infringiendo el principio de igualdad de los oferentes y restringe la competencia del proceso.
Además, se vulneraría el principio de proporcionalidad y razonabilidad por la demandada, ya que la declaración de deserción sería una medida desproporcionada e irrazonable. La sanción de dejar sin efecto el proceso licitatorio, con el consiguiente retraso y costo para el Estado, sería una reacción excesiva ante un documento que no tiene la calidad de esencial dentro de la contratación.
Finalmente, alega que se vulneraría el principio de estricta sujeción a las bases y la debida motivación del acto, dado que la resolución impugnada, no solo carecería de la debida motivación que exige el artículo 41 de la Ley Nº19.880, sino que además el fundamento para declarar desierta la licitación sería arbitrario.
Por lo tanto, solicita se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos administrativos impugnados y, en consecuencia, se invalide parcialmente el proceso licitatorio, retrotrayéndolo al estado de realizar una nueva evaluación de las ofertas. Subsidiariamente, solicita se reconozca el derecho a entablar, en la sede jurisdiccional competente, las acciones indemnizatorias que sean pertinentes, con costas.
A fojas 192, compareció Rodrigo Henríquez Figueroa, abogado, en representación del Instituto Nacional de Deportes de Chile, quien evacuo el informe requerido solicitando el rechazo de la demanda por las consideraciones de hecho y derecho que detalla:
Señala en su informe, que el actuar de la Administración se basó estrictamente en las facultades y obligaciones que las propias bases administrativas disponían, así como también lo dispuesto en la Ley Nº19.886 y su reglamento.
Al respecto, señaló que la Comisión Evaluadora, al verificar los antecedentes dentro de la etapa de evaluación y selección, se percató de que el oferente había presentado información falsa respecto de la experiencia con la que contaba en el Instituto Nacional de Deportes de Chile y que fuera mencionada en su currículum, esto, tanto en fecha como en funciones, lo que fue debidamente comprobado y se dejó constancia junto a su análisis en el Acta de Evaluación NC-66/2025.
De este modo, en el currículum presentado por el demandante, en su apartado experiencia laboral, señaló que desde «enero de 2020 a la actualidad» ejercía el cargo de «Coordinador de Unidad de Juicios, Instituto Nacional de Deportes», cuestión que la Comisión Evaluadora verificó que lo anterior no era efectivo.
En primer lugar, en cuanto a las fechas, señaló que el Sr. Castillo habría presentado su renuncia con fecha 1° de diciembre de 2023 y que ésta fue aprobada mediante Resolución Exenta RAN°857/654/2023 de 12 de diciembre de 2023, y en segundo lugar, tampoco constaría que se le hubieren encomendado funciones de coordinación de la Unidad de Juicios.
Señala la demandada, que no se estaría cuestionando lo señalado en el Anexo N°2 de la oferta, sino que la inadmisibilidad estaría vinculada con el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el punto 27 de las Bases de Licitación «Pacto de Integridad», en relación con lo establecido en el Anexo N°3, Nota N°3, el cual señala:
27.4. Que obliga al oferente a «revisar y verificar toda la información y documentación (…) tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.»
27.6 «El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.»
27.8. El oferente «reconoce y declara que la oferta presentada (…) es una propuesta seria, con información fidedigna».
A su vez, la Nota 3 señala: «en caso de comprobarse la falsedad o adulteración de la información o su certificación, el Instituto podrá desestimar por completo la oferta presentada, considerando el Pacto de Integridad que cada oferente suscribe al aceptar las presentes bases de licitación, de acuerdo a punto 24 de bases administrativas.»
Por lo tanto, la demandante, al presentar en su oferta un Currículum con fecha errada y un cargo que no se ajustaban a la realidad, incumplió de manera flagrante y objetiva estos compromisos. La información sobre la experiencia reciente y el nivel de responsabilidad del abogado encargado es material y relevante, no un mero formalismo, pues incide directamente en la idoneidad que se pretende acreditar para un servicio de alta especialización.
