El padre de un joven asesinado por un menor de edad durante un robo alzó la voz en el debate parlamentario sobre el endurecimiento de la Responsabilidad Penal Adolescente para demandar penas «más proporcionales» a la gravedad de los delitos. Andrés Cubillos, cuyo hijo Andrés Felipe Cubillos Contreras fue víctima fatal en 2017, acusó que el sistema ha dejado a las víctimas como «los grandes ignorados» de la discusión. La crítica se da justo cuando la comisión de Constitución del Senado aprobó aumentar las sanciones máximas para los menores infractores, en el marco de una iniciativa del senador Andrés Longton (RN).
DEBATE PARLAMENTARIO
El pasado lunes, la comisión de Constitución del Senado dio luz verde a un proyecto que modifica la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente. El texto, impulsado por el senador Andrés Longton (RN), contempla un alza en los máximos de las condenas. Según explicó el propio parlamentario, los tramos que hoy llegan a cinco años de pena pasarán a 10 años para menores de 14 a 16 años. En el caso de los jóvenes de 16 a 17 años, el máximo que era de 10 años sube a 15 años.
Longton detalló que la reforma incorpora además una regla especial de determinación de penas, de modo que la condena no varíe según el tribunal que conozca la causa. El senador afirmó que esta fórmula entrega mayor objetividad y certeza jurídica a las víctimas y sus familias, especialmente frente a un catálogo de delitos violentos en que los menores están recuperando la libertad rápidamente.
EL PADRE DE ANDRÉS FELIPE
En ese contexto, Andrés Cubillos publicó una carta en El Mercurio titulada «Clamando justicia por nuestros hijos». En ella, relata que su hijo Andrés Felipe, de 19 años, fue asesinado en 2017 por un menor de 16 años que intentó robarle su teléfono celular. El ataque consistió en una lesión penetrante cardíaca. A pesar de lo grave del delito, la pena efectiva del agresor fue de tres años en régimen cerrado.
Cubillos sostiene que esa desproporción evidencia un problema de fondo: el Estado ha articulado una justicia que prioriza al infractor y deja a las víctimas en un rango secundario. También cuestiona que el «Interés Superior del Adolescente» se aplique desvinculado del bien común y de la justicia retributiva, lo que, en su opinión, termina subvencionando la impunidad a costa del dolor de las familias. Para el padre, convertir la pena en una formalidad superficial no reinserta al joven ni protege a la comunidad, sino que vacía de costo el acto de quitar una vida.
Por eso, exige una reforma legal que restablezca la proporcionalidad de las sanciones, pues solo un castigo auténtico otorga la paz necesaria para el duelo y ofrece al infractor una oportunidad real de maduración y responsabilidad moral.
CIFRAS DE LA FISCALÍA
La discusión se da en medio de datos que muestran un comportamiento dispar entre los adolescentes infractores. Según el informe de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile (2015-2025) de la Fiscalía Nacional, un 10% de los adolescentes infractores concentra el 43% de los delitos. En contraste, el 67,2% presenta trayectorias de baja intensidad y desistimiento temprano de la conducta delictiva. Estas cifras son citadas en el debate legislativo para dimensionar el impacto de una eventual reforma.
ALCALDES RECHAZAN REBAJAR LA EDAD
En paralelo, un grupo de alcaldes de oficialismo y oposición salió al paso de algunas propuestas que han surgido en la discusión. Los jefes comunales expresaron su rechazo a rebajar a 13 años la responsabilidad penal adolescente y a aplicar la justicia adulta a los menores. Su postura quedó plasmada en una carta publicada en El Mercurio, suscrita por Camila Merino (Evópoli) de Vitacura; Claudio Castro (IND) de Renca; Carol Bown (UDI) de San Miguel; Gustavo Toro (DC) de San Ramón; Sebastián Sichel (IND) de Ñuñoa; Karina Delfino (PS) de Quinta Normal; Isabel Valenzuela (UDI) de Colina; Tomás Vodanovic (FA) de Maipú; Jaime Bellolio (UDI) de Providencia y Christopher White (PS) de San Bernardo.
Los alcaldes plantearon que no basta con expresar indignación ni con aprobar penas que parecen duras en el papel. Sostienen que las víctimas necesitan algo concreto: que la sanción se cumpla y sea proporcional al daño, que el joven sea reinsertado y que el Estado evite nuevas víctimas. En esa línea, proponen que para delitos violentos cuya sanción supere los tres años se aplique régimen cerrado con programas de reinserción efectivos. Además, sugieren que la reiteración de delitos de la misma especie tenga un aumento de hasta un grado en la pena, pero siempre dentro del sistema adolescente.
Asimismo, piden que la reinserción esté en el centro del debate, con tratamiento de adicciones, continuidad de estudios, salud mental y formación laboral. Sin esas herramientas, advierten, el adolescente egresa y el sistema vuelve a fallarles a las víctimas.
La reforma a la justicia penal adolescente sigue su curso en el Senado, en una discusión que enfrenta posturas sobre el endurecimiento punitivo y la necesidad de garantizar la reinserción. Mientras tanto, víctimas y alcaldes coinciden en que las sanciones deben ser proporcionales y efectivas, un desafío que marcará el futuro de la Ley 20.084.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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