La Corte de Apelaciones de San Miguel recibió para su tramitación un reclamo de ilegalidad municipal presentado por la asociación comunitaria recurrente en contra de la Ilustre Municipalidad de San Miguel, tras el término anticipado de un contrato de comodato que permitía el uso de un gimnasio comunitario.
El recurso se dirige contra el Ordinario N° 3-285 del 25 de noviembre de 2025 y el decreto alcaldicio N° 8021, Providencia N° 3680, de fecha 6 de julio de 2026. Según el escrito, la autoridad edilicia puso fin unilateralmente al comodato suscrito el 1 de julio de 2010, respecto de un inmueble destinado a actividades deportivas y recreacionales en beneficio de la comunidad.
LOS HECHOS
El contrato de comodato, firmado el 1 de julio de 2010, recaía sobre un gimnasio de 1.713,59 metros cuadrados, ubicado en la comuna y construido con fondos del programa estatal «Quiero Mi Barrio». El inmueble estaba destinado a actividades deportivas, con la obligación de facilitarlo sin costo a las organizaciones comunitarias del sector, y contemplaba renovaciones tácitas cada cinco años.
El 25 de noviembre de 2025, el alcalde comunicó la decisión de poner término anticipado al contrato. Posteriormente, se notificó a la parte recurrente sobre la medida, informando que personal municipal se haría presente el 6 de abril para la entrega del recinto. El 17 de abril de 2026, sin mediar orden judicial, personal municipal acompañado de Carabineros ingresó al gimnasio, cambió el candado y tomó posesión del inmueble.
El 14 de mayo de 2026, la asociación comunitaria afectada presentó un reclamo administrativo de ilegalidad ante el alcalde, el cual fue rechazado el 6 de julio de 2026 mediante el decreto alcaldicio impugnado. Dicho acto administrativo fundó la decisión en supuestos reclamos por cobros indebidos y ruidos molestos, además de la instalación de césped sintético que limitaría el uso del recinto.
LOS FUNDAMENTOS DEL RECLAMO
El reclamo sostiene que el decreto alcaldicio adolece de múltiples vicios de legalidad. En primer lugar, se alega que el acto carece de motivación suficiente, pues los fundamentos invocados son meras afirmaciones sin respaldo probatorio y no configuran las causales legales o contractuales que habilitarían la terminación anticipada del comodato.
Se invoca también la vulneración del principio de contradictoriedad, ya que la asociación comunitaria recurrente no fue emplazada para formular observaciones durante el procedimiento administrativo. Asimismo, se argumenta que la decisión del alcalde se adoptó sin el acuerdo previo del Concejo Municipal, exigido por el artículo 65 letra f) de la Ley N° 18.695 para transferir la mera tenencia de bienes inmuebles municipales.
Además, se denuncia que la notificación de la resolución se realizó por correo electrónico, sin que la parte hubiera aceptado expresamente ese medio, y se alega la infracción de los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, que consagran la fuerza obligatoria de los contratos y el principio de buena fe, vulnerando el contrato de comodato vigente por más de dieciséis años.
El escrito sostiene que la instalación del césped sintético fue financiada por la propia municipalidad con un aporte de cinco millones de pesos y que dicha mejora no excluía otras actividades deportivas, como zumba o baile entretenido, beneficiando especialmente a la población adulta mayor.
Respecto al recurso de protección citado en el decreto, se menciona que la Corte de Apelaciones acogió la acción solo en cuanto a abstenerse de emitir ruidos que excedieran los máximos permitidos, rechazándola en lo demás. Tras ese caso, se prohibió el uso de música fuerte para la práctica deportiva, sin que se registraran nuevos reclamos.
El reclamo señala que la comunidad del sector se ha visto privada de un espacio de encuentro y actividad física, mientras el inmueble permanece prácticamente inactivo, y que la decisión fue adoptada unilateralmente por el alcalde, desconociendo las inversiones realizadas durante años por la asociación comunitaria recurrente.
En definitiva, se solicita a la Corte de Apelaciones de San Miguel declarar la ilegalidad del decreto alcaldicio y del ordinario impugnados, anulándolos en todas sus partes, además de reconocer el derecho a ser indemnizada por los perjuicios causados mediante las acciones ordinarias pertinentes, con expresa condenación en costas.
Rol N° 3419-2026, Corte de Apelaciones de San Miguel.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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