Por su parte, dentro de las atribuciones de la Comisión Evaluadora, se encuentra la señala en la letra b) del punto 10.2 que indica: «b) Declaración de Inadmisibilidad: Propondrá la inadmisibilidad de las ofertas incompletas, que contengan antecedentes cuya falsedad se ha comprobado, o que no se ajusten a los requerimientos de las Bases. Dichas ofertas serán descartadas de plano, no avanzando, por ende, a la etapa de evaluación técnica y económica.»
Concluye que la oferta del demandante fue válidamente declarada inadmisible, dentro del proceso de evaluación como lo permite la normativa y en estricto cumplimiento de las Bases de Licitación y con irrestricto respeto a la igualdad de los oferentes, toda vez que haber adjudicado al actor, lo habría puesto en una posición de ventaja respecto de las otras dos ofertas, a quienes se les aplicó las sanciones de inadmisibilidad cuando correspondía.
Por lo tanto, solicita rechazar en todas sus partes la presente acción de impugnación, con expresa condena en costas.
A fojas 371, consta el acta de audiencia de conciliación frustrada.
A fojas 372, se recibió la causa a prueba por el término legal, fijándose como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente:
«Hechos y circunstancias que motivaron la dictación de la Resolución Exenta NC-2687, de 25 de julio de 2025, que declaró inadmisible la oferta de la demandante y desierta la licitación materia de autos.»
A fojas 420, se tuvo por acompañados como medio de prueba los documentos presentados por la parte demandada.
A fojas 570, se tuvo por reiterados por la parte demandante los documentos presentados y acompañados en su libelo de fojas 1 y siguientes.
A fojas 572, se certificó el término probatorio vencido.
A fojas 573, se citó a las partes a oír sentencia.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, corresponde a este Tribunal determinar si la declaración de inadmisibilidad de la oferta presentada por la Unión Temporal de Proveedores conformada por Juan Antonio Castillo Saavedra, Castillo y Compañía Abogados Limitada y Ernesto Bruna Reyes y la respectiva declaración de deserción del proceso ID 858-50-LS25 fue dispuesta de conformidad con lo dispuesto a las Bases de licitación que rigieron el proceso licitatorio. Lo anterior deberá analizarse a la luz de los principios que informan la contratación pública, en particular los de estricta sujeción a las bases, libre concurrencia e igualdad de los oferentes.
SEGUNDO: Que, para efectos de una adecuada delimitación del objeto del presente proceso, resulta necesario dejar expresamente establecido que los siguientes hechos constituyen antecedentes no controvertidos, por cuanto no han sido objeto de discusión, ni cuestionamiento alguno por las partes en esta causa, a saber:
– Que, mediante Resolución Exenta N°NC1247/2025 de fecha 14 de abril del año 2025, el Instituto Nacional de Deportes de Chile, aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la licitación denominada «Servicios de Asesoría y Representación Judicial Especializada en materias que indica para la Dirección Nacional del IND» las que tenían por objeto la contratación del servicio de asesoría jurídica especializada por un plazo de 12 meses con un presupuesto total de $63.000.000 (sesenta y tres millones de pesos) impuestos incluidos.
– Que, mediante Resolución Exenta N° NC01348/2025 del 17 de abril de 2025, se modificaron las Bases de licitación previamente singularizadas.
– Que, con fecha 9 de mayo de 2025, se emitió el Informe de Evaluación Etapa Preselección, que da cuenta de que al proceso licitatorio se presentaron los siguientes oferentes: Sociedad Profesional Osorio y Contreras Abogados Limitada; la Unión Temporal de Proveedores compuesta por Castillo y Compañía Abogados Limitada y Ernesto Bruna Reyes; y Parada Tell & Cia.
– Que, con fecha 2 de julio de 2025, se emitió el Acta de Evaluación N° NC-00066/2025, que sugirió declarar inadmisible oferta y desierta licitación.
