
Las excandidatas presidenciales Evelyn Matthei y Carolina Tohá coincidieron en cuestionar la forma en que el gobierno ha impulsado su agenda de seguridad, al advertir que varias de las nuevas propuestas se definieron sin diálogo político ni consulta a expertos y que algunas iniciativas, como el ingreso de militares a las poblaciones, podrían terminar operando como herramientas de polarización más que como soluciones reales a la delincuencia.
Ambas intervinieron en el lanzamiento del estudio “¿Dónde está el centro? Mapa político del Chile actual con voto obligatorio”, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En ese espacio, Matthei y Tohá plantearon su preocupación por que la seguridad, siendo una de las principales demandas ciudadanas, se transforme en un eje de confrontación política con fines electorales.
LA ADVERTENCIA SOBRE LA POLARIZACIÓN
Matthei sostuvo que el deterioro de la convivencia y el aumento de la confrontación política pueden terminar afectando la capacidad del Estado y de la sociedad para enfrentar problemas como la delincuencia. En su intervención, la exalcaldesa de Providencia advirtió sobre los riesgos de convertir al adversario político en un enemigo y afirmó que la división puede ser utilizada con fines electorales o de poder.
En ese contexto, abordó directamente las propuestas de seguridad anunciadas por el Ejecutivo. Puso como ejemplo la posibilidad de establecer una reforma constitucional para permitir que militares estén en las poblaciones. “Uno se pregunta si eso de verdad tiene por objeto mejorar la seguridad, que es algo que acongoja a la mayoría de los chilenos, o si tiene nuevamente por objeto más bien polarizar”, señaló.
La excandidata fue tajante al calificar la medida. Según Matthei, la opción de llevar militares a los barrios “no sirve”, e instó a no caer en discusiones que terminen ocupando el debate público sin resolver el problema de fondo.
CUESTIONAMIENTO A LA LÓGICA DE ENFRENTAMIENTO
Matthei también llamó a no asumir que una postura crítica frente a determinadas medidas equivale a estar en contra de una política de seguridad más dura. A su juicio, el debate debería salir de la lógica de enfrentamiento entre quienes supuestamente están a favor o en contra de la seguridad y concentrarse en la efectividad de las medidas.
Para la exautoridad, el problema no se resuelve presentando las propuestas como sinónimo de una postura más firme frente a la delincuencia. Planteó que lo central es determinar qué iniciativas son realmente eficaces y cuentan con sustento, en lugar de instalar una discusión binaria que impide abordar el fenómeno con seriedad.
TODA LA SOCIEDAD DEMANDA SEGURIDAD
Tohá coincidió en que la seguridad constituye una preocupación transversal. Al analizar al electorado que no se identifica con un sector político, la exministra del Interior sostuvo que este grupo puede tener posiciones especialmente duras en materias como seguridad y migración, pero que esa característica no necesariamente implica una adhesión a una determinada corriente ideológica.
“Tiene una postura muy dura en el tema de la seguridad, pero toda la sociedad las tiene”, afirmó. Con ello, Tohá planteó que la demanda por mayor seguridad no es patrimonio exclusivo de un sector político y que su intensidad no puede leerse como un indicador de alineamiento partidario.
CRÍTICA A LA FALTA DE DIÁLOGO
El principal cuestionamiento de Tohá estuvo dirigido a la forma en que se construye la agenda de seguridad. La exministra señaló que “en relación a la agenda de seguridad que está presentando el gobierno, donde hay muchas cosas que, en fin, se arrastran de acuerdos previos que se tomaron en otro momento. Pero todo lo nuevo que se suma, mayoritariamente, se definió sin ningún diálogo con nadie. Ni políticos, ni con expertos de otros sectores, con nadie”.
Tohá advirtió además que algunas iniciativas son llevadas a una discusión constitucional con el efecto de forzar a los demás sectores a tomar posición y presentarlos como opositores a la seguridad. “Obligar a ponerlos como contrarios a la seguridad”, resumió.
A su juicio, esta estrategia contribuye al pesimismo ciudadano, pese a que existen espacios para alcanzar acuerdos en materia de seguridad. La excandidata también cuestionó el discurso según el cual todo lo realizado anteriormente estaría equivocado y sería necesario comenzar nuevamente desde cero. Ese relato, planteó, termina debilitando la confianza de la ciudadanía en sus propias instituciones y en el país.
EL RIESGO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
El debate sobre la presencia de militares en las poblaciones tiene una dimensión constitucional relevante. Matthei puso en duda que una reforma de ese tipo tenga como propósito real mejorar la seguridad, al advertir que podría responder a una lógica de polarización. Su crítica apunta a que el uso de la discusión constitucional para instalar este tema obliga a los sectores a tomar posición pública, aunque la medida no cuente con respaldo técnico suficiente.
Tohá complementó esa lectura al señalar que llevar iniciativas a ese nivel obliga a los otros actores a aparecer como contrarios a la seguridad. Para la exministra, esa dinámica profundiza la desconfianza ciudadana y dificulta la construcción de acuerdos que sí serían posibles si el diálogo antecediera a la definición de las políticas.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.



