La megarreforma impulsada por el gobierno del presidente Kast se adentra en una etapa determinante en el Senado, un escenario donde las negociaciones se tornan más complejas y los márgenes políticos más estrechos que en la Cámara de Diputados. Los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; del Interior, Claudio Alvarado; y de la Segpres, José García Ruminot, consiguieron sacar adelante el proyecto en la Cámara baja, pero ahora se enfrentan a una correlación de fuerzas diferente en la Cámara Alta. Allí los apoyos son más limitados y las demandas de modificaciones crecen.
NEGOCIACIONES EN EL SENADO
Desde el oficialismo estiman contar con al menos 26 votos para respaldar la idea de legislar, pero la aprobación de los cerca de 50 artículos del megaproyecto requiere acuerdos más amplios. Senadores considerados bisagra, como Matías Walker (ex-Demócratas), Miguel Ángel Calisto (independiente) y Alejandro Kusanovic (independiente y ex RN), serán decisivos. Walker ya adelantó su respaldo a la idea de legislar, pero exige una mayoría consolidada. Paralelamente, legisladores como Pedro Araya (PPD) y Karim Bianchi han planteado sus propias exigencias de modificaciones. La apertura del Ejecutivo a realizar concesiones dependerá del nivel de respaldo que logre congregar en la votación.
LOS PUNTOS EN CONFLICTO
Uno de los artículos que despierta mayor controversia es la invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos de inversión superiores a 50 millones de dólares. El gobierno evalúa reducir el plazo a 20 años y aumentar el piso a 500 millones de dólares, tal como lo ha propuesto la Democracia Cristiana. Otra iniciativa en discusión es la eliminación del pago de contribuciones para propietarios de viviendas mayores de 65 años, lo que impacta en el Fondo Común Municipal. Para acotar el beneficio, se analiza fijar un límite en el valor comercial de la propiedad, entre 500 y 600 millones de pesos. La principal disputa se centra en el crédito tributario al empleo, cuyo costo fiscal asciende a 1.400 millones de dólares. Diversas bancadas critican su elevado costo y su bajo efecto en la generación de puestos de trabajo, mientras que el ministro Quiroz lo defiende como un incentivo al crecimiento económico. Desde Chile Vamos, se ha destacado la importancia de considerar las alertas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo creado durante el gobierno de Sebastián Piñera, y se ha señalado que acoger esas advertencias permitiría diferenciarse de la administración de Gabriel Boric, que no las tomó en cuenta.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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