– Que, mediante Resolución Exenta N° NC-2687/2025, de 25 de julio de 2025 se declararon inadmisibles las ofertas y desierta la licitación pública ID N° 858-50-LS25, denominada «Servicio de Asesoría y Representación Judicial Especializada en materias que indica para la Dirección Nacional del IND»
– Que, con fecha 6 de agosto de 2025, la Unión Temporal de Proveedores conformada por Juan Antonio Castillo Saavedra, Castillo y Compañía Abogados Limitada y Ernesto Bruna Reyes debidamente representada dedujo acción de impugnación ante este Tribunal, dentro del plazo legal, conforme se desprende de los antecedentes que rolan a fojas 1 y siguientes de autos.
TERCERO: Que, para la adecuada resolución de la controversia, resulta necesario determinar el marco normativo aplicable al procedimiento licitatorio de autos, atendido que las Bases de la licitación pública ID N° 858-50-LS25 denominada «Servicios de Asesoría y Representación Judicial Especializada en materias que indica para la Dirección Nacional del IND» fueron dictadas con fecha 14 de abril del año 2025.
En ese sentido, la normativa legal aplicable corresponde a las disposiciones contenidas en la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en su texto modificado por la Ley N°21.634, que entró en vigor con fecha 12 de diciembre de 2024; el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprobó el Reglamento de dicho cuerpo legal; y las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la licitación pública en comento que constituyen el estatuto jurídico obligatorio del procedimiento concursal, vinculando tanto a la entidad licitante como a los oferentes participantes, en armonía con el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.
Asimismo, el artículo 9° de la Ley N°18.575, establece que los contratos administrativos deberán celebrarse previa propuesta pública, rigiéndose el procedimiento concursal por los principios de libre concurrencia de los oferentes e igualdad ante las Bases.
Además, se regirá supletoriamente por las normas de Derecho Público y aquellas del Derecho Común que resulten pertinentes.
CUARTO: Que, con el objeto de fundamentar sus pretensiones y defensas, las partes acompañaron una serie de antecedentes en sustento de sus respectivas posiciones. En efecto, junto a su demanda y en la correspondiente etapa probatoria, la actora acompañó los antecedentes que a continuación se detallan:
– A fojas 20 de autos, acompañó copia de Resolución Exenta N°NC1247/2025 de fecha 14 de abril del año 2025, que aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la licitación denominada «Servicios de Asesoría y Representación Judicial Especializada en materias que indica para la Dirección Nacional del IND».
– A fojas 53 de autos, acompañó copia de Resolución Exenta N° NC01348/2025 del 17 de abril de 2025, que modificó Bases de licitación.
– A fojas 63 de autos, acompañó copia de documento de Constitución de Unión Temporal de Proveedores entre Juan Antonio Castillo Saavedra, Castillo y Compañía Limitada y Ernesto Bruna Reyes.
– A fojas 66 de autos, acompañó copia de Informe de Evaluación Etapa Preselección, de fecha 9 de mayo de 2025.
– A fojas 75 de autos, acompañó copia de Acta de Evaluación N° NC 00066/2025 de fecha 2 de julio de 2025.
– A fojas 78 de autos, acompañó copia de Resolución Exenta N° NC-22687/2025, de 25 de julio de 2025 que declaró inadmisibles las ofertas y desierta la licitación pública ID N° 858-50-LS25.
– A fojas 83 y siguientes de autos, acompañó copia de los antecedentes de su oferta y junto a sus respectivos Anexos N° 2, 3, 4 y 5.
– A fojas 159 y siguientes de autos, acompañó copia de correos electrónicos que según la actora darían cuenta de las funciones que desempeñaba Juan Antonio Castillo Saavedra en el Instituto Nacional de Deportes de Chile.
– A fojas 42, reiteró documentos acompañados en su demanda.
Por su parte, la demandada acompañó al proceso los antecedentes que a continuación se detallan:
– A fojas 208 de autos, acompañó copia de Resolución Exenta N°NC1247/2025 de fecha 14 de abril del año 2025, que aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la licitación denominada «Servicios de Asesoría y Representación Judicial Especializada en materias que indica para la Dirección Nacional del IND».
