El ministro encargado del subcomité de acceso a la justicia de personas y grupos vulnerables, Gonzalo Ruz, encabezó una jornada de sensibilización y capacitación centrada en la guía práctica para el acceso a la justicia de personas mayores. La actividad, difundida por el canal Poder Judicial Chile, busca instalar criterios concretos en los tribunales del país para garantizar un servicio más inclusivo y comprensible para ese grupo etario.
Durante la jornada, se abordaron las principales recomendaciones contenidas en el documento, entre las que destacan la implementación de módulos de atención preferente, la instalación de rampas antideslizantes, la redacción de sentencias con explicaciones sencillas de términos jurídicos y el apoyo en el uso de medios digitales. La guía, elaborada bajo el alero del subcomité, responde a la necesidad de traducir en acciones concretas los derechos reconocidos en la ley y en los instrumentos internacionales.
“No hay lenguaje claro si no se comprende”, señaló el ministro Ruz durante la capacitación, al explicar que una persona puede saber que tiene un derecho, pero si no logra entenderlo porque nadie se lo explica, ese derecho queda “tallado en un mármol” y no recibe aplicación alguna. En esa línea, llamó a los operadores del sistema a convertir la labor diaria en “un puente hacia una justicia más humana, más comprensible y verdaderamente accesible”.
CONTENIDO DE LA GUÍA PRÁCTICA
La guía práctica se estructura en cuatro apartados generales. El primero, denominado “recomendaciones transversales”, contiene cinco ejes: resguardo de derechos específicos, atención y trato, lenguaje e información, infraestructura, y capacitación y coordinaciones. Este capítulo establece estándares que deben ser aplicados por todos los tribunales, independientemente de la materia que conozcan.
El segundo apartado reúne “medidas específicas por materia”. Allí se detallan adecuaciones para los procedimientos de familia, penal, civil, laboral y de segunda instancia. Por ejemplo, en el ámbito penal se sugiere dar un trato preferente a las personas mayores que concurren a los tribunales y, si la persona mayor está en situación de riesgo para su vida o su salud, priorizar especialmente la resolución de su caso.
El tercer capítulo recoge “buenas prácticas”, una sección que sistematiza experiencias aplicadas por tribunales piloto que implementaron esta guía. Según lo expuesto en la capacitación, varios tribunales han trabajado en la incorporación de lenguaje claro en las resoluciones judiciales, definiendo términos complejos de manera más comprensible para los usuarios.
Finalmente, el cuarto apartado enumera “instituciones relacionadas”, entre las que se mencionan el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y las oficinas de defensa jurídica integral para adultos mayores de la Corporación de Asistencia Judicial, entre otras.
MARCO NORMATIVO
La guía práctica se enmarca en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y en el cumplimiento de la Ley N° 21.822, que establece medidas para garantizar el acceso a la justicia de este grupo. La capacitación busca que la implementación del documento se extienda a diversos tribunales del país, uniformando criterios que permitan una atención respetuosa de la dignidad y autonomía de las personas mayores.
La jornada también relevó la importancia de que los funcionarios judiciales adquieran herramientas para identificar barreras comunicacionales y de infraestructura, y para ofrecer un trato diferenciado cuando la situación lo amerite, sin que ello signifique discriminación.
PRÓXIMOS PASOS
De acuerdo con lo señalado en la actividad, se espera que la guía continúe su difusión y aplicación progresiva en tribunales de todo Chile. El subcomité de acceso a la justicia de personas y grupos vulnerables mantendrá un monitoreo de las experiencias piloto y recogerá nuevos insumos para perfeccionar el documento.
La capacitación encabezada por el ministro Ruz forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Poder Judicial para dar cumplimiento a los estándares internacionales y legales en materia de derechos de las personas mayores, en un contexto donde el envejecimiento poblacional exige respuestas concretas desde la institucionalidad.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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