– A fojas 241 de autos, acompañó copia de Resolución Exenta N° NC01348/2025 del 17 de abril de 2025, que modificó Bases de licitación.
– A fojas 251 de autos, acompañó copia de Foro de preguntas y respuestas, publicado en el sitio de mercado público.
– A fojas 332 de autos, acompañó copia de los antecedentes de la oferta presentada por la actora.
– A fojas 329 de autos, acompañó copia de documento de Constitución de Unión Temporal de Proveedores entre Juan Antonio Castillo Saavedra, Castillo y Compañía Limitada y Ernesto Bruna Reyes.
– A fojas 332 de autos, acompañó copia de Informe de Preselección de la licitación ID N°858-50-LS25, extraído del Sistema de Información y gestión de Compras y Contrataciones del Estado.
– A fojas 334 de autos, acompañó copia del comprobante de ingreso de la oferta presentada por la UTP Castillo y Cía. Abogados Ltda. con Ernesto Bruna Reyes.
– A fojas 336 de autos, acompañó copia de Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos del oferente UTP Castillo y Cía. Abogados Ltda. con Ernesto Bruna Reyes.
– A fojas 339 de autos, acompañó copia de Informe de Evaluación Etapa Preselección, de fecha 9 de mayo de 2025.
– A fojas 348 de autos, acompañó copia de Acta de Evaluación N° NC 00066/2025 de fecha 2 de julio de 2025.
– A fojas 351 de autos, acompañó copia de Resolución Exenta N° NC-22687/2025, de 25 de julio de 2025 que declaró inadmisibles las ofertas y desierta la licitación pública ID N° 858-50-LS25.
– A fojas 376 y siguientes de autos, acompañó copia de las Resoluciones Exentas 857-139-2020; 857-306-2020; 857-573-2020; 857-647-2020; 857-691 2021; 857-668-2022 y 857-756-2022, sobre renovaciones o prorrogas de contrata del Sr. Juan Castillo Saavedra, entre los años 2020 y 2023.
– A fojas 398 de autos, acompañó copia de la Resolución Exenta RA Nº857/654/2023, de fecha 12 de diciembre de 2023, emitida por el Instituto Nacional de Deportes de Chile, que acepta la renuncia voluntaria del Sr. Juan Castillo Saavedra.
– A fojas 400 de autos, acompañó copia de la Resolución Exenta Nº3083-2018 de fecha 4 de octubre de 2018, que deroga Resolución Exenta N°106 de 2018, que delega funciones que indica.
– A fojas 417 de autos, acompañó copia de la Resolución Exenta N°1762-2022 del 15 de julio de 2022.
QUINTO: Que, el Tribunal procedió a efectuar un examen completo de la prueba, analizando los antecedentes acompañados al proceso y ponderándolos en relación con las alegaciones formuladas por las partes, todo lo anterior, a la luz de la normativa aplicable al caso, a fin de determinar su mérito probatorio y pertinencia para la acreditación de los hechos controvertidos.
En ese orden de ideas, resulta fundamental recapitular de forma pormenorizada las alegaciones incoadas por la actora, a saber:
En primer lugar, la actora sostiene que la declaración de inadmisibilidad de su oferta fue ilegal y arbitraria ya que la discrepancia advertida por la Comisión Evaluadora en el currículum vitae del abogado encargado, relativa a las fechas de desempeño y a la denominación del cargo de «Coordinador de la Unidad de Juicios» del Instituto Nacional de Deportes, constituye un vicio de carácter meramente formal que no afecta la validez de la oferta ni la idoneidad técnica del equipo propuesto.
Agrega que la experiencia profesional y la formación académica exigidas por las bases se encontraban plenamente acreditadas mediante los demás antecedentes acompañados, de modo que la información contenida en el currículum no alteraba el cumplimiento de los requisitos técnicos ni otorgaba una ventaja indebida respecto de los demás oferentes y que no existió intención dolosa o maliciosa de inducir a error, pues la referencia al cargo obedecía a una descripción de funciones efectivamente desempeñadas al interior del propio Instituto Nacional de Deportes, entidad que disponía de los antecedentes necesarios para verificar dicha circunstancia.
Que, según consta a fojas 256 de autos, la actora acompañó a su oferta según lo establecido en el numeral 8.3 de las Bases de licitación denominado «Oferta Técnica», junto a su Anexo N°2, copia del currículum vitae del abogado propuesto como abogado encargado del servicio, documento en el cual se consignó que éste se habría desempeñado desde enero del año 2020 y hasta la fecha de presentación de la oferta —verificada aproximadamente el 8 de mayo de 2025— como «Coordinador de la Unidad de Juicios» del Instituto Nacional de Deportes, describiendo las funciones que supuestamente ejercía en dicho cargo.
Que, por otro lado, no constituye un hecho controvertido que la Comisión Evaluadora constató discrepancias entre la información declarada en el referido currículum vitae y los antecedentes existentes en poder del propio Instituto Nacional de Deportes, circunstancia que fue consignada expresamente en la Resolución Exenta N° NC-02687/2025, de 25 de julio de 2025, que rola a fojas 81 de autos, y que en lo pertinente señala:
A mayor abundamiento, con el objetivo de acreditar sus dichos la demandada acompañó a fojas 376 de autos copia de la Resolución Exenta RA N° 857/139/2020 que designó a contrata a don Juan Antonio Castillo Saavedra y a fojas 378 y siguientes de autos, copias de las Resoluciones Exentas RA N°857/307/2020; 857/573/2020; 857/647/2020; 857/691/2020; 857/668/2021; 857/756/2022, que prorrogaban la contrata del funcionario hasta el 31 de diciembre de 2023.
Asimismo, la demandada acompañó a fojas 398 de autos, copia de la Resolución Exenta RA N°857/654/2023 que aceptó renuncia voluntaria de don Juan Antonio Castillo Saavedra, al cargo de profesional grado 4° del Instituto Nacional del Deporte a contar del 1 de diciembre de 2023.
Y por último, a fojas 400 y 417 la demandada acompañó copia de las Resoluciones Exentas Nº3083-2018 y 1762-2022 respectivamente, que dan cuenta de la estructura orgánica de la entidad licitante, y en particular respecto del Departamento Jurídico, dan cuenta de la inexistencia del cargo de «Jefe de la Unidad de Juicios del Departamento Jurídico», invocado por la actora en el currículum anexado a su oferta.
Luego, acreditada la existencia de la referida discrepancia y no siendo ella objeto de controversia entre las partes, corresponde a este Tribunal determinar si aquella revestía el carácter de un error meramente formal, como sostiene la actora, o si, por el contrario, incidía en aspectos esenciales de la oferta que justifican la decisión adoptada por la entidad licitante.
Al respecto, resulta especialmente relevante considerar que el objeto de la licitación correspondía a la contratación de un Servicio de Asesoría y Representación Judicial Especializada, circunstancia que otorgaba una importancia preponderante a la evaluación de los antecedentes técnicos de los profesionales ofrecidos. En efecto, según consta a fojas 31, el criterio denominado «Oferta Técnica» tenía asignada una ponderación equivalente al 65% del puntaje total, subdividiéndose en los subcriterios «Experiencia en litigación», con una incidencia del 40% y «Puntaje Etapa Preselección», con una ponderación del 25%.
Para efectos de evaluar el Criterio Técnico, las Bases Administrativas exigían la presentación de los Anexos N° 2, N° 3 y N° 4 debidamente respaldados. Precisamente es respecto del currículum vitae adjunto al Anexo N° 2 donde se constataron las inconsistencias relativas tanto a la denominación del cargo, como a los períodos de ejercicio, antecedentes cuya verificación se encontraba expresamente permitida a la Comisión Evaluadora y que fueron corroborados mediante información emanada de la misma institución en la cual el profesional afirmaba haber prestado servicios.
De manera que, en concepto de este Tribunal, las inconsistencias detectadas no pueden ser calificadas como meros errores formales o intrascendentes, toda vez que recaen sobre antecedentes directamente vinculados con la acreditación de la experiencia profesional y la idoneidad del abogado propuesto como encargado para la ejecución del contrato, aspectos que constituían elementos esenciales para la evaluación del criterio técnico, el que además, dada su relevancia en el proceso en cuestión, tenía la mayor ponderación asignada dentro del procedimiento licitatorio. Admitir tales antecedentes como válidos o restarles relevancia, habría implicado otorgar una ventaja indebida a la actora, que habría incidido necesariamente en la correcta evaluación de las ofertas y comprometido el principio de igualdad de los oferentes que debe regir entre los participantes.
Adicionado a lo anterior, desde la perspectiva normativa las Bases Administrativas del proceso licitatorio establecían exigencias expresas al respecto. En efecto, el pliego de condiciones contemplaba un Pacto de Integridad, destinado a prevenir conductas contrarias a la probidad, promover la transparencia y reforzar el compromiso ético de los participantes durante todo el procedimiento de contratación. Dicho instrumento, que fue aceptado expresamente por la demandante al presentar su oferta, imponía a los oferentes la obligación de adoptar todos los resguardos necesarios para proporcionar información veraz y fidedigna, estableciendo en sus numerales 27.4 y 27.8 deberes específicos en tal sentido, los que según consta a fojas 42 de autos, señalan respectivamente:
Por consiguiente, la presentación de antecedentes que no se correspondían con la realidad, afecta directamente la veracidad de la información proporcionada por el oferente y constituye un incumplimiento de los compromisos asumidos en el referido Pacto de Integridad, circunstancia que excede el ámbito de un simple error meramente formal.
En este orden de ideas, las Bases Administrativas de licitación en su numeral 10.2 denominado «Funciones de la Comisión Evaluadora» literal b) denominado «Declaración de Inadmisibilidad» dispone expresamente que este organismo deberá proponer la declaración de inadmisibilidad de aquellas ofertas que contengan antecedentes cuya falsedad haya sido comprobada. En consecuencia, es la propia regulación del procedimiento la que facultaba expresamente a la Comisión para adoptar la decisión impugnada cuando verificara la existencia de antecedentes carentes de veracidad.
En mérito de todo lo expuesto, este Tribunal concluye que la inconsistencia detectada por la Comisión Evaluadora no constituye un error de carácter meramente formal, sino que afecta un aspecto sustancial de la oferta, relacionado con la acreditación de la experiencia del profesional propuesto y que la actora incumplió el deber de proporcionar información veraz y fidedigna dentro del procedimiento licitatorio. Por ello, la actuación de la entidad licitante al declarar inadmisible la oferta y desierto el proceso licitatorio, se ajustó a las facultades expresas conferidas por las Bases de licitación a la Comisión Evaluadora y a los principios que rigen la contratación pública, sin que se advierta arbitrariedad o ilegalidad en los actos impugnados, motivo por el cual la presente alegación será desestimada.
SEXTO: Que, en segundo lugar, y relacionado a la primera alegación la demandante sostiene que la entidad licitante omitió ejercer la facultad prevista en las Bases Administrativas y en el artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886, para requerir aclaraciones respecto de la supuesta información adulterada y que dicha omisión la privó arbitrariamente de la posibilidad de explicar o subsanar la discrepancia advertida antes de adoptar la decisión de declarar inadmisible su oferta.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Compras dispone en lo pertinente: «Durante la etapa de evaluación la Entidad licitante podrá solicitar a los oferentes: 1. Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta…».
Luego, la facultad de solicitar aclaraciones a las ofertas constituye un mecanismo excepcional que permite a la entidad licitante despejar dudas sobre el contenido de una propuesta, siempre que ello no importe alterar sus elementos esenciales ni otorgar una ventaja
Rol N° 858-50-LS25, Tribunal de Contratación Pública.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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